"Con la administración eficiente por parte del gobierno, al erario público no le habrá costado un sólo peso la expropiación ni la operación de los ingenios", afirmó la Secretaría de Agricultura en un comunicado.

El gobierno debió invertir 3.360 millones de pesos (297 millones de dólares) en la expropiación, reparación y operación de 27 ingenios de los 60 que hay en el país.

El Ministerio destacó que la expropiación y la administración de las compañías por parte del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA) hicieron que el sector fuera hoy viable financieramente, garantizara un buen abasto de azúcar y certeza en el pago a los productores.

Además, enfatizó que la expropiación no constituyó "un rescate azucarero" ni "pagar por cuenta del gobierno las deudas de los ex propietarios".

Las deudas ascienden a unos 25.000 millones de pesos (2.212 millones de dólares) y "son con cargo a los ex dueños, no al Gobierno", precisó el boletín.

La Secretaría de Agricultura aclaró que aquellos ingenios que queden finalmente en manos del gobierno por fallo judicial "seguirán el proceso de indemnización previsto en la ley y los adeudos serán descontados" de ella.

Por su parte, los ingenios que la justicia ordene devolver, serán regresados "con todos sus adeudos para que ellos (los ex dueños) sean quienes los paguen", indicó.

El comunicado precisó que desde 2003 no se han empleado recursos fiscales para la operación de esta industria.

El 13 de marzo pasado el gobierno concluyó la devolución de cuatro ingenios que había expropiado en 2001 al Grupo Azucarero México (GAM), el segundo productor de azúcar del país, tras un fallo judicial que le ordenó hacerlo.

El Gobierno decidió expropiar los ingenios en septiembre de 2001 "por motivos de utilidad pública", debido a que éstos se encontraban en quiebra y tenían fuertes deudas con los productores de caña.

Pero las empresas afectadas acudieron entonces a los tribunales para impugnar el decreto.

EFE

30 de noviembre de 2004