Organizaciones ambientalistas y de productores orgánicos nacionales entregaron este lunes 23 de julio al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) diversos documentos de análisis sobre la introducción de los transgénicos en el país, para que sean estudiados por la Comisión Interministerial del gobierno que trata el tema

No obstante, las organizaciones y productores consideran que es necesario que la comisión garantice un proceso real de participación social para debatir a fondo los impactos de los cultivos genéticamente modificados, tomando como referencia la experiencia de Uruguay y otros países del Tercer Mundo.

La Asociación de Productores Orgánicos del Uruguay (APODU), la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAPAL), REDES – Amigos de la Tierra Uruguay y la Red Uruguaya de ONG Ambientalistas, entregaron el lunes varios documentos al MVOTMA para aportar al análisis sobre los impactos de los transgénicos en el medio ambiente, en la sustentabilidad de la producción agropecuaria y en la salud humana.

Los escritos, elaborados por las propias organizaciones, denuncian que la implantación de los transgénicos amenaza la sustentabilidad de la agricultura, facilita procesos de concentración y extranjerización de la tierra, incrementa el ya existente éxodo rural, y de esa forma conduce a la desaparición de la agricultura familiar y a una pérdida de soberanía alimentaria y nacional.

Los grupos ambientalistas y de productores orgánicos agradecieron primeramente a través de una carta la invitación que el gobierno les realizara para que aporten conocimientos y comentarios sobre la temática, y destacaron su intención de participar en el proceso de análisis.

No obstante, las organizaciones creen que el envío de documentos para el estudio de la Comisión Interministerial no es "suficiente", y por tanto reclaman información sobre la forma en la que se implementará la "amplia participación de la sociedad civil", estipulada en el decreto del Poder Ejecutivo que creó la Comisión en enero de este año.

Ese grupo de trabajo empezó a operar luego de que en marzo dejara de funcionar el Comité Nacional de Coordinación, que reunía a diversos actores sociales en un proceso de discusión para crear las bases de una futura ley sobre bioseguridad.

La Comisión, integrada por representantes del MVOTMA y de los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, Salud Pública y Economía, está encargada de continuar el trabajo para llegar a la instrumentación de la normativa. El gobierno aclaró que el proceso de análisis del tema "transgénicos" sería abierto, para que la sociedad civil pudiera manifestar su posición. Sin embargo, luego de seis meses de la firma del decreto que dio nacimiento a la nueva Comisión, las condiciones de esa participación no están claras.

En Uruguay rige en la actualidad una moratoria (suspensión) a la aprobación de nuevas variedades transgénicas, la cual ofrece una valiosa oportunidad para llevar adelante la evaluación exhaustiva de los impactos de los cultivos ya introducidos en el país y en varias partes del mundo. Los tres organismos genéticamente modificados que se pueden comercializar y producir en Uruguay son la soja RR, resistente al agrotóxico glifosato, el maíz Mon 810 y el maíz Bt 11, resistentes a los ataques de insectos plaga. Los dos primeros son producidos por la transnacional de origen estadounidense Monsanto, y el restante por la suiza Syngenta.

APODU, REDES, RAPAL y Red de ONG Ambientalistas

26 de julio de 2007

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