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En Uruguay se
siembran ampliamente dos cultivos transgénicos:
la soja y el maíz. Mientras toda la soja
sembrada es transgénica, en el caso del maíz se
siembran tanto maíces convencionales (híbridos y
criollos) como dos tipos de maíz transgénico (Mon
810 y Bt11). Paulatinamente los cultivos
transgénicos han ido desplazando a otros
cultivos agrícolas, siendo en este momento la
soja transgénica el que ocupa la mayor extensión
de hectáreas cultivadas.
En la zafra 1999/2000 la superficie sembrada de
soja transgénica llegó a menos de 9.000
hectáreas. Sin embargo, el área sembrada creció
vertiginosamente en los años siguientes,
llegando a las 863.158 hectáreas durante la
zafra 2009/10.
En relación al maíz, la Dirección de
Estadísticas Agropecuarias (DIEA), registró
durante la zafra 1999/00 42.300 hectáreas y en
el zafra 2009/10 la superficie fue de 96.026
hectáreas sembradas de este cultivo, siendo
probable que gran parte de ese crecimiento sea
atribuible a la siembra de maíz transgénico.
El misterio del
maíz
Sin embargo, es importante señalar que en el
caso del maíz no es posible saber cuantas son
las hectáreas sembradas con maíz transgénico.
Ello se debe, por un lado, a que al momento de
llevar a cabo las encuestas, la DIEA no pregunta
al productor si el maíz sembrado es o no
transgénico. O sea, que la DIEA no dispone de
dicha información. Por otro lado, porque el
organismo encargado de llevar el registro de
todos los sitios donde los maíces transgénicos
son sembrados es la Dirección Nacional de Medio
Ambiente, (DINAMA), no está en
condiciones de hacer pública esa información.
Lo anterior requiere una explicación. La
DINAMA posee la información, sitio por
sitio, del área sembrada con maíz transgénico.
De acuerdo con la ley 18.381, dicha información
es pública. La DINAMA está de acuerdo con
revelar dicha información. Pero hay un escollo,
que se llama Cámara Uruguaya de Semillas (CUS),
que se opone a que la misma sea difundida y
hasta ahora lo ha logrado. Dada la situación,
cabe preguntarse quién tiene mayor poder de
decisión en las políticas públicas: ¿un
organismo del estado como la DINAMA o un
organismo privado como la CUS?
Los impactos
que no muestran
las estadísticas
Las cifras difundidas por la DIEA
muestran claramente el aumento de las áreas
sembradas con estos cultivos, pero las mismas no
muestran los impactos que se están generando.
Las consecuencias de este nuevo modelo son
ampliamente reconocidas hasta por los
gobernantes, como es el caso de la
concentración y extranjerización de la tierra.
Sin embargo, no existe voluntad política para
revertir el fenómeno y solo se ha mencionado que
no se permitirá la venta de tierra a estados
extranjeros, aunque sí a empresas privadas
extranjeras, por lo que el proceso continuará
como hasta ahora.
Por otro lado este modelo agroexportador resulta
en la expulsión de pequeños productores de sus
campos y en la desaparición de sus chacras. Son
dos modelos de producción totalmente
antagónicos, que no pueden coexistir y donde el
más poderoso termina eliminando al más débil.
Esta agricultura industrializada tampoco genera
empleos. Muy por el contrario, se trata de un
tipo de producción realizado por maquinarias,
ocupando entre 2 a 3 personas cada mil
hectáreas, agudizando, de esta forma, aun más la
pobreza del país.
El uso masivo de agrotóxicos está íntimamente
enlazado con los cultivos transgénicos, y por
ende resulta en graves impactos de contaminación
del agua y el suelo, destrucción de la flora y
fauna y afectación de la salud de las personas.
Y más
transgénicos
Entre agosto y diciembre del 2009 se autorizaron
nuevos maíces y soja transgénicos con el
objetivo de ser “evaluados” y seguramente pronto
serán autorizados para ser comercializados y
sembrados en el país.
A su vez, en esas mismas fechas se autorizó una
nueva variedad de soja transgénica para ser
sembrada en Uruguay y para exportar las
semillas resultantes hacia Estados Unidos,
modalidad que probablemente se vuelva a realizar
este año. Aunque parezca (y sea) contradictorio,
esas semillas de soja, producidas
en Uruguay, no están
autorizadas para comercializarse en nuestro
país, sino que deben ser exportadas. Sin
embargo: ¿cómo será posible controlar que
todas las semillas sean exportadas y no
quede ninguna en los rastrojos? ¿Qué pasa con
estos residuos no aprobados?
¿Habrán quedado esparcidos en los campos como
recuerdo de lo no aprobado?
Tema de toda la
sociedad
En distintas instancias, la población ha
manifestado su oposición a los cultivos
transgénicos. En el 2003 se opuso masivamente a
la autorización del maíz transgénico. Sin
embargo, las autoridades hicieron caso omiso a
tal oposición, argumentando que la información
para aceptar su evaluación era suficientemente
adecuada. Vale enfatizar que dicha información
fue aportada por las propias empresas que
solicitaron su autorización.
Las empresas han sido históricamente quienes han
definido qué producir y dónde hacerlo. Sin
embargo, los impactos resultantes perjudican a
toda la población y ésta no es escuchada por los
gobernantes; muy por el contrario, en pos de un
país “productivo” se lo está destruyendo a ojos
vistas.
Al momento de definir el modelo al que se
apuesta, es obvio que se trata de un tema de
toda la sociedad. Sin embargo, algo que
parecería ser tan obvio no lo es en la práctica.
Es así que los reclamos de las comunidades
directamente afectadas (productores familiares,
apicultores, pescadores, poblaciones que han
tenido que convivir con fumigaciones áreas y
terrestres y sufrir las consecuencias de estas
aplicaciones), aun siguen sin ser atendidos.
Como modo de evitar los impactos a nivel local,
se ha reclamado el establecimiento de zonas
libres de cultivos transgénicos, por
considerárselo un derecho de las comunidades. La
respuesta sigue siendo que la “coexistencia”
entre cultivos transgénicos y convencionales es
posible. No se ha tomado en cuenta que la
“coexistencia” no es posible si uno de los
actores involucrados no está de acuerdo, tal
como lo han manifestado distintos sectores de la
población.
En el cierre de la Expo Prado 2010, el ministro
Aguerre dijo que “Uruguay es el
país más agropecuario del planeta y que alcanzó
siete años de crecimiento excepcional, con una
producción capaz de alimentar a 60 millones de
personas”. Frente a esta declaración, cabe la
preocupación de si no se estará yendo demasiado
rápido y en el afán de alimentar a tantos
millones de personas, el país vaya a dejar sin
alimento a su propia población.
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