Si bien la empresa Cerro Free Port (CFP) pretende construir
un puerto en Puntas de Sayago cuyas dimensiones
triplican las del puerto de Montevideo, ante la
Administración Nacional de Puertos (ANP) presentó el
proyecto como la ampliación del muelle allí existente.
A esta siguieron otras irregularidades, que junto con
los impactos ambientales, sociales y económicos
negativos que tendrá el emprendimiento, llevaron a
vecinos de la zona a iniciar un juicio para intentar
detener su construcción.
Según el ingeniero Luis Nunes, integrante de la Unidad de Infraestructura
de la Comisión Integrada del EP-FA-NM, la presentación
del proyecto como la simple ampliación del muelle,
cuando en realidad se trata de un megapuerto, está
consignada en la carátula del expediente ingresado a
la ANP. Para los vecinos del Cerro y Santa Catalina
esta fue la primera de una seguidilla de
irregularidades y violaciones a la normativa vigente
perpetradas por CFP, la intendencia de Montevideo y el
gobierno nacional. Desde 2002 venían efectuando
reclamos y peticiones a nivel administrativo que no
tuvieron éxito, razón por la cual en setiembre de 2004
iniciaron las acciones judiciales para intentar frenar
la instalación del puerto. Además de la empresa de
capitales de la Secta Moon, son demandados el
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente (MVOTMA), la Intendencia Municipal de
Montevideo (IMM), el Ministerio de Transporte y Obras
Públicas (MTOP), y la ANP.
Las audiencias de conciliación de la medida
inhibitoria, preventiva o anticipatoria de daño
ambiental presentada previa al inicio del juicio
propiamente dicho, culminaron sin acuerdo entre las
partes. El 16 de diciembre el Juez en lo civil de 6º
turno, Jorge Catenaccio, concluyó que no se demostró
que los demandados autorizaran algún tipo de actividad
que implique daño al ambiente o que alguna actividad
con esas consecuencias se esté realizando, por lo
tanto no hizo lugar a la medida cautelar de no innovar
que solicitaban los vecinos.
Los más de 800 demandantes lamentaron la decisión
judicial ya que “el enfoque de la demanda es
preventivo del daño que se pueda llegar a causar y se
tiende a evitar, y no reparatorio de un daño ya
causado. Y la medida cautelar es precisamente a los
efectos de prevenir dicho daño mientras dure el
procedimiento principal”. Anunciaron que en febrero
apelarán la decisión del magistrado, sin perjuicio de
dar inicio al juicio preventivo de daños al ambiente.
Violación de normas
El argumento de fondo de la demanda es que este emprendimiento, lejos de
implicar un desarrollo ambientalmente sostenible,
aparejará daños irreversibles en una de las zonas más
ricas desde el punto de vista paisajístico y ecológico
de Montevideo, lo cual acarreará impactos negativos a
nivel social y económico.
Es que
según consta en informes de técnicos universitarios
que acompañan la demanda, este puerto inutilizaría
varias de las playas -que en muchos casos son las
únicas a las que pueden acceder los vecinos-,
arrasaría con la pesca artesanal y la intensa
actividad productiva del lugar (se produce más del 60%
de las frutas y las verduras que se consume en el
departamento). Se estima que en estas dos últimas
actividades trabajan más de dos mil personas.
Pero
también hay objeciones de forma: según la abogada
patrocinante de los vecinos, Claudia Ojeda, la empresa
proponente del proyecto cuyas obras ya fueron
inauguradas ante la presencia del presidente Jorge
Batlle, actúa en forma ilegal puesto que viola una
disposición municipal con fuerza de ley como es el
Plan de Ordenamiento Territorial de Montevideo (POT)
-ya
que
los accesos terrestre y ferroviarios previstos
atravesarán la zona rural protegida de Montevideo no
habilitada para este tipo de obras-
y no
cuenta con las autorizaciones municipales requeridas.
Por
otra parte, según la defensora, el estudio de impacto
ambiental presentado por la empresa ante la Dirección
Nacional de Medio Ambiente -DINAMA- es incompleto, lo
cual no se ajusta a lo exigido en la normativa
aplicable. “A pesar de violar disposiciones y normas
legales, CFP obtuvo
permisos de la Administración de Ferrocarriles del
Estado (AFE), de la ANP y del MTOP, para la
construcción de las vías de acceso, y también la
autorización ambiental de la DINAMA”, sostuvo Ojeda.
De todas maneras, las autorizaciones que han recibido
hasta ahora no son definitivas. Faltan varios permisos
municipales, entre ellos, los de construcción.
Teniendo en cuenta que el director de la Unidad Central de Planificación
de la IMM, Alberto Ortega sostiene que a la
intendencia no le corresponde acelerar o frenar el
proyecto, la edila Graciela Garín (MPP) aseguró a la
prensa que “la administración municipal se muestra
omisa obviando sus obligaciones. De esa manera permite
que continúe adelante una iniciativa privatizadora,
violatoria de los derechos de los vecinos y de las
normativas municipales". Sin perjuicio de esa actitud
omisa, recientemente la IMM multó a CFP
por demoler
edificaciones en el predio del ex Frigorífico Nacional
(donde se proyecta la obra) sin contar con la
autorización correspondiente. Además, desde hace
varios meses la comuna le exige la presentación de un
estudio de impacto territorial, informe que según la
normativa vigente, debe presentarse antes de la
solicitud de los permisos de construcción.
Asimismo, antes de que el MVOTMA le otorgara la autorización ambiental a
CFP, la IMM presentó sus objeciones al proyecto ante
la DINAMA. Entre ellas se destacan la eventual
violación del POT y dudas respecto a impactos poco
claros como la influencia que tendrá sobre la
renovación del agua de la bahía -según Nunes tal como
está planteado no permitiría esa renovación, pudiendo
transformarse la bahía de Montevideo en “una cloaca”-
y la segura interferencia con el emisario subacuático
de Punta Lobos. A pesar de las objeciones y de no
ajustarse a derecho en cuanto a las habilitaciones
municipales, la obra sigue adelante.
Estudio ambiental inapropiado
En la
solicitud del estudio de impacto territorial, la IMM
le recuerda a CFP que los técnicos de la DINAMA
realizaron una serie de objeciones al estudio de
impacto ambiental presentado ante esa dirección, y que
expresaron la necesidad de profundizar y proponer
“medidas correctivas y de mitigación adecuadas”.
Pero
en sus consideraciones respecto al Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) mencionado, los profesionales de la
DINAMA fueron más lejos. Indican que su abordaje
técnico “no es apropiado”, que “hay partes del informe
que claramente son insatisfactorias”, especificando
que es insatisfactoria “la evaluación de los efectos
sobre la costa”.
" Las Playas Santa Catalina, Punta de Yeguas y del
Cerro presentarán una afectación que no ha sido bien
cuantificada por que la información de base utilizada
no resulta confiable", aunque
"la
calidad de las playas se verá seriamente afectada”.
Además, la evaluación técnica señala que “las medidas
de mitigación propuestas son en muchos casos
declaraciones de buenas intenciones”.
La
legislación nacional establece que si el MVOTMA
considera que el impacto ambiental negativo que
provocará un proyecto es superior a los mínimos
admisibles, deberá negar la autorización. Y aunque
según las contundentes consideraciones de los técnicos
de la DINAMA, éste parece ser uno de esos casos,
llamativamente, a sugerencia de esos propios técnicos,
el ministerio concedió la autorización ambiental a CFP
con 32 condiciones, muchas de las cuales implican
correcciones o ajustes de las omisiones y deficiencias
contenidas en el estudio presentado.
Uno de los argumentos que se esgrimen a favor de este tipo de polémicos
emprendimientos es la generación de empleo que
conllevan. El puerto “Moon” no fue la excepción. Gran
expectativa se suscitó entre los miles de desocupados
de esa zona cuando se prometió la creación de 2 mil
puestos de trabajo. Aunque la cifra bajó luego a
"varios centenares", CFP nunca presentó un informe
sobre la cantidad de trabajadores que emplearía. Pero
un estudio técnico solicitado por los vecinos concluyó
que un puerto moderno con una grúa necesita tan sólo
entre 30 y 40 trabajadores, y Ojeda sostiene que según
el contrato de concesión por 30 años, como mínimo 20
trabajadores provendrán de la ANP, lo cual significa
que los futuros operarios no van a ser vecinos de la
zona como exige la DINAMA a la empresa.
Además de todo lo expuesto, es oportuno preguntarse si este puerto
privado que será 3 veces más grande que el de
Montevideo, es necesario. Según el capitán de navío
Oscar Lebel, la respuesta es que no, ya que el puerto
de Montevideo está subutilizado: solamente se usa un
tercio de su capacidad. Pero además este puerto
traería perjuicios económicos al Estado porque
competiría con el de Montevideo.
Los
vecinos del Cerro y adyacencias solicitaron una
audiencia con el presidente electo Dr. Tabaré Vázquez
para manifestarle su oposición al proyecto con la
esperanza de que cuando asuma como presidente el 1º de
marzo revea los avales concedidos. La esperanza está
fundada en que
la comisión
de programa del Frente Amplio y la Mesa Política de
esta fuerza política que ganó las elecciones
nacionales, se oponen a su ejecución.
Virginia Matos
