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En estos días se abre para Uruguay la oportunidad de
discutir con calma cuál debería ser su estrategia
minera. Un ingrediente ineludible en esa reflexión
es aprender de los errores y éxitos de otros países
que se dedican a la minería.
A nuestra disposición
están los vecinos tradicionalmente mineros, como
Chile, Perú y Bolivia, a los que
se han sumado, por ejemplo, Argentina y
Colombia. Sin olvidar que Brasil es ahora
un gigante minero, con una producción acumulada que
supera a esos otros.
Las comparaciones deben
ser rigurosas,
ya que lo que más interesa no es la clásica
explotación subterránea, sino la llamada gran
minería a cielo abierto, basada en enormes canteras.
Dimensión Ambiental
Comencemos por indicar que
en casi todos los casos, la fase inicial de las
inversiones mineras es recibida con voracidad por
los gobiernos centrales y locales. Pero a los pocos
años se hacen evidentes los impactos sociales y
ambientales.
Por un lado se encuentran
efectos directos. La megaminería a cielo abierto
desemboca en una transformación radical de los
ecosistemas originales, de gran extensión y larga
permanencia.
Es una remoción total del
suelo, con todo su perfil orgánico, y la flora y
fauna que allí se sostiene, junto con su subsuelo y
el basamento rocoso. Por esto, la mejor analogía es
entenderla como una "amputación ecológica".
Un claro ejemplo son las enormes canteras de hierro
de Carajás, en el nordeste de Brasil, donde todos
los ambientes originales desaparecieron.
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Toda esta problemática desemboca en que
varios países estén comenzando a subir
el umbral del deterioro que están
dispuestos a aceptar a cambio de los
beneficios económicos de exportar
minerales. |
Hay otros impactos
directos, que van desde la acumulación de descartes
de rocas, que ocupan superficies aún más grandes que
las propias canteras, a los llamados embalses de
"relave" para acumular las aguas contaminadas (un
problema crónico en Perú, Bolivia y
Chile).
Es fundamental no olvidar los impactos generados
después del cese de la producción en las canteras, y
entre ellos el más temible es el drenaje ácido que
compromete al agua.
Paralelamente, están las
consecuencias que podrían llamarse indirectas,
originadas en las obras asociadas como los
mineraloductos (por ejemplo, en Argentina el
que posee la minera Alumbrera, ha sufrido
roturas y derrames que devienen en contaminación), o
la construcción de puertos (afectando ambientes
costeros).
No faltará quien sostenga
que estos impactos son propios de países mucho más
pobres que Uruguay, con inadecuada
institucionalidad y malos controles ambientales, y
que eso no sucederá aquí.
Pero en Estados Unidos o Canadá también hay serios
problemas ambientales, que no siempre se resuelven
satisfactoriamente y, por lo tanto, terminan en
duros conflictos ciudadanos.
Toda esta problemática
desemboca en que varios países estén comenzando a
subir el umbral del deterioro que están dispuestos a
aceptar a cambio de los beneficios económicos de
exportar minerales. La novedad es que algunos
entienden que esos impactos pasan a ser intolerables
y deciden prohibir la minería a gran escala a cielo
abierto (por ejemplo, Costa Rica acaba de
hacerlo).
Es más común que sean las
autoridades subnacionales las que están imponiendo
moratorias a la minería, como sucede con varios
departamentos en Perú y provincias en
Argentina. En esos casos el factor clave es que,
después de la bonanza de la inversión inicial, son
los gobernadores, alcaldes o intendentes los que
terminan sufriendo los impactos y el descontento
social y, por ello, optan por rechazar nuevos
emprendimientos.
Economía
Ecológica
Paralelamente, se debaten
los aspectos económicos, los que también tienen una
cara ambiental. En Uruguay parece estar
dándose la curiosa confusión donde se trata el pago
por la apropiación del mineral (canon o regalía),
como si fuera un impuesto más. Esa es una posición
equivocada.
El canon minero responde a
otra perspectiva conceptual, ya que es un pago que
recibe una nación por un desprendimiento neto de un
tipo de patrimonio que no es recuperable. Además, el
enfoque de la economía convencional que acepta la
sustitución entre distintos tipos de capitales no se
puede aplicar aquí, ya que el dinero recibido no
puede ser transformado en capital natural.
Recordemos que es una "amputación ecológica" donde
los recursos naturales perdidos no se regeneran o
resucitan.
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Los bajos costos de operación también se
deben a que muchas veces no absorben los
costos económicos de los impactos
sociales y ambientales, al
externalizarlos hacia la sociedad. Los
problemas de la contaminación los deben
pagar, por ejemplo, los gobiernos
centrales o los municipios; algunos de
esos costos, como los de combatir la
acidificación del agua, son elevados.
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Actualmente, se apunta a
aplicar tres tipos de instrumentos económicos sobre
la megaminería.
Además del canon, se
encuentran los impuestos convencionales de la
actividad empresarial, a los que se les suman los
llamados impuestos a las ganancias extraordinarias.
Estos últimos se imponen cuando se disparan los
precios internacionales, y tienen finalidades como
estabilizar la producción o aumentar la
coparticipación en las ganancias en momentos de
bonanza.
Tengamos presente que el
margen de rentabilidad promedio global para las
industrias fue de 11,2 por ciento (2008/09), pero
los sectores extractivos treparon a un 37,1 por
ciento.
Esto se debe a que las mineras tienen bajos costos
de operación, recuperan la inversión rápidamente
(por ejemplo, de 2 a 3 años en Perú), y navegan
sobre los altos precios de las materias primas.
Esos bajos costos de
operación también se deben a que muchas veces no
absorben los costos económicos de los impactos
sociales y ambientales, al externalizarlos hacia la
sociedad. Los problemas de la contaminación los
deben pagar, por ejemplo, los gobiernos centrales o
los municipios; algunos de esos costos, como los de
combatir la acidificación del agua, son elevados.
Lo mismo sucede con las minas abandonadas por años.
Por ejemplo, en Perú ya se contabilizan más de 5 mil
minas fuera de operación, donde casi el 85 por
ciento ya no cuentan con propietarios conocidos, y
su costo de remediación ambiental puede ser estimado
en casi 200 millones de dólares.
Extractivismos
El debate actual sobre el
extractivismo no apunta a prohibir cualquier tipo de
minería. Su objetivo es llevar adelante aquellos
proyectos realmente necesarios, y aceptar únicamente
los que cumplan con adecuadas exigencias sociales y
ambientales. Por este tipo de razones, es útil
distinguir tres tipos de emprendimientos:
El llamado extractivismo depredador, posee impactos
ambientales inaceptables, se externalizan los costos
sociales y ambientales, las condiciones laborales
son malas, y se expresa en una típica economía de
enclave proveedora de materias primas, que no genera
encadenamientos en las economías nacionales.
El llamado
extractivismo sensato tiene una escala menor,
está bajo un control ambiental y social más
efectivo, internaliza los costos sociales y
ambientales dentro de la empresa que los genera, el
canon es alto y se aplican impuestos sobre
ganancias.
Finalmente, un paso más
adelante está el extractivismo indispensable,
que cumple todas las condiciones del anterior pero,
además, está directamente articulado con las
economías nacionales, y orientado a un genuino
desarrollo.
Uruguay, por lo tanto, deberá escoger si se seguirá
la senda de un extractivismo depredador o uno
sensato.
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