|
Nube tóxica sobre la Unión Europea |
Lo inquietante es la negativa de los dirigentes de la UE a tomar nota de
lo que pasa. Hay que escuchar a las voces de quienes se inclinaron por
repudiar el tratado por entender que apenas permitía encarar el 'déficit
democrático', ratificaba la quiebra de los Estados del bienestar, alentaba
la competitividad y perfilaba una política exterior profundamente
insolidaria.
El destino del tratado constitucional de la Unión Europea preocupa poco al
ciudadano común. El resultado de los referendos galo y neerlandés ha abocado
en la silenciosa y poco edificante cancelación de las consultas que, se
intuía, podían conducir a nuevos rechazos.
Tres grandes respuestas han cobrado cuerpo ante este escenario. La primera
afirma que aquí no ha pasado nada y que debemos actuar como si no se
hubiesen celebrado las consultas en Francia y Holanda. En el trasunto de
esta percepción, traducida en una defensa casi militar del tratado, está la
presunción de que, aunque no se expliquen de forma convincente, los
dirigentes de la Unión nunca se equivocan. Debo confesar que cuando, un par
de años atrás, me preguntaban si existía un plan B para preservar el texto,
solía responder que naturalmente que sí. El terreno para que el plan B
germine se ha ido labrando de la mano de un puñado de declaraciones que
reflejan la falta de inteligencia de sus emisores. Ahí están, por ejemplo,
esos cálculos que computan los 'noes' registrados en los pocos países que
han organizado referendos, y acopian, en cambio, la cifra bruta de los
habitantes de los Estados cuyos parlamentos han ratificado sin consulta
popular el tratado. Pero está también la sugerencia de que hay que aguardar
a los resultados de las próximas elecciones francesas y holandesas. ¿Por qué
no esperar también a conocer lo que votan los ciudadanos en los países que
han ratificado el tratado? Si se impone el “aquí no ha pasado nada” se
provocará una crisis aún más honda.
La segunda respuesta sostiene que hay que salvar, y sacar adelante,
determinadas partes del tratado constitucional y tirar por la borda otras.
Pero, ¿cómo debe actuarse? ¿Qué segmentos habrían de preservarse? ¿Existe un
amplio consenso al respecto? ¿Es material y jurídicamente posible desgajar
sin más, como algunos piden, la tercera parte del texto? Y, sobre todo,
¿quién ha de tomar las decisiones que hagan al caso? Una vez los ciudadanos
han podido expresarse, ¿cómo casaría con ello una fórmula que devolviese la
capacidad de decisión, en exclusiva, a las elites dirigentes? La imaginable
celebración de nuevos referendos en Francia y Holanda, ¿no generaría la
impresión de que se trata de colar, como sea, el tratado, y no levantaría,
en paralelo, problemas en los Estados que ya han ratificado éste?
La tercera respuesta demanda que todo empiece desde cero, procurando no
repetir los errores de la Convención y los desatinos de los dos últimos
años. Aunque en términos democráticos, y conforme a la legalidad, éste es el
único horizonte hacedero, no hay garantía de que el proceso llegue a buen
puerto.
Lo
realmente grave no es que las tres opciones descritas planteen problemas en
algunos casos insorteables. Lo inquietante es la negativa de la elite
dirigente de la UE a tomar nota de lo que pasa. ¿Por qué tantos se han
preguntado por las razones del 'no' francés, y tan pocos, en cambio, por la
normalidad del 'sí' español? Las razones del 'no' fueron variadas , pero hay
que escuchar a las voces de quienes se inclinaron por repudiar el tratado
por entender que apenas permitía encarar el 'déficit democrático',
ratificaba la quiebra de los Estados del bienestar, alentaba la
competitividad y perfilaba una política exterior profundamente insolidaria.
Éstos, y no las minucias que rodean a las desventuras de un aciago tratado
constitucional, son los problemas que acucian hoy a la Unión Europea.
Carlos
Taibo*
CCS España
3 de enero
de 2006
* Profesor de
Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid
Ilustración: Rel-UITA
Volver
a Portada
