El Tribunal Federal del Estado de Paraná
confirma que la agroquímica suiza incurre en
delitos contra el medioambiente.
La sentencia es una bocanada de aire fresco para
los campesinos que se manifiestan desde el 2006
contra el plantío de transgénicos en el Parque
Nacional de Iguazú.
La controvertida relación entre el brasileño
Parque Nacional de Iguazú y la helvética
Syngenta
escribió un nuevo capítulo en
diciembre.
Este lunes salió a la luz pública un fallo del
Tribunal Federal del Estado de Paraná que
confirma que la agroquímica incurrió en un
delito medioambiental al realizar una serie de
plantíos de soja transgénica en una zona que es
considerada como reserva ecológica.
El castigo: una multa de 630.000 francos suizos,
noticia que fue recibida con recelo por parte
del grupo suizo.
Actividades
ilegales
La Justicia Federal del Estado de Paraná estimó
que las actividades realizadas a partir del 2005
por la trasnacional helvética
Syngenta
Seeds
(especializada en la comercialización
de semillas) en Santa Tereza do Oeste, al
interior Parque Nacional de Iguazú, son
ilegales.
Una condición que ya había denunciado en 2006 el
Instituto Brasileño del Medio Ambiente (IBAMA).
La decisión de carácter judicial fue tomada el
30 de noviembre, pero no se hizo pública hasta
el pasado lunes (12), a través de un escrito
presentado por la jueza Vanessa de
Lazzarin Hoffman, según el que
Syngenta
no podrá volver a realizar
investigaciones con cultivos de soja o maíz
transgénico en el Parque de Iguazú.
Y para no dejar margen a duda alguna, la jueza
cita a la letra: "La producción de organismos
genéticamente modificados (OGM) queda
estrictamente prohibida".
Un largo
conflicto
En febrero de 2006, una organización no
gubernamental brasileña llamada Tierra de
Derechos, especializada en temas de medio
ambiente, reveló que
Syngenta
y otras
ocho empresas extranjeras estaban realizando
investigaciones con soja transgénica.
El caso que captó los reflectores fue justamente
el de
Syngenta, por el tamaño del grupo y
también porque sus cultivos se encontraban en el
Parque Nacional de Iguazú, que la UNESCO declaró
patrimonio natural de la humanidad en 1986.
Tierra de Derechos denunció que los trabajos de
la empresa helvética afectaban la biodiversidad
de la zona.
Y apenas un mes después -marzo del 2006-, a modo
de protesta, un grupo de 500 personas decidió
establecer de forma pacífica un campamento en
las tierras en cuestión, al que pusieron por
nombre Terra Libre.
Los manifestantes contaban con el apoyo del
gobierno de Paraná, cuyo gobernador, Roberto
Requiao, intentó incluso expropiar las
tierras de
Syngenta
en noviembre de ese
mismo año.
Para dar sustento a la acción de Requiao,
IBAMA confirmó que
Syngenta
violaba
la Ley Federal Ambiental de Brasil al realizar
experimentos con OGM, y le impuso una
primera multa por 538.500 francos suizos que el
grupo internacional se negó a pagar.
Syngenta actúa
La empresa de origen suizo no se ha mantenido
cruzada de brazos.
Los transgénicos forman parte de los mercados
con mayor potencial para el grupo y su interés
por desarrollarlos no es un secreto.
Nada menos que en septiembre pasado, científicos
británicos de los laboratorios de
Syngenta
desarrollaron una especie de arroz transgénico
que posee 20 veces más betacaroteno que una
especie normal. El betacaroteno facilita la
producción de vitamina A y mejora la vista.
Sin embargo, los efectos de los transgénicos
para el cuerpo -en el mediano y largo plazos- no
son del todo claros. Y en países como Brasil son
abiertamente rechazados por buena parte de la
población y la comunidad científica.
Cuando los campesinos establecieron su
campamento pacífico en Iguazú sustentaron la
ocupación en al artículo 10 de la Constitución
brasileña, que afirma que la tierra debe cumplir
una función social.
Los abogados de
Syngenta
realizaron un
activo trabajo y consiguieron -en abril y en
octubre- que jueces estatales exigieran a los
manifestantes un desalojo voluntario o se
arriesgarían a ser evacuados por la fuerza.
Victoria
campesina
El fallo judicial conocido esta semana es una
clara victoria de los campesinos de Terra Libre
en un momento de acentuada tensión.
El pasado 21 de octubre, al amanecer, una
centena de campesinos brasileños volvió a ocupar
las tierras en debate para presionar a las
autoridades a pronunciarse de forma definitiva
sobre el futuro de los plantíos de Iguazú.
La acción provocó violentos enfrentamientos
entre los campesinos y la milicia armada privada
contratada por
Syngenta, así como la
muerte del manifestante Vladimir Mota
de Oliveira y del guardia Fabio
Ferreira.
La nueva sentencia advierte a
Syngenta
que, en caso de no cumplir con la multa impuesta
o de continuar la infracción, se aplicarán una
penalización diaria, pero el grupo corre el
riesgo también de la paralización inmediata de
actividades.
La multa prevista para
Syngenta
será
aplicada por los órganos de fiscalización del
Ministerio de Agricultura, Actividad Pecuaria y
Abastecimiento; y también por el Ministerio de
Medio Ambiente.
Por el momento,
Syngenta
ha declinado
pronunciarse, argumentando que su equipo de
abogados trabaja en este tema y dejando sentado
que no ha violado ninguna ley del estado
brasileño.
Con ello, el caso del Parque de Nacional de
Iguazú marca un nuevo signo de interrogación que
todos los protagonistas esperan quede cerrado a
más tardar en 2008.
