En Uruguay el Ministerio de Agricultura suspendió los trámites que la empresa española ENCE realiza ante la Dirección Forestal por haber talado sin autorización decenas de hectáreas de monte indígena. En Brasil la justicia condenó a la firma Veracel Celulosa y a organismos públicos por la tala de miles de hectáreas de selva atlántica.

 

En ambos casos la deforestación tuvo como objetivo la plantación de eucaliptos.

 

La compañía española, que está construyendo una megaplanta de celulosa en los alrededores de la localidad uruguaya de Conchillas, cercana al Río de la Plata, violó una disposición expresa de la ley forestal nacional, al no haber pedido autorización al Ministerio de Agricultura para proceder a la tala.

 

Funcionarios de la firma quemaron unas 80 hectáreas de terreno en el departamento de Paysandú, al norte del país, en el litoral del río Uruguay, luego talaron parte del monte nativo, compuesto en buena parte por árboles centenarios, y enterraron los restos para disimular su acción.

 

Organizaciones ambientalistas y ediles de la zona denunciaron estos actos meses atrás, y sostienen que la deforestación puede haber afectado en realidad a más de 300 hectáreas en ese departamento.

 

ENCE suele recurrir a esas prácticas, no sólo en Uruguay sino en la propia España. Los mismos grupos pidieron una “investigación profunda en las más de 180.000 hectáreas adquiridas” por la empresa en Uruguay, según plantea en un comunicado el Grupo Guayubira.

 

Lo sucedido en Brasil es inédito: por primera vez la Justicia Federal de la localidad bahiana de Eunápolis condenó a una empresa de celulosa y a dos organismos oficiales (el federal Instituto Brasileño de Medio Ambiente, IBAMA, y el estadual Centro de Recursos Ambientales, CRA) por la tala, a lo largo de años, de 96 mil hectáreas de selva atlántica en el estado de Bahía. 

 

Veracel, una joint venture entre la sueco-finlandesa Stora Enso y Aracruz Celulose, deberá replantar con vegetación autóctona las superficies que inundó de eucaliptos, y además pagar una multa de 20 millones de reales. El IBAMA y el CRA fueron condenados por haber concedido, de manera irregular, las autorizaciones para la tala de esta vasta superficie de “Mata Atlántica”.

 

“Además de la destrucción total de la fauna y la flora, la acción de Veracel tuvo muy graves impactos socioeconómicos: la población fue expulsada de las áreas rurales con falsas promesas de que se crearían miles de puestos de trabajo”, dijo el padre José Koopmans, integrante del Foro Socioambiental del Extremo Sur.

 

“En los municipios en que se instaló el monocultivo del eucalipto hoy estamos asistiendo a un crecimiento exponencial de la violencia y del desempleo, al tiempo que hay un descaecimiento de las estructuras básicas de salud y educación”, dijo el sacerdote a la publicación electrónica Brasil de Fato.

 

El Foro, integrado por diversas organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, investigadores y estudiantes universitarios, llamó la atención por las “sorprendentes facilidades” con que contó Veracel Celulose, y cuentan otras empresas del rubro, para actuar de la manera en que lo hizo durante años y años.

 

“Estas compañías son apadrinadas por el Estado, que continúa autorizando plantaciones de eucaliptos aún si admite que no disponen de mecanismos para acompañar y fiscalizar un proyecto de este porte, y aún sabiendo que Veracel no cumple con la mayoría de las disposiciones legales”, dijo Ivonete Gonçalves, coordinadora del Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo del Extremo Sur.

 

Según Brasil de Fato, Veracel aportó más de 100 mil reales a la campaña proselitista del actual gobernador de Bahía Jacques Wagner.

 

Las denuncias contra la compañía datan del momento mismo en que se instaló en Brasil, en 1991, cuando se llamaba Veracruz Forestal y era una filial del Grupo Odebrecht. Desde entonces no han parado, y es de prever que crezcan visto que planea construir una nueva planta de celulosa que requerirá de la plantación de otras 70 mil hectáreas de eucaliptos.

 

No sólo con cuestiones medioambientales tienen que ver esas denuncias, sino también con la violación de los derechos de los trabajadores de la empresa. En su -por el momento- única usina bahiana trabajan unas 400 personas, pero Veracel controla a más de 180 empresas tercerizadas. La firma debe afrontar actualmente 800 denuncias laborales.

 

El Foro Socioambiental responsabiliza también a Veracel del desplazamiento de centenares de personas, que debieron abandonar sus casas, y del despoblamiento de las zonas en que adquiere tierras. Subraya asimismo que ha destruido más empleos que los que ha creado, y que ha creado muchísimos menos que los que prometió.

 

En total, la compañía posee en el extremo sur de Bahía más de 205 mil hectáreas. Su fábrica de pasta de celulosa produce alrededor de un millón de toneladas, algo menos que lo que proyecta producir en Uruguay la española ENCE.