|
Nicaragua es unos de los países con el mayor
nivel de biodiversidad del planeta. Cuenta con
más de 13 mil especies y el 5 por ciento de la
biodiversidad mundial. Estos recursos genéticos
representan alrededor del 75 por ciento de sus
exportaciones, asumiendo una importancia
equivalente a la que el petróleo tiene para los
países altamente industrializados. Sin embargo,
en Nicaragua hay todavía una asignatura
pendiente: crear un marco legal para la
conservación y el uso sostenible de su
biodiversidad
La Ley General del Medio Ambiente, aprobada en
1996, estableció que se tenía que elaborar una
legislación específica en materia de
biodiversidad. Han pasado 15 años y todavía no
se ha logrado llegar a un consenso alrededor de
ese tema.
“Es algo primordial para Nicaragua,
porque quiere decir que la biodiversidad ha
tenido su política, sus planes y su estrategia,
pero no una ley y un reglamento que definan un
marco legal para su conservación y uso
sostenible”, dijo a Sirel, Julio
Sánchez, miembro del Centro Humboldt
y de la Alianza de Protección a la
Biodiversidad-Nicaragua (APB-N), que la
Rel-UITA integra.
En 2006 se presentó en el Parlamento un proyecto
de ley que fue consensuado con todos los
sectores involucrados. Luego de un largo proceso
de consulta y negociación, en 2010 se logró
terminar su revisión y ajuste a los nuevos
avances tecnológicos y jurídicos.
“Se privilegiaron varios aspectos, como por
ejemplo priorizar la conservación en los centros
de orígenes y que las comunidades indígenas y
rurales tengan poder decisional y una
participación justa y equitativa de los
beneficios derivado del uso de la biodiversidad.
Asimismo, se trató de garantizar y proteger los
conocimientos y las prácticas ancestrales de los
pueblos, y definir un sistema de cobro por
licencia y permisos otorgados”,
explicó Sánchez.
La última palabra la tiene ahora el Ministerio
de Ambiente y Recursos Naturales (MARENA),
que deberá enviar al Parlamento los cambios
aportados al texto del proyecto de ley, para que
sea dictaminado y presentado al plenario para su
discusión y aprobación.
Alarma transgénica
Si bien el proyecto de ley sobre Biodiversidad
no toca directamente el tema de los organismos
genéticamente modificados (OGM), su
aprobación contribuiría a evitar que exista
contaminación genética en el país.
“En este momento la mayor manifestación sobre la
regulación de los OGM es a través de las
ordenanzas municipales de
Territorios Libres de Transgénicos
y la creación de la Comisión de Análisis de
Riesgo de Organismos Vivos Modificados (CONARGEM),
que se conformó en el marco de la Ley 7051”,
afirmó Sánchez.
|
Nicaragua no necesita de
transgénicos. Tenemos suficientes
recursos genéticos para no caer en
el juego de las transnacionales, que
con su propaganda quieren
convencernos que sus semillas son
mejores. |
Esta Comisión, que actualmente está definiendo
todavía los instrumentos de funcionamiento y su
reglamento interno, tiene la obligación de
regular la posible entrada y presencia de
transgénicos en el país, lo cual no implica una
aprobación segura, sino un análisis previo de
los riesgos y posibles impactos.
“Tenemos que pensarlo muy bien, porque
Nicaragua no necesita de transgénicos.
Tenemos suficientes recursos genéticos para no
caer en el juego de las transnacionales, que con
su propaganda quieren convencernos que sus
semillas son mejores”, aseveró el experto en
biodiversidad del Centro Humboldt.
Actualmente, más de 20 municipios en
Centroamérica se han declarado libres de
transgénicos, 5 de los cuales se encuentran en
Nicaragua.
Lamentablemente, el territorio nicaragüense ya
ha experimentado la presencia ilegal de OGM.
En julio de 2005, durante el gobierno de
Enrique Bolaños, el Ministerio Agropecuario
y Forestal (MAGFOR) emitió la resolución
No. 034-20052
con la que autorizó “la
importación de maíz amarillo genéticamente
modificado para el procesamiento y consumo
animal”,
correspondiente a 15 eventos descritos3
por un periodo de 5 años. El hecho, como en
tantos otros países, nunca fue dado a conocer
públicamente.
Asimismo, entre 2005 y 2007, la APB-N denunció
la presencia de OGM en la ayuda alimentaria del
Programa Mundial de Alimentos (PMA) y de la
variedad transgénica de arroz LL601.
 |
