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Comunicado de Prensa
Urgen medidas para enfrentar la “inseguridad crónica” que sufren
abogados, periodistas y defensores de derechos humanos en Honduras
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
Navi Pillay, dijo el miércoles que los recientes asesinatos
de dos abogados que trabajaban en casos de derechos humanos son
emblemáticos de “la inseguridad crónica” que enfrentan abogados,
periodistas y otros defensores de derechos humanos en el país, e hizo un
llamado al Gobierno a tomar medidas urgentes para combatir la impunidad
imperante que fomenta crímenes como éstos.
Antonio Trejo Cabrera,
un abogado que se había destacado por su trabajo en defensa de los
intereses de grupos campesinos en conflictos de tierra en la región del
Bajo Aguán de Honduras, fue muerto a tiros el sábado 22 de
septiembre. Meses antes de su asesinato, Trejo Cabrera había
denunciado que fue víctima de amenazas de muerte en repetidas ocasiones.
Dos días más tarde, Manuel Díaz Mazariegos, fiscal en la ciudad
de Choluteca, quien también había trabajado en casos de derechos
humanos, fue asesinado.
“Lamentablemente, estos abominables asesinatos no son casos aislados”,
destacó la Alta Comisionada. “Existe un clima amenazante de inseguridad
y violencia en Honduras, y los defensores de derechos humanos son
blanco de amenazas, intimidación, agresiones físicas y asesinatos. La
impunidad ante estas violaciones es inaceptable. Cuando los
responsables saben que es muy probable que se salgan con las suyas, no
hay nada que disuada de asesinar otros destacados defensores de derechos
humanos del país”.
Según el Colegio de Abogados de Honduras, 74 abogados han sido
asesinados en los últimos tres años, sin una respuesta adecuada por
parte de las autoridades. Asimismo, más de 60 personas han muerto en el
marco de conflictos de tierra en los últimos dos años. Honduras cuenta
con una de las tasas de homicidios más altas del mundo.
“Hago un firme llamado al Gobierno a no escatimar esfuerzos en sus
investigaciones de los asesinatos del Sr. Trejo Cabrera y del Sr.
Díaz Mazariegos, y a asegurarse que todo ataque o amenaza
a cualquier otro defensor de derechos humanos sean tomados en serio, y
debida y oportunamente investigados”, dijo.
“Es esencial que las personas que comenten estos crímenes sean llevados
a la justicia. No hacerlo simplemente contribuirá a exacerbar lo que ya
es una situación muy grave”.
“También hago un llamado al Gobierno de Honduras a adoptar
urgentemente medidas para hacer frente a la vulnerabilidad que sufren
los defensores de derechos humanos, tal como fue recomendado por la
Relatora Especial para Defensores de Derechos Humanos, quien visitó el
país en febrero de este año”, dijo Pillay, resaltando que el
Relator Especial sobre Libertad de Expresión había a su vez expresado su
preocupación ante los elevados niveles de violencia que enfrentan los
periodistas hondureños.
“Insto también al Gobierno a implementar los compromisos adquiridos
durante el Examen Periódico Universal de Honduras del Consejo de
Derechos Humanos en 2010, particularmente aquéllas orientadas a reforzar
las instituciones del Estado de Derecho y la efectividad de la
administración de justicia”, señaló.
Pillay
expresó asimismo que la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos se encontraba lista para apoyar al Gobierno en sus esfuerzos por
cumplir esos compromisos vitales para proveer de mejor protección a las
personas en Honduras.
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