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Uruguay, país forestal

Un modelo

en Rojo

Plantas elaboradoras de celulosa

Una polémica de mucho peso

"De los tan mentados mil millones de dólares que iban a invertir, con suerte entrarán al país unos 200 millones", dijo a BRECHA Ricardo Carrere, presidente del Movimiento Mundial por los Bosques, refiriéndose a la proyectada instalación en Fray Bentos de una planta procesadora de pulpa de madera para fabricar papel y cartón por parte de la firma finlandesa Botnia.

 

 

El experto forestal explicó que la planta será importada y, por ende, las cuatro quintas partes del costo de la inversión quedarán en Finlandia. Luego de construida en Europa la planta será traída a Uruguay y armada aquí. "Primero dijeron que iban a invertir mil millones de dólares y muchos quedaron encandilados por la cifra. Después nos enteramos de que será sólo una quinta parte de ese monto. Para colmo luego nos dicen que ni siquiera tienen ese dinero disponible y reclamaron apoyo del Estado uruguayo."1

 

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El gobierno actual, cierto es, recibió a los representantes de Botnia con alfombra roja: la compañía obtuvo la iniciativa del Poder Ejecutivo para que el Parlamento aprobara un acuerdo entre ambos países que tiene un único beneficiario: ella misma. El acuerdo obliga a Uruguay a proteger a la empresa de múltiples eventualidades, incluidos los peligros de "manifestaciones" antiempresariales.

 

Botnia reclamó luego que se la exonerara de impuestos y se le permitiera trabajar en régimen de zona franca, lo cual también le fue concedido. De esa manera "ni siquiera aportarán en impuestos, a diferencia de la gran mayoría del empresariado nacional. No pagan impuestos en el sector forestal y ahora tampoco en la industria celulósica. ¿De qué le sirve al país tener una planta de celulosa en una zona franca que no le genera ningún ingreso por concepto de impuestos?", se pregunta Carrere. El técnico se insurge también contra otro reclamo de los finlandeses: que "ahora salgan a pedir la plata de las AFAP argumentando que si el Estado no los apoya más no se podrán instalar. Le piden prebendas, ventajas y dinero a un Estado uruguayo empobrecido con la amenaza de no invertir pero terminan haciendo la inversión con nuestro propio dinero. Sería mejor que el Estado invirtiera donde más le convenga y no en plantas de celulosa que traerán sobre todo problemas. Los que piensan que esas plantas serían una buena solución para tanta madera plantada no tienen en cuenta que el problema se resolvería con un plan estatal sobre qué hacer con la madera".

 

Carrere también cuestionó la oferta de Botnia en materia de empleo. "Una inversión de mil millones de dólares que sólo genera 300 puestos de trabajo es un despropósito, con el agravante de que en ese total sólo hay ocho puestos que no implican exigencias técnicas que vuelven utópica la posibilidad de trabajo para los fraybentinos."

 

Y en cuanto al anuncio de la empresa de que se propone capacitar a los trabajadores locales, Carrere lo contrasta con otro: que importará técnicos cuando la especificidad de los cargos lo requiera. En cuanto a los miles de empleos indirectos de que se habla, "la mayoría sólo duraría mientras se arme la planta y sobre el resto no hay pautas claras de la empresa, que ha manejado cifras muy variables en este punto".

 

Respecto a los impactos ambientales, mientras la empresa reitera que serán mínimos e insignificantes, el grupo ambientalista Guayubira señala que tendrán profundas repercusiones debido a la liberación de dioxinas y furanos –lo que transgredería el Protocolo de Estocolomo, recientemente ratificado por Uruguay–. Se verían afectados así humanos y animales, la fauna y la flora, la composición del aire, el agua del río y los suelos circundantes, y se estarían generando desequilibrios que terminarían afectando puestos de trabajo en los sectores turístico (debido a los olores pútridos y la contaminación ambiental producida), pesquero y apícola.

 

LA VERSIÓN FINLANDESA

 

Botnia ha desarrollado una profusa campaña publicitaria en los distintos medios de comunicación. En ella se compromete a "fomentar un desarrollo sostenible, mejorar continuamente sus operaciones y realizar su trabajo de modo responsable". Los objetivos de la firma, según dice, son: asegurar el éxito propio y el de sus socios a largo plazo, mejorar el bienestar de los seres humanos con sus productos y operaciones, y reducir los impactos negativos sobre el ambiente. "Estamos al corriente de los impactos ambientales de nuestras operaciones durante todo el ciclo de vida de nuestros productos", subraya la compañía. Pero en estos asuntos, "actuamos innovativa y proactivamente" y recurriendo a tecnologías "ahorradoras de materia prima".

 

Botnia se jacta igualmente de practicar una política transparente que le confiere fiabilidad empresarial. Sus actividades económicas son "responsables y planificadas", señala. La empresa sostiene que informa "con regularidad" de sus actividades y fomenta "el diálogo abierto" con las partes interesadas, que respeta las leyes y no aprueba "la corrupción ni los sobornos".

 

En sus principios de responsabilidad social declara su apego estricto a la Declaración Universal de Derechos Humanos de la onu y rechaza la discriminación, el uso de mano de obra infantil o el trabajo forzado. Su personal, por otra parte, "tiene derecho a organizarse, afiliarse en asociaciones y negociar de modo representativo".

 

¿Y LA IZQUIERDA?

 

Los proyectos de las compañías fabricantes de celulosa en Uruguay son vistos con ojos muy distintos en filas del Frente Amplio e incluso en la central sindical PIT-CNT. El futuro ministro de Economía, Danilo Astori, ha manifestado en varias ocasiones su respaldo a los planes de ambas firmas, en particular los de la finlandesa, que según él redundará en la creación de muy numerosas fuentes de trabajo y "moverán" singularmente la economía (no sólo la de la propia zona de implantación de la planta sino la nacional). Astori dijo por otra parte que el futuro gobierno respetará los contratos ya suscritos con inversores extranjeros, entre los cuales figuran las empresas de celulosa. "Estoy totalmente de acuerdo con la instalación de las plantas de celulosa, siempre y cuando cumplan con las mismas normas ambientales que rigen en sus países de origen", dijo a su vez a BRECHA el actual diputado por la Corriente Popular Carlos Pita. Pita presentó en el Parlamento un proyecto de ley, elaborado por el especialista Álvaro Debali, que equipara las normas ambientales uruguayas a las de España y Finlandia.

¿Guantes? Aquí lo que

se pone es el cuerpo

 

En el MPP, el sector mayoritario del Frente Amplio, la cautela domina. El dirigente de ese sector Aníbal Rondeau dijo a BRECHA que el tema es analizado por el Centro Antigüista de Estudios Económicos, Sociales y Culturales, cuyo informe será evaluado por la dirección del movimiento. "Aunque no nos guste, tenemos una gran superficie plantada con especies no aptas para producir madera sólida sino pasta de papel, y la celulosa puede ser una solución siempre que el procesamiento se haga mediante una tecnología limpia y confiable", apuntó Rondeau.

 

Ernesto Agazzi, diputado del mismo grupo político, señaló que el programa del Frente Amplio no se opone a industrializar la madera para fabricar pasta de papel. "Eso es una cosa, pero otra cosa es el negocio con Botnia", observó. El dirigente, que suena para ocupar un cargo en el gabinete de la izquierda, cuestionó "un modelo forestal que apunta a producir madera para exportar materia prima a un mercado internacional donde el precio es fijado por las trasnacionales, donde no existe un adecuado control del suelo y donde los derechos de los trabajadores son pisoteados". No obstante, aclaró que los acuerdos con las celulosas Ence y Botnia, como hechos consumados por el gobierno saliente, serán considerados en el marco de un análisis en el que predominarán las consideraciones técnicas.

 

Similar opinión manifestó el diputado socialista Guillermo Chifflet, quien sostuvo que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente debe "exigir a las plantas garantías de que no haya contaminación". Añadió que el tema es actualmente materia de estudio de los profesionales de la Facultad de Agronomía, donde también existen opiniones encontradas.

 

Por su parte, el dirigente sindical maderero Hugo de los Santos dijo a BRECHA que el PIT-CNT está estudiando los informes técnicos a favor y en contra, pese a que en el último congreso de la central hubo un pronunciamiento genérico en contra de la instalación, en solidaridad con los plenarios intersindicales de Río Negro y Soriano, que ya se habían manifestado en ese sentido. Se trata de hacer un análisis más profundo para adoptar posición definitiva, indicó. Otra fuente sindical que solicitó reserva de su nombre opinó que "en alguna parte del mundo tiene que haber polución. Si estos emprendimientos nos traen trabajo la tendremos que bancar".

 

 

 

1 El 20 de octubre el diario El País informaba que Botnia dispone en realidad sólo de 400 millones de dólares y que deberá tomar préstamos por otros 600 millones para completar los tan mentados mil millones.

 

 

 

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