El año 2001 la empresa Minera Majaz, subsidiaria de la empresa británica Monterrico Metals, obtuvo ocho concesiones mineras en la zona norte del Perú. Una de estas concesiones es el proyecto minero Río Blanco, de 6.472 has, que busca explotar un yacimiento de cobre y molibdeno. Las comunidades campesinas de la zona rechazan fuertemente el proyecto porque representa una grave amenaza para la agricultura y por ende para sus derechos humanos a la alimentación y al agua.

El proyecto tendría un impacto negativo en las actividades productivas agrícolas y pecuarias de las comunidades campesinas de la zona y de las poblaciones de las partes bajas, ya que las operaciones de la minera y otras concesiones mineras adyacentes que esperan el inicio del proyecto Río Blanco están ubicadas en las nacientes de cuenca de ríos importantes para la región. La degradación ambiental que produciría la explotación minera afectaría a miles de personas.

Como las comunidades afectadas no han sido consultadas apropiadamente, los trabajos exploratorios no cumplen con las exigencias previstas por la ley peruana.

Antecedentes

Hace cinco años, la empresa minera Majaz obtuvo del Estado Peruano los derechos de la concesión minera en la alta amazonía del Perú, de la Región Piura. Actualmente el proyecto Río Blanco se encuentra en fase de exploración. Una vez concluidos los trabajos de exploración, la explotación de cobre se realizaría mediante tajo abierto ubicado entre los 2.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar, en territorios que son propiedad de las comunidades campesinas de Yanta (provincia de Ayabaca) y Segunda y Cajas (provincia de Huancabamba).

Miles de campesinas y campesinos, representantes de las comunidades, alcaldes provinciales y distritales, así como organizaciones sociales y ambientalistas exigen que se revoque la certificación ambiental que se le otorgó a la empresa para iniciar la etapa de exploración del proyecto ya que los habitantes no fueron debidamente informados ni consultados sobre la actividad minera planeada. Esto implica una violación flagrante de la ley de Comunidades Campesinas y Nativas (Ley Nº 24656) y de la Ley de Tierras (Ley Nº 26505) y del Convenio Nº 169 de la OIT, suscrito por el Perú. Esta exigencia se ve apoyada con un informe de la Defensoría del Pueblo y la respuesta al mismo por el Ministerio de Energía y Minas, aceptando que la empresa minera no cuenta con el permiso de los propietarios para realizar sus actividades, es decir se encuentra realizando sus operaciones de manera ilegal en la zona. Pese a ello, el Estado peruano viene prestando seguridad a la empresa a través de las fuerzas especiales de la policía, cuya presencia permanente ocasiona constantes violaciones a los derechos humanos, como lo comprobó una Comisión presidida por la Diócesis de Chulucanas y conformada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, los Ministerios de Energía y Minas y del Interior y la Defensoría del Pueblo.

La población local opta por su propio modelo de desarrollo basado en la agricultura orgánica (café, banano, etc.), la actividad agropecuaria y la agro-exportación. Además, las actividades mineras se llevarán a cabo en una zona ecológicamente muy frágil (en los bosques de neblina, afectando al páramo) y muy cerca del Santuario Nacional Tabaconas Namballe. De esta forma la minería amenaza con desaparecer las especies únicas que quedan, tales como el tapir andino y el oso de anteojos.

La presencia de la empresa Minera Majaz ha generado un conflicto social muy intenso que se ha agudizado debido a los métodos cuestionables y al comportamiento irresponsable y agresivo de la empresa, como el amedrentamiento a dirigentes campesinos, periodistas, religiosos y autoridades, acusándoles incluso de terroristas y narcotraficantes. Desde el año 2003, las comunidades campesinas afectadas vienen padeciendo problemas de violencia, represión y violación de sus derechos ocasionados por la empresa. Además, en 2004 y 2005 las protestas masivas contra el proyecto cobraron la vida de dos líderes campesinos, Reemberto Herrera Racho y Melanio García González, y dejaron a varias personas heridas, algunas de gravedad. La empresa minera Majaz y el Ministerio del Interior no ha sumido hasta ahora su responsabilidad frente a estos hechos. Además a la fecha 140 dirigentes son procesados/as judicialmente debido a las protestas. En muchos casos, los dirigentes no tienen acceso a la defensa legal. Las fuerzas especiales de la Policía Nacional de Perú siguen acordonando las cercanías del campamento minero, afectando el derecho al libre tránsito de los comuneros dentro de sus territorios, su derecho a la propiedad, a su integridad física y a la tranquilidad y paz pública.

El 11 de septiembre del 2006, la empresa publicó un pronunciamiento pidiendo disculpas por los errores del pasado intentando así obtener la licencia social de las comunidades. No obstante, los actores locales opinan que la empresa tiene que suspender sus operaciones y retirarse de la zona, para luego solicitar la autorización de la población afectada, tal como la normatividad legal peruana lo establece.

Mandato de FIAN

Perú es Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en el cual esta consagrado el derecho humano a la alimentación. Además el Estado peruano ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El Estado del Perú tiene que respetar y proteger estos derechos, especialmente el derecho a la alimentación y al agua, el derecho de los pueblos indígenas de ser debidamente consultados y el derecho a la integridad física de las personas.

Acción

Por favor escriban cartas a las autoridades políticas en el Perú para respaldar a las comunidades amenazadas por la minería en su resistencia y su lucha por la defensa a su derecho a la alimentación, al agua y a un medio ambiente adecuado.

(Modelo de Carta y direcciones de las autoridades están disponibles en el sitio de Ecología y Desarrollo)

Ecología y Desarrollo

27 de diciembre de 2006

FOTO: crypto.stanford.edu

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