Durante la presentación a la prensa en el Parlamento Europeo 
                    del informe "Lecciones a aprender. El otro informe Shell 
                    2004", representantes de ONG de Nigeria, Sudáfrica, Estados 
                    Unidos y las Antillas holandesas pidieron a la Unión Europea 
                    (UE) que interceda en este asunto y obligue a Shell a 
                    respetar sus compromisos.
                    
                    
                     
                    
                    
                    Según los representantes de estos grupos, la multinacional 
                    aplica un "doble discurso" ya que, aunque públicamente se 
                    vende como una empresa respetuosa con el medio ambiente y 
                    los derechos humanos, después vulnera esas obligaciones en 
                    los países con sistemas jurídicos débiles que facilitan esas 
                    infracciones.
                    
                    
                     
                    
                    
                    "El asesinato del poeta y activista de derechos humanos Ken 
                    Saro-Wiwa desató en 1995 la indignación internacional sobre 
                    la situación del Delta de Níger", indica el documento, que 
                    recuerda que Saro Wiwa dirigía una organización que pedía a 
                    Shell que asumiera sus responsabilidades en la devastación 
                    ambiental provocada por su filial en Nigeria.
                    
                    
                     
                    
                    
                    Aunque en 1996 Shell lanzó una campaña pública para reparar 
                    su negativa imagen, "diez años más tarde demuestra que no ha 
                    aprendido la lección" y sigue causando contaminación y daños 
                    a la salud en ese país, con la emisión de gases 
                    contaminantes 24 horas al día, denuncia el documento.
                    
                    
                     
                    
                    
                    Los eurodiputados Richard Howitt (del Grupo Socialista 
                    europeo) y Claude Turmes (Verde) coincidieron en que las 
                    prácticas denunciadas ponen de relieve que la 
                    responsabilidad social corporativa, destinada por ejemplo a 
                    asegurar que las empresas respetan el medio ambiente, "no 
                    debe ser voluntaria", sino obligatoria.
                    
                    
                     
                    
                    
                    "Deberíamos exigir" el cumplimiento de los estándares 
                    europeos a las empresas comunitarias también cuando operen 
                    en otros países, consideró Howitt.
                    
                    
                     
                    
                    
                    Por su parte, Turmes señaló que en la Comisión Europea no 
                    existe una posición única en este ámbito y que, mientras 
                    comisarios como el de Empresas e Industria, Gunter Verheugen, 
                    son partidarios de las normas voluntarias, otros como el de 
                    Empleo y Asuntos Sociales, Vladimir Spidla, se inclinan más 
                    hacia la obligatoriedad. 
                    
                    
                     
                    
                    EFE
                    
                    29 de 
                    junio de 2005