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La triste evaluación de la ley de
pesca
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A casi cinco años de
promulgada la Ley de Pesca, sus resultados -ya se sabe- son del todo
insatisfactorios, tanto para la conservación de los recursos marinos como
para los pescadores artesanales. Como se advirtió en su momento, esta
normativa sólo ha favorecido a cinco grandes conglomerados económicos que
obtuvieron en conjunto el 80% de la captura, siendo el grupo Angelini uno de
los más beneficiados, así como uno de los grandes depredadores del mar
chileno.
Hoy por hoy, tanto el jurel
como la anchoveta están severamente sobreexplotados; de hecho, en el 2004 ya
se calculaba que habían disminuido su presencia en aguas chilenas en un 80%.
Tan precario es el estado de estos recursos pesqueros, como las condiciones
de vida que han debido enfrentar los pescados artesanales. Más de 60 mil
personas fueron fuertemente castigadas con la normativa establecida por las
autoridades políticas, que ratificaron la privatización de los recursos con
la Ley Corta de Pesca en el año 2002.
Esta notable
despreocupación por el impacto social y ambiental de la normativa es una
peligrosa tendencia de varios legisladores, que ahora deben discutir en el
Parlamento la Ley Larga de Pesca y otras materias relacionadas con la
protección y explotación de los recursos naturales que pertenecen a todos
los chilenos. Esto es importante puesto que, a partir de las Encuestas Casen
2000 y 2003, se observa que desde el año 2001, los indicadores de
indigencia, pobreza, años de escolaridad, alcantarillado, entre otros, han
tenido una fuerte regresión justamente en las comunidades donde se concentra
la mayor cantidad de pescadores artesanales. Por ejemplo, en comunas del
norte de Chile, la pobreza es considerablemente mayor al promedio nacional.
En Chañaral, este índice llega al 32,1% y la indigencia al 11,8%, mientras
que en La Higuera, Canela y Los Vilos la pobreza supera el 27%. Es decir,
más de un cuarto de su población vive con menos de 43 mil pesos al mes.
En el resto del país, la
situación no es para nada alentadora. En el centro, las comunas de Cartagena
y Quintero tienen niveles de pobreza del 29,5% y 29%, respectivamente. En
estas zonas, los ingresos autónomos por hogar no alcanzan los 200 mil pesos.
En el sur de Chile, se repite la precariedad en las comunas costeras, donde
San Juan de la Costa en la Décima Región representa el caso más extremo de
vulnerabilidad, con un 42% de pobreza.
Estas cifras demuestran que
la privatización de los mares, ratificada por la Ley Corta de Pesca, no ha
representado ningún avance significativo para las comunas donde los recursos
marinos son la principal fuente de ingreso. Los pescadores artesanales, tal
como la mayoría de los chilenos, están excluidos de las bondades de un
despiadado modelo de explotación de recursos naturales que beneficia
solamente a determinados grupos económicos, que consolidan así la grotesca
concentración de la riqueza y la penosa distribución del ingreso en Chile.
Marcel
Claude *
Convenio
La Insignia / Rel-UITA
28 de
septiembre del 2006
* Marcel Claude es economista y director
de
Oceana.
Foto: unitep.cl
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