|
A
pesar de que las flores tienen preferencias arancelarias en
EEUU y los empresarios de ese sector son empecinados
defensores del TLC. El futuro de las empresas no está
asegurado y las condiciones laborales son extremadamente
precarias. Esta situación desnuda lo que hay detrás del TLC
con EEUU.
El 16 de
diciembre de 2006, 1500 mujeres trabajadoras, se enteraron
de que perderían sus empleos por causa de la “quiebra” de la
empresa en la que algunos y algunas habían trabajado durante
más de diez años. Ese día se anunció la liquidación de
Flores de La Sabana, una de las más antiguas y la más grande
de la Sabana de Bogotá, principal región productora de
flores.
La
liquidación de Flores de la Sabana, así como la de Flores
Mocarí, Acuarela, Floralex y siete empresas más a nivel
nacional, es reflejo de la crisis sin precedentes del sector
floricultor colombiano que ha generado la pérdida de 22.000
empleos en cuatro años, según Marcos Ossa Ramírez,
director del capítulo Antioquia de la Asociación Colombiana
de Exportadores de Flores, Asocolflores.
La reacción
de los empresarios ha sido pedir al gobierno políticas que
protejan al sector, y la respuesta ha sido la entrega de
todo tipo de ayudas como el incentivo de cobertura cambiaria
de 200 pesos por dólar en el 2005, los 10.000 millones de
pesos (5 millones de dólares) para contrarrestar las
pérdidas por bajas temperaturas, y ahora, otros 150.000
millones de pesos (7.5 millones de dólares) para flores,
follajes y banano, anunciados por el ministro de agricultura
Andrés Felipe Arias, “que buscan apoyar el adecuado
manejo sanitario de los cultivos y el mantenimiento del
empleo”.
Sin
embargo, los apoyos gubernamentales no se han traducido en
la conservación de puestos de trabajo ni en la mejora de las
condiciones laborales. Esto muestra los límites de insistir
en los monocultivos para la exportación como fórmula de
desarrollo y particularmente de generación de empleo. El
caso exitoso que se utiliza para defender las bondades del
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos,
parece estarse desmoronando por causas que van más allá de
la devaluación.
A pesar de
los logros de los empresarios colombianos en su empeño por
mantenerse como principal proveedor de flores en Estados
Unidos, existe una sobreoferta y baja de precios en los
mercados, evidenciando que la demanda actual de flores
cortadas está por debajo de lo que se produce en Colombia
y que el mercado está dando muestras de estar en su límite.
Por otra
parte, el crecimiento del sector que por años brindó
prosperidad a los dueños del negocio ha estado sostenido en
el deterioro progresivo de las condiciones laborales,
denunciadas como precarias desde los años 80. En más de 40
años de desarrollo de la floricultura no ha sido posible la
consolidación de una organización sindical fuerte, distinta
a las patronales. Esto ha impedido avances en la lucha por
transformar las realidades de bajos salarios, inestabilidad,
tratos indignos, jornadas extenuantes, sobrecarga laboral,
aumento de enfermedades profesionales y uso ilegal de
Cooperativas de Trabajo Asociado para desconocer la relación
laboral. Estas condiciones han sido más graves para las
mujeres, el 60% de la mano de obra del sector, para quienes
la floricultura ha sido una oportunidad de empleo pero que,
en condiciones precarias y unida a la carga de trabajo
doméstico no remunerado, representa más obstáculos que
oportunidades para la superación de la pobreza y la
discriminación.
Entretanto
los empresarios, representados por Asocolflores y con
respaldo del gobierno, continúan sus acciones de lobby
a favor del Tratado, atendiendo visitas de delegaciones
estadounidenses y sosteniendo reuniones en Washington,
convenciendo a los congresistas de lo necesario de un TLC
que incentive este tipo de productos. Recientemente, el
gobierno le otorgó 7.000 millones de pesos (3,5 millones de
dólares) al Fondo de promoción a las exportaciones de flores
para la realización de campañas publicitarias “tendientes a
consolidar a Colombia como el primer exportador
mundial de flores y promover el consumo nacional”.
Tal vez
esta insistencia revela la intención de exprimir un poco más
el negocio con base en seguir la vía de la precarización
laboral, a juzgar por los despidos sin justa causa a
trabajadoras y trabajadores de más de 10 años de antigüedad
incluso en empresas que no se han declarado en quiebra.
También por la postura de Augusto Solano,
presidente de Asocolflores, en la negociación del salario
mínimo del 2.008, donde solicitó tener en cuenta que la
devaluación había incrementado en un 30% los costos
laborales. Este incremento, como es evidente, no se ha
reflejado en el ingreso en pesos de las y los trabajadores.
También es
posible que los dueños del negocio estén pensando como
salida en otros “casos exitosos” en el marco del TLC
como aromáticas, champiñones, uchuvas, moras u hortalizas,
basados en el mismo modelo de producción y comercialización.
Las trabajadoras y los trabajadores, en cambio, no tienen
facilidades de ubicar su fuerza de trabajo en “sectores
exitosos” para sus derechos laborales, ni cuentan con
programas especiales del Gobierno que los protejan frente a
los riesgos que el comercio internacional tiene para los
monocultivos de agroexportación. Para ellas y ellos, y las
comunidades afectadas, esta terquedad sólo significará más
contaminación ambiental, trabajo esclavo y mayor pobreza.
No es
legítimo, a la luz de los derechos de la población
colombiana, que el Gobierno y el gremio empresarial insistan
en la ratificación de un TLC que genera dividendos
inestables y marginales, a costa de las comunidades, y en
contra de una apuesta de desarrollo sustentable para el
país.
Ecoportal
11 de
abril de 2008
|
