Uruguay

Canelones y el agronegocio sojero

Vecinos invasores

 

La resistencia de los habitantes de Cuchilla de Rocha, en Canelones, al avance sojero en la zona, puso en evidencia diferencias entre el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y la intendencia canaria respecto al tipo de desarrollo productivo deseable para el departamento.

 

Che, me avisaron en el almacén que todo ese movimiento de tierra que están haciendo es para plantar soja”, le dijo un vecino de Cuchilla de Rocha a otro hace cuatro meses, cuando comenzaban los preparativos para la siembra de unas 500 hectáreas que la empresa Calpryca dedicada a la producción de pollos en consorcio con Agronegocios del Plata-ADP, empresa argentina con sede en Soriano, planean concretar en diciembre.

 

Desde ese momento, preocupados por las consecuencias que el emprendimiento tendrá en la producción familiar, en la salud y en la identidad cultural que caracteriza a esta zona ubicada a cuatro quilómetros de la ciudad de Sauce, un grupo de vecinos se reúne semanalmente en la capilla de Cuchilla de Rocha, procurando encontrar mecanismos para “frenar al monstruo”, como dicen algunos de ellos. De los encuentros participaron autoridades municipales canarias y del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). “La receptividad al planteo fue muy buena, ellos también están sensibilizados con el tema, comparten nuestro sentimiento. Pero aun reconociendo que (el del agronegocio sojero) no es el tipo de desarrollo productivo que se quiere para Canelones, no ve una solución muy fácil al tema pero se comprometieron a buscarla”, dijo a Brecha Cayetano Milesi, vecino de la zona desde hace 12 años.

 

Unas 30 personas entre las que hay apicultores, productores hortícolas y vitícolas y vecinos residentes, participan activamente, pero en las reuniones semanales han concurrido hasta un centenar de personas. Los vecinos están realizando una campaña de recolección de firmas contra la instalación del emprendimiento que lleva recogidas más de 1.250 adhesiones. Esta declaración fue apoyada unánimemente por la Junta Local de Sauce, tomada por la Sociedad de Fomento Villa Nueva que nuclea unas 160 familias y enriquecida con aportes relativos a una propuesta productiva apropiada para el departamento.

 

Vida rural amenazada

 

Javier Risso vive en Cuchilla de Rocha desde que nació hace 48 años; en su predio de nueve hectáreas produce tomate, morrón, pepino, lechuga, zapallo y boniato. Considera que la soja transgénica que se planea sembrar sustituyendo el trigo que está sembrado actualmente es “un cultivo totalmente inapropiado para esta zona y para todo Canelones. Emplazar este monocultivo en estos predios que son pequeños, de 10 o 15 hectáreas como máximo, es totalmente inviable”. Esta zona densamente poblada -según el último censo hay 1.500 habitantes- se caracteriza por la diversidad productiva: hay horticultores a campo e invernáculo, fruticultores, viticultores, productores ganaderos, de animales de granja y apicultores. “La soja estaría pegada a todos estos cultivos, por lo cual uno de los problemas importantes va a ser la fumigación. Sabemos que los controles prácticamente no existen y tiene que haber daños para poder denunciar. Para fumigar y que no haya deriva, la velocidad del viento no puede ser mayor a ocho quilómetros y yo me pregunto si estas empresas empiezan a fumigar con el viento calmo, y al poco tiempo se levanta un viento, ¿van a dejar de hacerlo?, seguramente no”, señala.

 

Cuenta este vecino que muy cerca hay productores orgánicos que corren el riesgo de que no les certifiquen la producción. Además, dice, la empresa mueve la tierra a favor de la pendiente, “entonces esas aplicaciones van a terminar en un curso de agua de la que beben animales o pueden ir directamente a un pozo, un manantial, un arroyo. En Santa Rosa, la avioneta con la que esta misma empresa fumigó pasó por arriba de la toma de agua del arroyo Las Toscas que abastece a Sauce. También fumigaron encima de la escuela 86 de esa localidad. Y vemos que en este tema no hay sensibilidad ninguna a nivel de los que tienen que tomar decisiones”.

Milesi apunta: “Si bien acá la gente usa agrotóxicos en sus campos, hay un nivel de conciencia y de cuidado con el vecino. Se respetan unos a otros; quienes aplican los productos toman recaudos -como observar la dirección y velocidad del viento- para que no se afecte la salud de la gente. Nos preocupan estas empresas que no conocen a nadie y nadie los conoce a ellos y van a hacer su trabajo sin mirar si habrá consecuencias negativas para la población”.

 

Risso había hecho un acuerdo de palabra con el consorcio para arrendarle su predio, pero al interiorizarse sobre las consecuencias productivas y sociales que provoca el agronegocio sojero, decidió dejarlo sin efecto. “Los productores chicos que arrendaron son tres o cuatro. Más de 300 hectáreas fueron arrendadas a un solo propietario”, indica. Este vecino se opone al modelo sojero porque “tiene una importante dosis de especulación”, ya que no hay inversión en la compra de tierra, pagan arrendamientos caros y por adelantado, dejando fuera de competencia a la mayoría de las producciones hortícolas o frutícolas. “Con 200 dólares por hectárea, a veces más, la oferta es tentadora”, explicó a Brecha el edil departamental del Frente Amplio (pc) Ubaldo Aita, quien dijo que como vecino de Sauce y edil departamental coincide “absolutamente con el planteo de los vecinos porque este tipo de cultivo atenta contra la vocación productiva y el tipo de organización social del lugar. La gente se va de la tierra y no vuelve. Y la vocación productiva de la zona tiene que ver con la seguridad y soberanía alimentarias. Además están involucrados recursos naturales como la tierra y el agua. Por otro lado, la producción extensiva de soja implica el uso de agroquímicos con medios mecánicos bastante difíciles de controlar al lado de un predio donde hay frutales u hortalizas. Por eso vemos la necesidad de hacernos de recursos normativos para poner un freno a estas cosas en el departamento”.

 

Discrepancia

 

La demanda vecinal pone al descubierto diferencias sustanciales entre la Intendencia de Canelones y el MGAP en cuanto al tipo de desarrollo productivo que se quiere para ese departamento.

 

Al ser consultado por Brecha, el director de desarrollo productivo de la comuna canaria, Luis Aldabe, indicó que en la intendencia están preocupados porque “esta forma de agricultura extensiva tiene sus inconvenientes en cuanto al uso del suelo y el manejo de pesticidas”, pero también implica el riesgo de desplazar la agricultura familiar. “Ni al intendente ni a la fuerza política que gobierna le interesa que este tipo de agricultura se desarrolle. Canelones siempre ha sido la granja nacional; según información de los censos agropecuarios del MGAP, tiene más de diez mil explotaciones con un promedio de 38 a 40 hectáreas, por tanto se trata de una pequeña agricultura muy poblada y trabajada por familias. Nuestro interés es que la agricultura familiar crezca y se desarrolle. Queremos una agricultura que dé trabajo a la gente, que sea conservadora de su salud y bienestar y cuidadosa del ambiente. Por eso decimos no a este tipo de agricultura que tiende a desplazar a la producción familiar y que puede causar el deterioro de los recursos naturales”.

 

En consonancia, y dando respuesta a los planteos de vecinos de Cuchilla de Rocha y de la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) en las Mesas de Desarrollo Rural,* el 23 de octubre pasado, la comuna canaria emitió una resolución (N° 08/06317) que crea una comisión especial para el estudio del uso del suelo rural en el departamento. Está integrada por los directores municipales con competencia en el tema, representantes de la Comisión de Asuntos Rurales de la Junta Departamental, de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (DINOT) y del MGAP. Contará con el apoyo técnico de la Universidad de la República y el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas y habilitará la participación de vecinos.

 

Este grupo de trabajo deberá establecer lineamientos para el uso del suelo rural y criterios sobre las tecnologías de producción a utilizar en las diferentes zonas del departamento, según sus recursos naturales, actividad productiva, residencia de su población y sustentabilidad ambiental.

 

La norma remite a la ley de ordenamiento territorial (número 18.308), que otorga potestades a las intendencias para la categorización de los suelos y su uso con un concepto de desarrollo sostenible en función de objetivos sociales, económicos, urbanísticos y ecológicos. Pero la visión de desarrollo productivo para Canelones que fomenta la intendencia canaria difiere de la del titular del MGAP, Ernesto Agazzi, quien al ser consultado por Brecha indicó que la convivencia entre la producción familiar y el monocultivo sojero “es posible y es histórica en Uruguay, donde hemos tenido una agricultura familiar combinada con agricultura más empresarial. El mapa de Uruguay está lleno de agricultura empresarial coexistiendo con agricultura familiar. La posición política del Ministerio es que la agricultura empresarial capitalista no sea la agricultura viable dejando a la vera del camino a los pequeños productores por inviables. Todos nuestros programas son para fortalecer a los agricultores familiares. Hoy hay una política de coexistencia entre muy pequeños productores de subsistencia, productores familiares y productores empresariales”.

 

Cabe destacar que según un trabajo de los docentes del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Agronomía, Pedro Arbeletche y Carolina Carballo**, en los últimos años, 47 por ciento de los productores familiares agrícola-lecheros han abandonado la agricultura debido al avance sojero.

 

Enterado de la postura municipal, Agazzi dijo a este semanario que “la intendencia no puede prohibir que un empresario plante soja. No hay herramientas para hacerlo. La soja no es mala, el problema es la forma de organizarla y la tecnología, pero hay casos de soja orgánica en Soriano, por ejemplo. Además, se habla mucho del monocultivo y casi toda la agricultura es monocultivo, como el maíz, el trigo y el girasol. Que sea monocultivo no es un pecado y que sea soja tampoco. Ahora, si se agreden los recursos naturales porque no se conserva el suelo, si se usan herbicidas a todo trapo y no se respetan los centros poblados; ahí el problema no es la soja sino una forma capitalista, angurrienta de organizar la producción que no respeta los derechos de toda la sociedad”.

 

Atendiendo a ello, y haciendo mención explícita a la producción de soja, el 21 de agosto de este año, el presidente Tabaré Vázquez firmó un decreto (405/008) que define las buenas prácticas productivas dirigidas a preservar la calidad de suelos y aguas partiendo de la base de que “las nuevas tendencias de intensificación del uso del suelo que se están dando en forma progresiva conducen a aumentar el riesgo de erosión y degradación, así como la pérdida de fertilidad y características estructurales del suelo”. La norma obliga a las empresas a presentar un plan de uso y manejo responsable del suelo.

 

Opciones Legales

 

Algunos vecinos consideran “histórica” la resolución municipal, interpretándola como una buena señal política, aunque en los hechos esta herramienta no podrá frenar el monocultivo previsto para Cuchilla de Rocha ni ningún otro que se quiera radicar en Canelones, puesto que a la comisión no se le otorgan facultades resolutivas.

 

Sin embargo, según asegura Aita, basándose en el artículo 24 de la ley de ordenamiento territorial,*** “lo que se definió a nivel de la fuerza política de Canelones en conversaciones con el MGAP y la DINOT es concretar medidas cautelares para la zona que pospongan la siembra en tanto no exista la norma definitiva que regule el uso del suelo en el departamento”. Aldabe aclaró que “si bien la ley incluye la posibilidad de adoptar medidas cautelares, eso por ahora es solamente una posibilidad y podría resolverla la comisión creada cuando estén avanzados los estudios sobre el uso del suelo. Estamos tratando de poner rápidamente la comisión en funcionamiento y paralelamente estamos trabajando en el sentido de generar información que permita nutrirla, ya que toda medida que se proponga debe tener fundamentación. Las recomendaciones que efectúe la comisión serían luego tomadas por el intendente, quien las elevaría a la Junta Departamental para su votación. De todas maneras, la ley también habilita a la Junta a adoptar esas medidas”.

 

Sin embargo Agazzi discrepa con esa posibilidad al opinar que “porque a cualquiera se le ocurra que no se pueden plantar manzanas ahí enfrente, no se va a prohibir cautelarmente la plantación de manzanas”.

 

Javier Palummo, abogado de Redes Amigos de la Tierra, ha evacuado consultas de los vecinos sobre posibles acciones legales. Según dijo a Brecha, se le podría solicitar a la justicia la adopción de medidas cautelares, pero eso requeriría “una prueba importante y una muy buena justificación ya que esa medida afectaría derechos de terceros”. Otra posibilidad, explicó, es que “un representante del Ministerio Público (fiscal) presente la acción en representación de los intereses difusos”. Según Palummo, la vía más segura y rápida para prohibir la producción de soja en Cuchilla de Rocha sería que la Junta Departamental aprobara un decreto que tendría fuerza de ley en su jurisdicción. Pero Aita admite que eso “no se ha discutido a nivel de los ediles del FA”.

  

Virginia Matos

Tomado de Brecha

17 de noviembre de 2008

 

 

 

* Ámbito de discusión creado por la ley de descentralización agropecuaria (18.126) que promueve la participación social en la instrumentación de las políticas del sector.

 

** Trabajo de investigación “Sojización y concentración de la agricultura uruguaya”, Pedro Arbeletche, Carolina Carballo. Agosto, 2006).

 

*** El artículo establece que “a partir del inicio de la elaboración de los avances de los instrumentos (legales), los gobiernos departamentales podrán establecer fundadamente, como medida cautelar, la suspensión de las autorizaciones de usos, fraccionamientos, urbanización, construcción o demolición, en ámbitos territoriales estratégicos o de oportunidad. La suspensión cautelar se extinguirá, en todos los casos, con la aprobación definitiva del instrumento respectivo”.

 

 

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