El Senado boliviano aprobó en la noche del 28 de noviembre, la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria. La Ley, que permitirá la redistribución de tierras y el fin del latifundio agrario, fue aprobada después de discusiones entre el presidente Evo Morales y la oposición, que tiene mayoría en el Senado. Los senadores de la oposición querían bloquear la votación. Sin embargo, tres senadores opositores contrariaron la determinación del partido y votaron a favor del proyecto de Reforma Agraria. Los 29 artículos de la ley ya habían sido aprobados en la Cámara de Diputados cuya mayoría está a favor del gobierno. En la madrugada del día 29, el presidente Morales promulgó la Ley.

Morales dijo que la revolución agraria no sólo se traducirá en una distribución de la tierra, sino que estará acompañada de mecanización y mercados. El presidente atribuyó la aprobación de la ley a la lucha de los pueblos indígenas que ya en 1990 protagonizaron la primera marcha por dignidad y territorios. La unión de los movimientos sociales bolivianos para presionar al Senado durante la votación fue fundamental para que la nueva Ley de Reforma Agraria fuese aprobada. Desde fines de octubre, cerca de cinco mil indígenas salieron de la región este del país en dirección a La Paz en una marcha de más de 500 km, que pedía la aprobación de la Ley.

En la noche del 28 de noviembre, dos mil 500 indígenas festejaron, frente al Palacio Quemado, la victoria obtenida en el Senado.

La Ley permitirá que, hasta 2010, el 20% de las tierras cultivables de Bolivia puedan ser entregadas a indígenas y campesinos pobres. La Reforma comenzará con la distribución de 750 mil hectáreas de las 2,5 millones que están en proceso de saneamiento para ser expropiadas. La mayoría de las tierras que serán utilizadas en la Reforma están ubicadas en los departamentos de Santa Cruz, norte de La Paz y Pando. El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juan Carlos Rojas, dijo que en las próximas semanas ya se podría estar entregando tierras en el departamento de Pando.

En entrevista con la Agencia Boliviana de Información (ABI), Rojas dijo que para que la tierra sea entregada a la Reforma es necesario que una comunidad o grupo de familias soliciten al INRA la distribución; después el Instituto verificará si este grupo no posee tierra para que no sean entregadas tierras a quienes ya las tienen. Finalmente, la distribución de la tierra es realizada después de la verificación del terreno para establecer qué actividades productivas pueden ser desarrolladas en los mismos.

La nueva Ley de Tierras aclara que la única forma de demostrar la posesión de una tierra es a través del trabajo. Si un terreno está siendo usado con una función económico-social, el propietario tendrá su posesión de la tierra reconocida, de lo contrario será realizado un informe técnico de campo y la propiedad pasará al Estado que la utilizará en el Plan de Distribución de Tierras. El gobierno boliviano espera, para fines de este año, elaborar un reglamento que se adecue a las exigencias de la nueva Ley.

En Bolivia, algunas tierras ya demoraron diez años para ser saneadas. La expectativa es que con la nueva Ley este proceso no dure más de un año. El INRA estima que si se obtienen todas las condiciones y recursos financieros necesarios, puedan entregar el título de posesión en aproximadamente seis meses. En casos de expropiación de tierra, las mismas serán declaradas de utilidad pública y los propietarios serán indemnizados.

Si las tierras pretendidas para ser utilizadas en la Reforma pertenecieren a latifundistas, será iniciado un proceso de reversión de la tierra. Para ello es necesario que se tenga el Reglamento de la Ley INRA que establecerá este procedimiento. El INRA priorizará la distribución de Territorios Comunitarios de Origen (TCO) en las regiones: de tierras altas, áreas de colonización de los Yungas y del Chapare, comunidades cautivas como los guaraníes y en el norte amazónico.

Adital

1 de diciembre de 2006

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