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Carlos Humberto 
Martínez tenía 24 años. Vivía en el asentamiento La Lempira y  pertenecía al 
Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA). Participó activamente en la 
lucha para que miles de familias campesinas del Valle del Aguán pudiesen tener 
acceso a la tierra y a una vida digna. Por defender este derecho, el 2 de 
octubre fue brutalmente asesinado por desconocidos, en medio de una creciente 
militarización y represión en la zona. 
  
  
“Salió de la comunidad para ir a saludar a su familia en Tocoa y nos dijo que al 
día siguiente iba a trabajar en una milpa, que es parte de la empresa campesina.
 
  
Como 
a las 5 de la mañana se escucharon varios disparos y dos horas después nos 
avisaron que había una persona muerta. Fuimos a ver y nos percatamos que era 
Carlos. Seguramente los asesinos esperaron que saliera de la milpa y le 
propinaron siete balazos”, relató a Sirel, Ricardo Morales, 
habitante de La Lempira y miembro del MUCA. 
  
Ese 
nuevo asesinato ocurre pocos días después del atentado perpetrado contra 
Germán Castro, presidente de la cooperativa Prieta de COAPALMA y 
miembro del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) de Tocoa. 
Durante el atentado perdió la vida su esposa, Enelda Fiallos, mientras 
que Castro fue herido de gravedad y se encuentra hospitalizado. 
  
Con 
estos graves hechos, que tiñeron nuevamente de sangre inocente el suelo del Bajo 
Aguán, suman 40 los campesinos organizados asesinados en menos de 2 años. 
  
Una vez más, queda al 
descubierto la hipocresía del régimen hondureño, que pretende solucionar el 
grave conflicto por la tierra que existe en la zona con más militarización y 
medidas paliativas. 
  
Por 
el contrario, no parece interesado en tomar en cuenta las problemáticas reales 
que viven miles de familias campesinas, es decir 
la falta de acceso a la tierra, el acaparamiento de territorios por parte de 
unos pocos terratenientes, y un modelo de producción y desarrollo agrícola que 
privilegia la depredación del territorio, generando inseguridad alimentaria y el 
desplazamiento campesino. 
  
“Aquí en La Lempira el 
hostigamiento es continuo. Estos terratenientes y productores palmeros no 
quieren que nosotros los campesinos vivamos dignamente. Lo quieren todo para 
ellos y nos dejan en la miseria. 
  
Carlos 
acompañó todo el proceso de lucha para la recuperación y la defensa de esta 
tierra. Pese a los acuerdos alcanzados con el gobierno y con 
Facussé
-continuó Morales- sabemos que esta violencia no va a parar.  
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Con estos 
graves hechos, que tiñeron nuevamente de sangre inocente el suelo 
del Bajo Aguán, suman 40 los campesinos organizados asesinados en 
menos de 2 años. |  
  
No es ni con la militarización, ni con la firma de débiles acuerdos que se va a 
resolver el conflicto, porque estos empresarios voraces quieren debilitar al 
movimiento campesino para después quebrarnos”, concluyó el miembro del MUCA. 
  
La trágica noticia de este brutal asesinato alertó a las más de 450 personas que 
estaban participando del “Encuentro sobre la militarización, represión y 
ocupación de Honduras”, las cuales se desplazaron de inmediato hacia La 
Lempira, para solidarizarse con la familia de la víctima y con la comunidad. 
  
“Estos asesinos, obedeciendo nefastas ordenes, dispararon y segaron la vida del 
compañero Carlos Martínez, creyendo que con eso iban a intimidar a ese 
pueblo, que ha tomado la decisión de construir una sociedad más justa y 
recuperar la tierra, porque pertenece a quien la trabaja. 
  
Carlos 
nunca nos va a dejar solos y solas, porque es de los que nunca mueren. Seguirá 
apoyando desde dónde esté a su familia, a sus compañeros y compañeras de lucha, 
en el proceso de refundación del país y la distribución justa de la tierra”, 
dijo en medio de una gran conmoción Salvador Zúniga, directivo del 
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), 
una de las organizaciones convocantes del evento. 
  
En su declaración 
final, los participantes del Encuentro se solidarizaron con las víctimas de la 
represión en el Bajo Aguán y condenaron “la brutalidad con que se violan 
sistemáticamente sus derechos humanos personales y colectivos”, así como los 
asesinatos de 
Enelda Fiallos 
y 
Carlos Humberto Martínez, 
“hechos sucedidos durante la inauguración y cierre de nuestro Encuentro contra 
la militarización”. 
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