Unos tres mil comuneros de las provincias peruanas de Huancabamba, Ayabaca y San Ignacio, en el norte del país, llegaron hasta el campamento de la empresa estadounidense Majaz, a 3.000 metros de altura, y se produjeron violentos choques con el saldo de un comunero muerto, 14 policías y cuatro comuneros heridos, más de 30 detenidos y un número indeterminado de desaparecidos.

A mediados de abril, la coordinadora de rondas campesinas de Huancabamba había anunciado la realización de una marcha masiva hacia el campamento de Majaz para pedir que se retire. Paralelamente, desde San Ignacio, otros millares de ronderos se dirigieron hacia el helipuerto, que carece de licencia municipal para operar. Majaz solicitó la intervención policial para proteger sus instalaciones.

Los ronderos dejaron claro que la marcha surgió de resoluciones de asambleas comunales públicas, porque estaban cansados de que no se les escuche, por eso empezaron a organizarse. Los propios organismos de base como las Rondas Campesinas dijeron basta de usurpaciones en las mesas técnicas, donde no hay ningún representante legitimado por sus comunidades.

Luego de tres días detenidos en Huancabamba, los campesinos revelaron a una radio local las torturas a que fueron sometidos por las fuerzas policiales e informaron que se les acusa de invadir terrenos particulares, cuando es la empresa Majaz la que se ha posesionado de su territorio, lo ha cercado y no deja transitar libremente al ganado y a los verdaderos dueños de esas tierras.

El proyecto y los impactos

La empresa minera estadounidense Majaz S.A., subsidiaria de la inglesa Monterrico Metals, está realizando trabajos de exploración en plena línea de frontera con el Ecuador, comprendiendo 6.400 hectáreas del Cerro Chinguelas, entre las provincias de Ayavaca y Huancabamba. El Proyecto Minero Río Blanco se propone extraer, con una inversión de 800 millones de dólares, una riqueza potencial de 1.300 millones de toneladas de cobre existentes en ocho concesiones mineras ubicadas en El Carmen de la Frontera y Ayabaca.

Las concesiones mineras se encuentran en la región ecológica denominada páramo, donde hay muchas lagunas, una gran variedad de plantas y animales en peligro de extinción, así como gran variedad de plantas medicinales útiles para la medicina científica y tradicional que, de acuerdo al Convenio Mundial sobre Diversidad Biológica, el Estado peruano tiene la obligación de proteger.

El biólogo Paúl Viñas, de la asociación ecologista Pro-Aves, señaló que la minería es una amenaza para los bosques montanos porque implica su erradicación y la salida forzosa de cientos de especies que allí viven. Además, como estos bosques retienen humedad, se pone en riesgo la formación de acuíferos con los que se alimentan los ríos que bajan hacia la zona de la costa.

En las cumbres altoandinas de Ayavaca y Huancabamba, donde pretende operar la empresa, nacen las aguas de los ríos Quiroz, que abastece hasta el valle de Chira en Piura, y Río Blanco, que da origen al río Canchis y Chinchipe en la Provincia de San Ignacio, afluentes del gran Marañón y del Amazonas.

El camino de la confrontación

La paciencia de los campesinos se desbordó en los últimos meses a raíz de una sorpresiva mortandad de peces en sus ríos y lagunas, debido a las pruebas de perforación profundas realizada por la minera, con el uso de fuertes sustancias erosivas, que fueron captadas por la napa acuífera que alimenta a los ríos de la zona y produjeron así la contaminación denunciada.

La empresa se niega a reconocer que la actividad minera en diversos puntos del Cerro Negro, de la Cordillera de Chinguelas, entre 2.000 y 3.000 metros de altura, tiene un impacto directo sobre las cuencas de los ríos Chinchipe, Canchis y Huancabamba, que abastecen a la agricultura, ganadería y a la población de las provincias de Huancabamba, Ayabaca y San Ignacio.

En cambio, la empresa y el gobierno dicen que detrás de la protesta se encontrarían narcotraficantes interesados en plantíos de amapola que se encontrarían en bosques adyacentes a las concesiones de la minera, así como organizaciones ambientalistas a las que acusó de querer mantener la pobreza en la zona.

"Esos son pretextos creados para proteger a las inversiones mineras que están asentadas en toda esta zona. Quieren militarizar la zona y convertirla en tierra de nadie, porque para ellos la vida de los campesinos no vale nada", declaró el alcalde de la provincia de San Ignacio, Carlos Martínez.

A su vez, el obispo de Chulucanas, Daniel Turley, también refutó las alegaciones de la empresa diciendo que se trata de "campesinos, con el corazón en la mano, personas que comparten, generosas, buenas y sacrificadas, preocupadas por la naturaleza, el medio ambiente y por su vida".

La historia vuelve a repetirse

En medio del conflicto, los obispos católicos de Piura, Chulucanas y Jaén ya habían hecho un pronunciamiento conjunto solicitando al gobierno nacional que se dejen sin efecto las concesiones mineras en sus tres jurisdicciones.

Los obispos aludieron al caso de Costa Rica, cuyo gobierno prohibió hace tres años toda explotación minera de tajo abierto en su territorio, por la imposibilidad de limitar los daños ambientales producidos por dicha actividad, que amenazaban con dañar al ecosistema de ese país, una importante fuente de divisas

El Ministro de Energía y Minas sostiene que si el Perú desea ser un país minero, debe asumir las consecuencias. En Huancabamba, Jaén y San Ignacio, la Iglesia católica, los alcaldes, las rondas y las demás autoridades han dicho, en todos los tonos, que no desean empresas mineras en su territorio.

Parece repetirse la historia de Tambogrande, también en el norte del Perú, en donde la población local debió recurrir a una prolongada movilización, inclusive en el plano internacional, para lograr que este mismo Ministerio de Energía y Minas cancelara la concesión de la canadiense Manhattan, cuyo proyecto de mina de tajo abierto amenazaba a uno de los valles más productivos del país.

Víctor L. Bacchetta

© Rel-UITA

10 de agosto de 2005