Es el
líder de la Unión de Productores de Caña de Azúcar y cuenta con
una banca en el Congreso mexicano. Este Ingeniero Industrial es
de los principales impulsores de la “Ley Cañera” y el presente
lo encuentra en la primera línea enfrentando la intención del
Presidente Fox y del Ejecutivo de vetar la ley. La marcha del 27
marcó una inflexión en el Gobierno que en su afán por no
publicar la ley estira los plazos, y ahora, propone dialogar.
-¿Cuáles son los principios de vuestra lucha por
mantener la “Ley Cañera” en México?
-El contar con la
Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, a la que
coloquialmente llamamos “Ley Cañera”, es un generador de
certidumbre y de tranquilidad, es un motor de desarrollo
regional en los 227 Municipios dentro de 15 estados de la
República, en una superficie de 700 mil hectáreas que son
cultivadas con la caña. Alrededor de la caña se han construido y
desarrollado pueblos enteros.
Como representante
popular y como dirigente de los productores de caña nuestro
interés, más que garantizar un ingreso al productor de caña, es
garantizar la posibilidad de desarrollo en las regiones a través
de la industria de los edulcorantes de la caña de azúcar o bien
de la diversificación productiva de la caña como materia prima.
En particular, la
ley mandata al Gobierno de México a que establezca un Programa
Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar con metas y
objetivos de carácter estratégico para que en una visión de
corto, mediano y largo plazo lleve el encauce y el desarrollo de
esta importante actividad, que en términos económicos representa
el 0,5 por ciento del Producto Interno Bruto de México. Ese
Programa Nacional, con un planteamiento integral del sector
permitiría, como lo establecen las leyes mexicanas, que el
Gobierno sea rector económico del sector que debe proyectarse
concebido como motor de desarrollo regional y no como el actual
esquema denominado Sistema-Producto. Así están el
Sistema-Producto-Caña, el Sistema-Producto-Guayaba, el
Sistema-Producto-Naranja, que son esquemas de direccionamiento y
de entrega discrecional de los subsidios gubernamentales. En el
caso particular de la caña de azúcar en México no goza de ningún
subsidio directo para su producción. Por tanto, el esquema de
Sistema-Producto no cumple con las necesidades y especificidades
de la caña de azúcar.
La Ley también es
bondadosa para el sector de la agroindustria en su conjunto
porque genera bases normativas para una relación racional entre
los productores de caña y sector industrial. Promueve una
reconversión organizativa de los productores agrícolas y sus
gremios para que estos tengan una visión de valor agregado y
puedan mantenerse en un proceso de mejora continua, tanto como
productor como para la conformación y solidificación de la
estructura gremial.
La Ley impulsa la
investigación y el desarrollo tecnológico y contribuye a la
competitividad y a la diversificación productiva basada en la
caña de azúcar como materia prima.
-¿Qué rol juega
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en la
intención del Presidente Fox y del Poder Ejecutivo de vetar esta
ley? ¿Cuáles son los riesgos si la ley cae?
-El Gobierno Federal
desde el año 2000 entró con una plataforma de compromisos
políticos que lo han llevado a plantear que los productos del
campo deben funcionar sobre la base de la oferta y la demanda.
Sin embargo, en nuestro país se ha hecho liberalización de los
mercados pero no ha habido el mismo ejercicio para liberalizar
en otras economías como la Unión Europea, América del Norte y
Brasil en particular, donde emergió la producción de azúcar,
caña de azúcar o remolacha azucarera generando una serie de
precios de excedentes que distorsionan la realidad de los costos
de producción. Y el gobierno mexicano ha pretendido que la
liberalización entre de una manera descarnada en la economía
nacional. La “Ley Cañera” genera un esquema de racionalidad
dando una apertura social a esa apertura indiscriminada de los
mercados.
Días pasados
platicamos con Don Enildo Iglesias y le comentamos que los
argumentos del Gobierno para no publicar la ley ni para hacerle
observaciones son para dilatar la posible entrada en vigor de la
ley dados los tiempos políticos del país y así alargar más de un
año la posibilidad de contar con esta ley, coincidiendo con las
elecciones presidenciales de 2006. Eso traería como consecuencia
el desánimo de los productores, perder una zafra de manejo
ordenado y el riesgo de un abuso monopólico del sector
industrial.
Dadas las
características del cultivo y que en algunos casos miles de
productores abastecen a un solo canal que es el ingenio, se
estaría generando una condición de carácter monopólico en la
compra de la materia prima. El propio Secretario de Agricultura,
Javier Usabiaga, luego de la gran marcha del miércoles 27 de
julio ha reconocido que la actividad requiere, así lo dijo él,
de un marco normativo que garantice la transferencia de rentas
entre el sector primario y los ingenios de la industria
azucarera.
En este caso creo
que la marcha genera un reflejo de la realidad, de lo que se
vive en el campo cañero y parece ser que provocó una búsqueda de
diálogo por la parte que había estado muy cerrada, la del
Gobierno Federal.
Ninguno de los
argumentos que ha expuesto el Gobierno Federal mexicano ha sido
de carácter jurídico, en contra de la Ley. La Ley elaborada por
el Congreso mexicano está apegada a la Constitución y a las
leyes que de ella emanan y que están relacionadas con el sector.
La argumentación ha
buscado distorsionar la realidad, rayando en la difamación y la
calumnia, y llevar esto a una arena política, eso nos ha hecho
pensar mal, aquí en México tenemos un dicho que reza, “piensa
mal y acertarás”. Cuando la contraparte de la negociación no
aduce razones de sustento firme, y jurídicamente sustentadas
parece que encubre algo. El mercado mexicano de azúcar es el
séptimo mayor mercado del mundo; somos 106 millones de mexicanos
altamente demandantes de edulcorante; una buena parte de las
calorías que consume el mexicano provienen de edulcorantes.
Entonces, ese mercado cercano a los 6 millones de toneladas de
edulcorantes parece ser que lo quieren compartir con empresas
transnacionales, con empresas que no vienen a generar empleo en
la cantidad que sí lo hace la caña de azúcar en México. Y
hablamos de 2,5 millones de empleos directos e indirectos que se
generan a partir de la caña de azúcar.
Por otra parte,
sentimos que la política de la Secretaría de Agricultura es una
política que la podríamos catalogar de reduccionista, que en
lugar de impulsar al sector busca acotarlo a efectos de generar
una estructura de mercado donde se le abre un espacio al jarabe
de maíz de alta fructosa, que aquí en nuestro país es importado
o es elaborado en México con maíz importado.
-¿Cuáles son los
próximos pasos, habrá nuevas movilizaciones?
-La movilización
trajo, como te decía, algunos diálogos ya ese mismo día con la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA). La marcha más que tensionar sirvió para
distender, permitió que el Gobierno Federal por lo menos
mostrase un ambiente más receptivo. De hecho hubo una reunión
con diputados federales de la Comisión de Agricultura y estamos
contemplando reunirnos este martes 2 de agosto nuevamente.
Inclusive, cabe la posibilidad de reunirnos esta semana con la
Secretaría de Gobernación que es el órgano encargado de la
política del país. Creo que la interlocución de otros actores
del Gobierno Federal va a volver esto muy importante.
La agenda de
movilizaciones debe ser dinámica y debe irse conformando según
sea necesario apretar o aflojar. Está contemplado que en los
próximos días se hagan paros y movilizaciones en cada una de las
oficinas de la SAGARPA en las capitales de los 15 estados
productores de caña. Eso está planeado, programado pero están en
función de todos estos diálogos que se lleven a cabo esta
semana. La Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar y la
Unión Nacional de Cañeros, las dos uniones de cañeros, seguimos
una estrategia conjunta. Somos agrupaciones que tenemos orígenes
distintos pero objetivos similares, y agradecemos además el gran
apoyo del movimiento obrero azucarero de nuestro país que
también manifestó con nosotros con la presencia de Don Enrique
Ramos, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la
Industria Azucarera. Eso fue muy importante.
-¿Cómo está
conformado el bloque político que defiende la “Ley Cañera” en el
Consejo de la Nación?
-En el Consejo de
México están representados las siguientes fracciones
parlamentarias: El Partido Revolucionario Institucional (PRI),
el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido Verde
Ecologista (PVEM), el Partido Convergencia por la Democracia (PCD)
y el Partido del Trabajo (PT); estos 5 grupos parlamentarios
fuimos los que aprobamos en el Congreso la “Ley Cañera”, tanto
en Cámara de Diputados como en el Senado. Del Partido Acción
Nacional (PAN), que es el que está en el Gobierno, algunos
diputados y senadores han manifestado simpatía en relación con
la Ley de la Caña de Azúcar, no siguiendo la línea
gubernamental. Pero sí debemos reconocer que el PAN
mayoritariamente está en contra de la ley. Creo que esta Ley la
ven más como una plataforma política que como plataforma
económica, y esto les estaría echando mucha gente en su contra.
De hecho hay muchas instancias en que no podemos entender hacia
donde quiere llevar al país este gobierno, y este es uno de
esos casos.
-¿Cómo está
percibiendo a la sociedad mexicana, en general, respecto a este
conflicto?
-Quisiera
reflexionar y hacer un llamado de atención, principalmente, a la
sociedad mexicana que vive en las regiones donde se produce y se
transforma la caña de azúcar, dejando en claro que esto que
hemos venido reclamando los productores de caña por conducto de
ellos mismos y sus agrupaciones locales y nacionales es un
reclamo justo. Es un reclamo legítimo para un producto tan
importante como la caña de azúcar que le da empleo de manera
directa a 450.000 personas en 15 estados de la República. Que a
partir de esos empleos directos también se generan alrededor de
2 millones de empleos de carácter indirecto, vinculados al
azúcar, a la caña, a todo el sector, por servicios, por
aprovisionamientos, por insumos, por comercialización, etcétera.
Además la derrama económica que la agroindustria significa en
las regiones productoras se ve seriamente amenazada porque no
existe una normativa, una reglamentación, como es esta “Ley
Cañera” que el Congreso mexicano aprobó después de un proceso
cercano a los 4 años y medio, desde la iniciativa hasta la
concreción de la Ley en el Congreso.
El anuncio del veto
presidencial es una dilación que busca cancelar la posibilidad
de la ley más que pretender introducirle observaciones. Por lo
tanto el reclamo que hacemos, y la propuesta que hacemos es que
se publique la ley. Y en ese acuerdo de publicar la ley estamos
dispuestos a asumir compromisos que incluyan por la vía
legislativa en la Ley Cañera las observaciones, los puntos de
vista que el Gobierno Federal considere que pudieran abonar y
hacer más eficiente la aplicación y la viabilidad de esta ley.
-Este conflicto
está despertando acciones de solidaridad a nivel nacional e
internacional. ¿Qué quiere expresar al respecto?
-En la Unión
Nacional de Cañeros tenemos un contacto abierto a todo el mundo
a través de nuestra página en internet,
www.caneros.org.mx. Cualquier comunicado, cualquier
manifiesto que quieran hacer llegar a la sociedad mexicana
podemos recibirlo por esa vía. También vale el manifiesto
directo de queja al Gobierno mexicano o de apoyo al Congreso de
la unión para que continúe respaldando a este importante sector.
Y agradecemos a la
Secretaría Regional Latinoamericana de la UITA la nota enviada
al Presidente Fox y la campaña de solidaridad internacional que
está desarrollando, así como a todos los trabajadores y pequeños
productores del continente vinculados al campo.
Rubén Yizmeyián
©
Rel-UITA
1 de
agosto de 2005
*
Diputado Nacional por el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) y Presidente de la Unión Nacional de Cañeros
A. C. de la Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR)
