La idea consiste en gravar a los exportadores de la
oleaginosa con 15 por ciento por cada tonelada vendida en el
mercado internacional, en base a los precios ofertados en la
bolsa de Chicago. Este impuesto está contemplado en el
proyecto de Ley de Adecuación Fiscal, a estudio actualmente
del parlamento.
El debate acerca de este impuesto se enmarca en otro más
general entre aquellos que alientan la producción agrícola
empresarial y agroexportadora y quienes propugnan el
desarrollo de una agricultura sostenible que reduzca al
mínimo el impacto ambiental.
Entre los primeros están alineados los sojeros, quienes, como
es de esperar, se niegan a aportar un impuesto en base a
cantidad ofertada, más aun si se tiene en cuenta que
exportan alrededor de 3 millones de toneladas anuales, lo
que representaría para ellos un gran egreso de recursos que
irían a parar al fisco.
Entre los segundos, figuran expertos en temas económicos y
sociales para los cuales la aplicación de este impuesto
supone un mecanismo de compensación por los muchos
beneficios y privilegios de que gozan los productores
sojeros en detrimento de otros sectores que no tienen acceso
a las mismas prerrogativas.
Para Gonzalo Deiró, los sojeros deben tributar por la
exportación de la oleaginosa, una producción que está
ocasionando graves daños al medio ambiente y a la sociedad
toda. Sin embargo, se mostró escéptico con que se pueda
adoptar un impuesto que tome en cuenta los niveles reales de
las ventas de ese sector.
En Paraguay se cree falsamente, porque así lo han sostenido
tanto el gobierno como los propios sojeros, que la soja es
una de las actividades más dinámicas de la economía
nacional, al inyectar ingentes cantidades de divisas, señala
Deiró. La mayor parte del dinero obtenido con la venta de la
soja es derivada a Brasil, donde los productores denominados
“brasiguayos” invierten sus ganancias, indicó el
especialista. El gobierno paraguayo, a su vez, cobra
irrisorios impuestos al sector sojero, de 1,3 por ciento
anual sobre un precio preestablecido del producto que no es
precisamente el que se cotiza en los mercados
internacionales. Ello se explica, agregó, porque los sojeros
han sido sostén económico de los poderes políticos que se
sucedieron en el país desde la dictadura de Alfredo
Stroessner. “La cuestión no es estar en contra de los
sojeros, sino buscar un criterio de equidad y justicia
tributaria. Además, la soja es una actividad muy degradante.
Tienen que pagar por lo que destruyen”, por el uso de la
tierra, la deforestación de los bosques y la degradación del
medio ambiente a causa del uso irracional de agroquímicos,
subrayó.
Por otra parte, la soja se exporta en estado natural, sin
valor agregado alguno. Si la soja no puede ser procesada en
territorio paraguayo, lo justo es que aporte en tributos
para compensar las oportunidades que el sistema económico
nacional pierde al no recibir ninguna compensación por la
venta de la materia prima a otros países, opinó. Deijó tomó
como ejemplo el caso de Argentina, donde se realiza un
cálculo entre la cantidad de soja producida y la exportada,
lo que permite establecer los tributos a pagar, que
actualmente ascienden al 23,4 por ciento. Con ellos el
Estado compensa la pérdida económica que tiene por no
industrializar la soja dentro de su territorio.
Si en Paraguay se tomara una medida similar “se evitaría que
los sojeros sean los únicos beneficiados con las ganancias
por las ventas del producto al extranjero y que parte de
esas divisas vayan a parar al sistema económico de Brasil y
no al nuestro”. Hay que considerar igualmente que con la
soja exportada también se están enviando al extranjero los
nutrientes de los suelos paraguayos, sostuvo Deiró.
Poder
político y económico
Si los productores llegaran a tributar en base a sus
exportaciones anuales, ya no debería aplicárseles el sistema
actual de gravámenes, que se estipula en base a un monto
consensuado entre los sojeros y el gobierno, para adecuarse
a los precios del producto fijado en los mercados de Chicago
o Nueva York.
Cuando se planteó la Ley de Adecuación Fiscal, el gobierno
propuso a los productores aportar el 4 por ciento en
impuestos, en un momento en que el precio de la soja en el
mercado internacional no superaba los 80 dólares por
tonelada, pero ellos se negaron terminantemente, afirmó
Deiró. “El poder político y económico que ostentan los
sojeros les permite determinar este tipo de cosas. Y no creo
que lleguen a pagar ningún tipo de tributo, porque siguen
utilizando ese poder, sin contar con que también tienen
mucha influencia en los sectores políticos y, sobre todo,
dentro del gobernante Partido Colorado”.
Preservar el suelo
Un aspecto realmente preocupante se refiere al estado de
inutilidad en que quedarán los suelos luego de que acabe el
“boom” de la soja. Deiró indicó que los suelos que ahora son
utilizados para el cultivo quedarán abandonados y dañados
por el tipo de siembra utilizado para la soja y por la
aplicación indiscriminada de potentes agrotóxicos para el
combate de las plagas que atacan a la oleaginosa.
“Nadie cuestiona este tipo de abusos cometidos por los
sojeros. En primer lugar, a nadie le interesa el medio
ambiente en este país. Aún pensamos que hablar de la
preservación ecológica es hablar de ranas, sapos y algunos
arbolitos que dejaron de crecer. Sin embargo, preservar la
fertilidad de la tierra es vital para asegurar nuestro
régimen alimentario en el futuro”. Alegó que el cuidado del
suelo es fundamental para mantener la producción agrícola,
aunque las autoridades no están realizando los esfuerzos
necesarios para obligar a los sojeros a cumplir con los
estudios previos de impacto ambiental, un requisito
obligatorio para todos los productores agrícolas contemplado
en la ley 294 de 1996. “El Estado debe contar con los
recursos necesarios para recuperar el medio ambiente. Pero,
¿de dónde los sacará más que de los propios sojeros, que ya
están desgastando ese suelo?”.
La soja
y su impacto social
Cerca del 50 por ciento de la población paraguaya se ubica
por debajo de la línea de pobreza, mientras que el 30 por
ciento raya la indigencia. El 60 por ciento de los pobres
viven en las zonas rurales. “¿Cómo salimos de esto? Nunca,
si el gobierno no fija algún tipo de tributo al
aprovechamiento sin límites de nuestros recursos naturales y
no impide que un solo sector alcance beneficios económicos
exagerados”, opinó Deiró.
El economista se preguntó cuántas escuelas o centros de salud
se dejaron de construir en los terrenos que hoy son ocupados
por los cultivos de soja; cuántos árboles se talaron y
cuántas familias, abrumadas por la pobreza, se vieron
obligadas a aumentar los bolsones de pobreza localizados en
los alrededores de Asunción. “¿Qué compromiso social tenemos
con toda esa gente que anda en la calle mendigando?”.
Deiró señaló que parte de la pobreza, de la exclusión social,
de la miseria, del desempleo, de la caída del PBI industrial
en más de 5 por ciento en menos de 10 años, es consecuencia
del boom sojero. ¿De qué le sirve a Paraguay ser el tercer
país productor y el cuarto exportador de soja en el mundo si
no obtendrá beneficios económicos que puedan ser destinados
a paliar sus acuciantes problemas sociales? ¿Este es un país
empobrecido por apostar al monocultivo?, se interrogó.
Los poderes reales en Paraguay están actualmente bajo el
dominio del sector comercial y eso se refleja en quiénes
presiden las instituciones de mayor peso del Estado, dijo
Deijó. Como ejemplo nombró al actual presidente del Congreso
Nacional, Miguel Carrizosa, senador por el partido Patria
Querida y ex presidente del Centro de Importadores del
Paraguay, a otro poderoso empresario, Guillermo Caballero
Vargas, quien hizo su ensayo por quedarse con el poder en
1993, y a Pedro Fadul, alto exponente del sector financiero,
quien también intentó acceder a la presidencia en las
elecciones pasadas y resultó un fuerte oponente para el
electo Nicanor Duarte “El Partido Colorado sirve como
instrumento a estos grupos empresariales para conseguir sus
fines, por la experiencia acarreada durante 60 años en el
manejo de las instituciones del Estado”, sostuvo Deijó.
Monsanto
a la ofensiva
Los datos estadísticos según los cuales Paraguay es el tercer
país exportador y el cuatro productor de soja en el mundo
llegaron a los oídos de la transnacional Monsanto, cuyos
principales directivos en la Argentina arribaron al país con
el solo fin de comprobar qué cantidad de semilla transgénica
se está utilizando en los cultivos de la oleaginosa. Deiró
comentó que los empresarios se encontraron con la grata
sorpresa de que el 85 por ciento de las semillas plantadas
pertenecían a la Monsanto. Sus representantes se reunieron
con los sojeros, a quienes les obligaron a pagar 20 dólares
por cada tonelada exportada por concepto de derechos
intelectuales, un monto que, según el economista, sobrepasa
en gran medida el 4 por ciento de impuestos que los sojeros
ahora se niegan a pagar al Estado paraguayo. Pero los
productores no se atrevieron a protestar por la imposición
de la Monsanto, porque no sólo podrían perder la provisión
de las semillas transgénicas sino también de fertilizantes y
agroquímicos utilizados para combatir las plagas de los
cultivos. “En caso que los sojeros no respeten los derechos
de propiedad intelectual de la Monsanto por las semillas y
los agrotóxicos, esta transnacional podría tomar represalias
contra el Estado paraguayo, al cual podría demandar por el
incumplimiento de los productores. Esta exigencia ata de
pies y manos a los sojeros, quienes se ven obligados a
cumplir con los pagos para evitar males mayores que les
puedan perjudicar en la obtención de sus beneficios
económicos”.
Deiró señaló finalmente que si hubiera equidad, el pueblo
paraguayo también tendría derecho a exigir el pago por los
derechos intelectuales del suelo que los sojeros están
utilizando irracionalmente y de los bosques que talaron para
beneficiarse económicamente sin tributar nada a cambio.
En
Asunción, Rosalía Ciciolli
© Rel-UITA
18 de noviembre de 2004
