Uruguay, país forestal

Un modelo

en Rojo

Con la Asociación de Inspectores de Trabajo del Uruguay

Trabajo esclavo en las plantaciones forestales

La conversación tuvo lugar en el propio Ministerio de Trabajo con Eduardo Fernández (EF), presidente, Francisco Pierelet (FP), secretario, Mariela Cuomo (mc), tesorera, y Jorge Espiga (JE), vocal de la AITU.

-Ustedes saben que tienen mala prensa, que los trabajadores se quejan de que nunca están donde deben estar, de que las inspecciones favorecen a los patrones, de que nunca se concreta una denuncia, etcétera. ¿Qué responden a eso?

FP -Somos la cara visible de un sistema que no le soluciona nada a la gente, y lógicamente se piensa mal de nosotros. La verdad es que no respondemos a las expectativas. Pero nosotros, como AITU, pretendemos ser un cuerpo transparente, eficiente y útil para los trabajadores, pero somos tan víctimas del sistema como ellos.

EF -Si uno va a un lugar a hacer una inspección y constata que se están violando derechos laborales, y después eso no redunda en un cambio concreto para el trabajador porque nuestra burocracia interna es lenta, carecemos de recursos suficientes para tener más computadoras, más gente, el trabajador concluye que se expuso inútilmente al hacer una denuncia, que a veces hasta redunda en consecuencias negativas para él. Si no tenemos una respuesta rápida, los trabajadores tienen el derecho a pensar que algo está muy mal, turbio. Casi nadie se imagina que hay resoluciones que se han demorado dos años, o que el inspector general no firmó todavía la sanción. Estamos luchando contra eso, pero no es fácil.

JE -En el Interior sucede a menudo que el inspector va una vez y después no regresa, entonces piensan que hubo "arreglo". Pero la realidad es que no hay plata para viáticos, para pasajes, no hay vehículos, si queremos meternos en el campo, por ejemplo, tenemos un solo 4x4 y que ya tiene 500 mil quilómetros. Esa camioneta la usan dos divisiones distintas.

FP -En 1992 o 93, no recuerdo exactamente, la administración planificó un operativo rural en el que hicimos 400 inspecciones en todo el país. Detectamos condiciones de trabajo terribles, de vivienda, de insalubridad. Dimos plazos para que las estancias levantaran las observaciones, pero esos 400 expedientes murieron archivados, nunca se controló qué sucedió después. Los trabajadores que nos vieron llegar alentaron ciertamente muchas expectativas de que sus condiciones mejoraran, pero lo único racional que deberían pensar hoy es que no servimos para nada. Lo que no saben es que hubo una decisión política de juntar todos esos expedientes en determinados muebles y no controlarlos nunca más. Desde entonces nunca más volvimos a hacer una inspección rural, en estancias, chacras, establecimientos hortícolas, nada. Lo mismo pasó con la naranja en Salto. Inspeccionamos todos los establecimientos, pero nunca regresamos a controlar el resultado.

-¿De dónde provino esa decisión?

FP -Del gobierno de entonces, a cargo de Luis Alberto Lacalle.

-¿Quién era el responsable en este servicio?

FP -El inspector general de Trabajo era Pablo Iturralde.

-¿No hay inspectores locales, departamentales?

FP -Hay cuatro inspectores ambientales, esto es, salud, seguridad, prevención de accidentes, etcétera, y unos ocho de condiciones generales de trabajo que se refieren a contrato, planilla de trabajo, aportes y demás.

MC -Pero hay que tener en cuenta que para un inspector radicado en el departamento es difícil abarcar solo una empresa de esa envergadura, y además los inspectores consideramos que es saludable que las inspecciones sean efectuadas en zonas lejanas o no directamente relacionadas con el lugar de habitación del funcionario.

FP -Nosotros planteamos que, por las condiciones del país, no hay inconveniente en tener una inspección centralizada, con cabeza en Montevideo, porque la falta de eficiencia es consecuencia de la escasez de recursos y no de otra cosa. El inspector en el Interior es muy dependiente, todo el mundo lo conoce en el pueblo, y no dispone de recursos para moverse 100 o 150 quilómetros.

JE -Cuando decimos recursos estamos hablando de jerarquizar la tarea inspectiva y al propio inspector de trabajo, lo que supone capacitación, salario adecuado, independencia técnica y económica. Lo que hemos reclamado siempre es la exclusividad, que la tenemos en los papeles, pero no en el salario.

FP -Ahora vemos que hay un problema con los inspectores de la DGI. El actual ministro, Santiago Pérez del Castillo, firmó un decreto en el que reconoce la exclusividad a los de la DGI, pero no hizo caso a la observación de la OIT, que desde 2000 reclama que inspectores fiscales y de trabajo deben estar equiparados.

-¿Por qué?

EF -Los inspectores tributarios trabajan con recursos financieros y económicos del Estado, nosotros con el bien social trabajo. Es evidente que un Estado equilibrado debe velar igualmente por el respeto a la legalidad en ambos ámbitos, pero eso no ocurre. Por eso no somos equiparados, porque los bienes que custodiamos, el trabajo y las condiciones laborales, no son un recurso que le importe a estos gobiernos.

-¿Cuántos son los inspectores de trabajo?

EF -Unos 100 en todo el país, y para todas las actividades.

FP -Esto se expresa claramente en el presupuesto de la administración central: hasta hace poco tiempo el Ministerio de Trabajo recibía entre el 4 y el 5 por ciento del total, y hoy apenas llega al 0,5. La mayor parte de esos recursos son para el Instituto Nacional de Alimentación (inda), y la Inspección de Trabajo es nada más que otro programa dentro de la gestión del ministerio. Reclamamos la dignificación del inspector, pero también el reconocimiento de la importancia de nuestra misión como promotora del desarrollo de ciudadanía. En un país en el cual el trabajador acepta condiciones laborales de cualquier tipo con tal de mantener el empleo y no denuncia nada, la inspección más debe hacerse presente para evitar los abusos.

EF -Hemos estado negociando durante ocho meses con este ministro.

-¿Cuál es el sueldo promedio de un inspector?

EF -Teniendo en cuenta todos los ingresos, por 40 horas semanales, con dedicación exclusiva y permanencia a la orden las 24 horas, los 365 días del año, anda, en promedio, entre 9 y 10 mil pesos por mes.

JE -La exclusividad que se nos paga ahora se calcula sólo sobre una parte del salario que viene a representar menos de la mitad del total, unos 4 mil pesos. El resto parece que no lo consideran sueldo.

EF -La exclusividad que nos pagan hoy representa 1.800 pesos.

FP -La cifra que mencionamos recién como promedio -9 mil pesos- incluye lo que se distribuye por concepto de proventos, que surgen de la venta de planillas de trabajo, de multas y sanciones. Un 55 por ciento de esos proventos se distribuye equitativamente entre los 900 funcionarios del ministerio.

-¿Cómo es el salario de ustedes comparado con el del resto de la administración central?

FP -Muy variable y desigual, porque si tomamos a los ministerios de Economía y de Relaciones Exteriores vemos que son privilegiados, y por otro lado podemos reunir a los marginados, que somos los de Trabajo, los de Salud, los de Educación. Estas áreas de la sociedad son las menos valoradas desde los gobiernos de turno. Es toda una concepción política.

-Si ustedes hacen huelga, ¿quién lo lamenta?

MC -En principio los trabajadores.

EF -Por eso somos un gremio esencialmente negociador. Pero adoptamos medidas extremas como la que estamos implementando ahora, de no entrar en los puertos de todo el país, después de meses y meses dialogando y cuando sólo recibimos burlas.

FP -Cuando dijimos que haríamos un paro nacional nos amenazaron con declararnos servicio esencial, pero después recapacitaron y no lo hicieron: "A ustedes les conviene -nos dijeron en la cara-, van a ir con eso a la OIT y nos van a dejar en evidencia".

EF -Desde julio estamos implementando esta medida de no entrar a los puertos hasta tanto el ministerio no consiga los recursos para que podamos absorber esta tarea nueva, ya que la inspección portuaria era competencia de la Administración Nacional del Servicio de Estiba hasta que fue cerrada hace poco tiempo. Recibimos este nuevo servicio, que debemos atender con la misma gente y los mismos menguados recursos. Pero no nos respondieron. En la construcción sólo estamos atendiendo denuncias, pero no hacemos inspecciones. Hemos abandonado todas las comisiones técnicas en las cuales representábamos al ministerio, porque si éste no nos reconoce no daremos la cara en esos ámbitos multidisciplinarios, a menudo pluripartitos, y que cumplen funciones muy importantes en el mundo laboral del país.

FP -Los inspectores podríamos decir: "Nos declaramos en huelga general y no hacemos ni una inspección más", pero ahí ya sabemos quiénes festejan. Hemos optado por denunciar las verdaderas condiciones en las que trabajan miles y miles de uruguayos.

-Y decidieron empezar por los forestales. Hace ya un año armaron una carpa en la plaza Libertad para denunciar esta situación, pero no tuvieron tanta repercusión.

FP -Ahora elaboramos un audiovisual en el que mostramos las condiciones penosas, casi de esclavitud, en las que trabajan entre 6 y 7 mil trabajadores forestales en Uruguay. Y mostramos apenas una parte: dónde duermen, cómo se alimentan, qué agua beben, la ausencia total de protección personal, el salario que cobran.

-¿Cuánto cobran?

EF -Tenemos registradas numerosas denuncias en ese aspecto. Una cuadrilla se compone por el motosierrista, el ayudante del motosierrista y el pelador. Quien pela el tronco, trozado a 2,40 metros de largo, cobra 50 centésimos por tronco. Un trabajador muy experto y pelando de sol a sol puede llegar a acumular unos 250 troncos, o sea 125 pesos por día. El motosierrista es el operario más caro de la cosecha porque la ley establece que debe contar con un equipo de elementos de seguridad importante (casco con visera, pantalón anticorte, protección auditiva, guantes y zapatos de calidad). Por eso lo designan como cabeza de cuadrilla, y es al primero que se sacan de encima obligándolo a aceptar el régimen de empresa unipersonal según el cual todos los elementos de seguridad corren por su cuenta. Resultado: trabaja sin protección alguna. El motosierrista cobra 1,80 pesos por tronco cortado, pero de ahí tiene que pagar a su ayudante y casi siempre está pagando su motosierra, que fue adquirida por el patrón. La paga en un sistema de leasing, y el costo llega a ser equivalente a unos 120 mil árboles. En la última salida que hice encontré un motosierrista que estaba contentísimo porque había llegado a los 60 mil árboles, pero si uno miraba la motosierra era evidente que ya estaba para cambiar y que su rendimiento iba mermando. Antes de llegar a los 120 mil, ya tendría que haberla tirado y empezado a pagar otra nueva. Y como si esto fuese poco, también le descuentan el combustible y el mantenimiento de la herramienta. De 1,80 pesos ya le va quedando mucho menos, teniendo en cuenta que el ayudante cobra entre 0,50 y 0,80 por tronco. Además, a pesar de que el patrón debe proporcionar la alimentación a su costo, en realidad se la cobra, pero ni siquiera se toma el trabajo de elaborar la comida, sólo le vende los insumos y a precios mucho más altos que en los comercios del pueblo más próximo. Según nuestro cálculo y de acuerdo a los precios que registramos en los campamentos de trabajadores, alimentarse cuesta como mínimo 50 pesos por día. También está el que solicita que le lleven un pedido a su familia que vive en el poblado, pero no le venden al precio del almacén del pueblo, sino al precio del campamento, mucho más alto. Al fin, ¿qué les queda? El día que llueve y no se puede trabajar, el hombre igual tiene que comer, y ese día se endeudó en vez de producir. El sistema es prácticamente de esclavitud. Pasan meses y meses sin recibir prácticamente nada en un ciclo en el cual ellos cortan, duermen, le mandan comida a la familia y no ven un peso. Duermen en condiciones infrahumanas, debajo de carpas casi siempre hechas con simples trozos de nailon y sobre el piso de tierra. El invierno allí debe sentirse cruelmente.

-Pero algunos trabajadores forestales parecen estar mejor que eso...

EF -Sí, pero ¿cuáles? Los que dependen de la empresa forestal directamente, que es la verdadera dueña del negocio, el núcleo del asunto. Los que están bien son el ingeniero agrónomo, el técnico forestal, el capataz de algunos predios muy grandes, porque figuran en la planilla de la empresa, pero el matador de hormigas, el pelador, el motosierrista, el ayudante, el tractorista, el del grapo, ésos dependen de un contratista que absorbe toda la responsabilidad legal por sus empleados, y a menudo intermedia otro subcontratista. Estas personas son habitualmente insolventes, por lo que no habrá nadie a quien reclamarle en caso de accidentes o inclusive si los trabajadores quedan abandonados en la plantación, sin comida, sin agua potable, sin salario.

Algunas empresas les piden que no se queden entre sus árboles, entonces acampan a un lado, en la ruta, bajo nailon. Esa gente que se ve sobre las rutas no está de camping, está trabajando.

-¿La aparición de este "pueblo hambriento" en el ámbito rural podría estar relacionada con el incremento del abigeato?

EF -No me sorprendería. Si usted trabajó todo el día en esa tarea físicamente tan dura, cuando para, en la tarde, si no tiene nada para comer sale a buscar algo para no morir de hambre, y lo primero que pasa caminando lo baja. Si es un carpincho o una oveja es lo de menos. Se trata de un problema social muy profundo.

-Pero la forestación es presentada como una actividad generadora de empleos de calidad.

EF -Es falso. Es una actividad subvencionada. Una sociedad asume una subvención cuando el beneficio, de alguna manera, llega a todo el mundo, ya sea económica o moralmente, pero en este caso el beneficio no llega siquiera al trabajador que está en el campo.

FP -Nos dijeron que sería una producción que generaría riqueza. Pero, ¿para quién? No para los 6 mil trabajadores forestales hambreados en las plantaciones. Esto ya está comprobado. La gente recala allí cuando ya no tiene ninguna otra posibilidad, es el último recurso, y cuando consigue otra cosa se va. La forestación uruguaya está recibiendo ese subsidio extra, el del hambre de los desesperados reducidos a la cuasi esclavitud.

EF -Hay pueblos que están cautivos de la forestación, que sólo tienen eso para vivir porque están al lado de la plantación. El contratista pasa por el pueblo, levanta a los diez o doce que están esperando por alguna changa y se los lleva a la plantación.

-¿El forestador no tiene ninguna responsabilidad?

MC -Directamente no, porque acá en el ministerio hay un registro de contratistas. Si el contratista figura allí seguramente es insolvente, y entonces habría que iniciar una instancia judicial para demostrar que, en última instancia y después de una larga cadena de intermediarios, la empresa responsable es la forestadora. En la urgencia que viven los trabajadores ninguno está en condiciones de aguantar esos plazos.

EF -Queremos que la empresa forestal esté en la primera línea de responsabilidad y no en la última como ahora, oculta detrás de una cadena de personas que, muchas veces, ni siquiera tienen información de las responsabilidades que asumen cuando se registran como contratistas. No sólo es una cuestión de ética comercial sino también de responsabilidad humana con los trabajadores. No se entiende que estas empresas gasten fortunas en marketing mientras aceptan que en sus plantaciones haya trabajadores en situación de servidumbre.

-¿Se trae personal de países vecinos?

EF -Comprobamos que se acarrea gente de otros departamentos, lo que incrementa la situación de dependencia, porque si el trabajador se quiere ir, ¿cómo hace sin dinero? En una de las inspecciones que hicimos en Tacuarembó encontramos a una familia -madre e hija- que estaba viviendo en la plantación con el marido. La señora y la hija habían tenido que abandonar el pueblo después de vender lo último que les quedaba: dos caballos y el carro. Cuando los inspectores llegaron las dos mujeres estaban enfermas, una de ellas embarazada. Presumían que la enfermedad era por causa del agua de cachimba que tenían que beber allí, pero los colegas sospecharon que quizás fuera consecuencia de que cohabitaban en la misma carpa con los tarros de hormiguicidas. Las mujeres no tenían cómo salir de ahí, y los inspectores tuvieron que insistir para que el contratista aceptara que las llevaran al hospital. Los compañeros llevaron también una muestra del agua para saber si no estaba contaminada con los agrotóxicos que se usan allí intensamente.

-¿Conviven con los agrotóxicos?

EF -Dependiendo de la época del año, cuando es el momento de aplicar hormiguicidas los venenos están ahí, en el campamento. No es raro encontrar las tarrinas en las mismas carpas donde duermen o comen los trabajadores. Cuando uno manipula este tipo de productos debe tener una higiene adecuada, pero allí ni siquiera hay baños, mucho menos una ducha.

-¿Hay niños?

EF -Hemos encontrado menores trabajando en las plantaciones. No vimos niños de edad escolar viviendo en esos lugares. Pero hay un verdadero negocio con la pobreza.

-¿Cuántos predios se han inspeccionado este año?

EF -En nuestro informe mencionamos 150 inspecciones, de las cuales la mitad son revisitas para controlar si se implementaron las observaciones que hicimos. En casi todos los predios hay más de un contratista, así que tenemos que tomar de nuevo la mitad. Siendo generosos, este año hemos visitado 40 predios forestales, lo que en un país con casi 800 mil hectáreas forestadas no significa nada.

-Además de inspeccionar, ¿han podido controlar?

EF -Lo hemos hecho, pero a veces llegamos tarde. Si no regresamos inmediatamente al campo, esa cuadrilla se fue, cortaron y se fueron, mataron las hormigas y se fueron.

FP -Aunque a veces se pueda controlar, el resultado no es el esperado porque levantaron el 20 por ciento de las observaciones, a veces menos y a menudo no hicieron nada. El ministerio debería actuar con energía en esos casos, por ejemplo clausurando las actividades de esa empresa, sancionando severamente. Pero si se clausura se termina el empleo, entonces se dan nuevos plazos y todo se enlentece. De ahí que el sistema termina no siendo creíble. Otra cosa que contribuye a la debilidad del trabajador forestal es que no pueda organizarse sindicalmente, porque existe temor, persecución: trabajador que se sindicaliza trabaja una vez, trabaja dos veces, pero no trabaja más. Como Asociación de Inspectores nos gusta decir que para nosotros es muy bueno que haya sindicatos fuertes, porque son otros tantos aliados para nuestra tarea. Eso sucede en la construcción, por ejemplo. Con los años se ha podido reducir la cantidad de accidentes de trabajo gracias a que el sindicato ha trabajado junto con grupos de técnicos y de manera constante para lograrlo. Siempre que llegamos a una empresa preguntamos si hay delegado sindical, delegado de seguridad, para que nos acompañe. El forestal no ha podido lograrlo todavía.

EF -Por eso asumimos una actitud solidaria, conocedores como somos de esta realidad. Esto hay que cambiarlo de alguna manera, y lo podemos hacer con mayor frecuencia en los controles, con más recursos, con vehículos adecuados; que tengamos un solo 4x4 es una tomadura de pelo a la población. También hay que modificar la norma: la empresa forestal debe ser la primera responsable de lo que suceda en sus plantaciones, sin perjuicio de quién contrata a los trabajadores. Ese es el régimen normal para cualquier empresa en otro ramo de actividad.

FP -Sería fundamental que existiese un ámbito de negociación colectiva en la actividad forestal, porque allí se podrían acordar condiciones adecuadas de trabajo. Entendemos que es una necesidad de inmediato, aunque si el trabajador forestal no puede organizarse sindicalmente nadie lo podrá representar.

-¿Qué relación tienen con el PIT-CNT?

FP -Aceptable. Hemos participado en varias actividades conjuntas. Tenemos buena relación con el Departamento de Seguridad y Salud del PIT-CNT, y particularmente con sindicatos afiliados a la central como el sunca, la untmra, el suanp. Nos conocen y opinan sobre nosotros, lo que no nos molesta. Por encima de todo, somos funcionarios públicos y trabajadores, tan trabajadores como cualquiera, y vemos que en la materia que está bajo nuestro control tenemos que estar del lado de los trabajadores. En el derecho laboral el lado débil son los trabajadores.

EF -Una inspección de Trabajo que le sirva a los trabajadores y a los empresarios honestos -la evasión de las responsabilidades es competencia desleal- debe estar al servicio del desarrollo social, con recursos, con reconocimiento y dotación suficiente de inspectores, con capacitación y programas y políticas de alcance nacional. Esta política de no tener política ya nos tiene aburridos.

Carlos Amorín

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