De acuerdo con 
		información divulgada por el diario El País, el presidente para América 
		Latina de Stora Enso, Nils Grafström, y altos ejecutivos de la firma 
		sueco-finlandesa estarán entre el 4 y el 5 de setiembre en Durazno y 
		Tacuarembó para informar sobre su proyecto de instalar una nueva planta 
		de celulosa.
		
		 
		
		Según dicho medio de 
		prensa, el Intendente de Durazno, Carmelo Vidalín habría dicho 
		que "los gobernantes de la región centro vemos con muy buenos ojos la 
		posibilidad de instalación de una industria de estas características, 
		que generaría riqueza y desarrollo sustentable, preservando el medio 
		ambiente, del cual nosotros queremos ser sumamente cuidadosos". 
		
		 
		
		Dichas declaraciones se 
		basan por supuesto en las afirmaciones que hace la propia Stora Enso 
		en cuanto a las bondades sociales, económicas y ambientales de su 
		proyecto. Sin embargo la experiencia de la fábrica de celulosa 
		Veracel -propiedad conjunta de Stora Enso y Aracruz y 
		operada por la primera- en el estado brasileño de Bahia demuestra 
		exactamente lo opuesto. 
		 
		
		En efecto, el Grupo 
		Guayubira acaba de recibir una carta firmada por un conjunto importante 
		de "hombres, mujeres y jóvenes, trabajadores rurales y urbanos, 
		indígenas, ambientalistas, científicos, profesores y estudiantes" de esa 
		región brasileña, en la que denuncian "la situación de degradación y 
		miseria en que se encuentra la región del Extremo Sur de Bahia, 
		promovida por la empresa de celulosa, Veracel, una joint venture 
		de Stora Enso".
		 
		
		Dicha situación es el 
		resultado de los impactos sociales y ambientales derivados tanto de los 
		grandes monocultivos de árboles que la empresa ha estado estableciendo 
		desde hace años en esa región para disponer de la necesaria materia 
		prima, como de la propia fábrica de celulosa que empezó a operar en el 
		año 2005 con una producción anual de 900.000 toneladas de celulosa para 
		exportación.
		 
		
		En esa carta se dice 
		que "a lo largo de los años, Veracel originó antecedentes de 
		degradación al medio ambiente, concentración de tierra, expulsión de 
		miles de trabajadores del campo para las periferias de las ciudades, 
		causando grandes trastornos sociales y ambientales".
		 
		
			
				
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					Hombres, mujeres y jóvenes, trabajadores rurales y 
					urbanos, indígenas, ambientalistas, científicos, profesores 
					y estudiantes" denuncian la situación de degradación y 
					miseria en que se encuentra la región del Extremo Sur de 
					Bahia, promovida por la empresa de celulosa, Veracel, una 
					joint venture de Stora Enso. | 
			
		 
		
		Con respecto al tema de 
		la generación de empleo, la carta afirma que "no satisfecha con la 
		cantidad de tierras adquiridas en el extremo sur de Bahia para la 
		plantación de eucaliptos, Veracel Celulose avanza ahora 
		para el sur del estado" y que "solamente en el municipio de Mascote, la 
		empresa adquirió diversas propiedades. Aproximadamente 400 trabajadores 
		perdieron sus puestos de trabajo. Gran parte de estos trabajadores se 
		trasladaron para las periferias de las ciudades vecinas".
		 
		
		Al igual que lo que 
		está aconteciendo en muchas partes de Uruguay, los firmantes de la carta 
		denuncian que "En una de las propiedades del Conjunto Santa Rita 
		(formada por 4 haciendas) adquiridas por Veracel... las casas, 
		corrales y plantaciones ya fueron destruidos para borrar los vestigios 
		de que un día hubo allí seres humanos que sobrevivían de la tierra".
		
		 
		
		También como ya está 
		ocurriendo en Uruguay, las plantaciones impactan sobre el agua, y en ese 
		sentido la carta dice que: "En toda la región, la plantación extensiva 
		de eucalipto promovió la desaparición de diversos ríos y cañadas".
		 
		
		Cuando Stora 
		Enso se instaló en Bahía, lo hizo en base a las mismas promesas de 
		empleo, desarrollo y riqueza que ahora está haciendo en Durazno y 
		Tacuarembó. Según el diario El País, "la información manejada hasta 
		ahora por Stora Enso" es que durante su fase operativa 
		generará "unos 3.000 puestos directos e indirectos". En Bahía dichas 
		promesas no solo no se cumplieron, sino que la empresa generó expulsión 
		rural, desempleo y miseria. ¿Hasta cuándo seguirán nuestros gobernantes 
		cambiando nuestro rico patrimonio por espejitos y cuentas de colores?
		 
		
		Grupo Guayubirá
		
		5 de setiembre de 2006