España

El Departamento de Medio Ambiente presenta alegaciones al borrador del decreto de Agricultura que regula los transgénicos

La plataforma Transgénicos Fora acusó ayer a la Administración autonómica de "falta de voluntad" para controlar el etiquetado de los alimentos en cuya composición se incorporan organismos modificados genéticamente (OGM). El 10 de abril del 2004 entró en vigor la normativa sobre etiquetado de estos productos, pero los ciudadanos aún no han visto en el mercado ningún alimento que lleve esta indicación, según explicó Pep Riera, ex coordinador de Unión de Pagesos. Concretamente, la normativa estatal señala que están obligados a ser etiquetados los productos en cuya composición haya más de un 1% de OGM.

Numerosos sectores afirman que esta falta de información al usuario se debe a que los agricultores no están declarando el carácter transgénico de sus cosechas (unas 16.000 hectáreas de maíz en Catalunya), por lo que, al final, tampoco se ofrece esa información al consumidor, dado que no hay controles conocidos. "Encontrar una etiqueta donde se especifique que se han utilizado OGM devaluaría el precio del producto y el prestigio", afirmó Riera.

Mientras, un grupo de 50 intelectuales, personas del mundo de la cultura y la cooperación han expresado su rechazo al decreto del Departament de Agricultura destinado a garantizar la coexistencia y la separación de los cultivos transgénicos y los tradicionales o ecológicos. Esta normativa debería servir, entre otras cosas, para evitar que el polen de los cultivos transgénicos contamine las plantas ecológicas, lo que puede suponer graves pérdidas para éstas, al perder su etiqueta verde, pues su contaminación debe ser cero. Agricultura pretende autorizar en una orden posterior distancias mínimas de 25 metros entre cultivos, pero Pep Riera, veterano agricultor, replicó: "Sabemos que el polen, con un mínimo de brisa, se desplaza kilómetros. Por eso, dejar un margen de seguridad de metros en lugar de kilómetros es insuficiente y no sirve para nada", afirmó.

Riera también vio injustificable que se hayan autorizado los cultivos con OGM cuando no se ha completado la regulación y se carece de estudios a largo plazo del impacto de estas plantaciones. En su opinión, tampoco se puede convencer a los payeses de la idoneidad de las semillas transgénicas por el hecho de que son resistentes a los plaguicidas, "cuando nosotros conocemos otras formas de combatir las malas hierbas".

La plataforma, con ayuda de la Federación Catalana de ONG para el Desarrollo, promueve que Catalunya sea declarada zona libre de transgénicos. La proclamación no tendría un carácter jurídico vinculante, pero frenaría la implantación de estos cultivos, según Sílvia Galià, portavoz de la organización.

Detrás de la oposición de estas entidades a los cultivos transgénicos hay sobre todo motivaciones ideológicas, ya que están en contra de que las patentes de semillas queden en manos de las multinacionales por cuanto supone dejar a los intereses privados la seguridad alimentaria.

El Departamento de Medio Ambiente interpreta que Agricultura no está respetando el acuerdo del Tinell al regular los transgénicos, pues debe hacerlo "atendiendo a las directivas europeas". Y ha remitido unas alegaciones para que concrete las distancias entre cultivos, las barreras de protección y las zonas libres, y para reclamar un análisis científico más profundo del IRTA.

Antonio Cerrillo
La Vanguardia

14- de marzo de 2005