Cerca de 25 mil integrantes de la industria cañera provenientes de 15 estados de la República marcharon ayer por la mañana en el Distrito Federal en demanda de que el gobierno federal no vete la ley cañera,

lo que afectó las principales arterias de la ciudad.

A las 8:40 horas del miércoles, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal contabilizó alrededor de 10 mil cañeros.

Conforme la manifestación transcurría, los participantes aumentaron a 25 mil, según los últimos reportes de las autoridades.

Debido a que el contingente avanzaba a paso lento y alcanzó una longitud de un kilómetro y medio aproximadamente, miles de ciudadanos se vieron afectados.

La movilización fue en protesta porque el gobierno Federal decidió vetar el decreto cañero que, según los dirigentes cañeros, consiste en garantizar un buen precio a los productores de caña y tener un contrato de compra-venta, para no quedar directamente en manos de los industriales.

La Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar fue aprobada el pasado 17 de marzo del presente por la Cámara de Diputados, aunque el jefe del Ejecutivo anunció que la vetaría.

Organizaciones de cañeros han acusado al primer mandatario de pretender con la no publicación de la ley "darle entrada a organismos extranjeros para introducir alta fructuosa para dañar a la industria azucarera nacional".

Por su parte, el secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, llamó a los cañeros que se manifestaron frente a la dependencia federal y a sus dirigentes, privilegiar el diálogo y la negociación, y abandonar la "cultura de la presión" como mecanismo para resolver los problemas.

Dijo que el gobierno federal estará "siempre" para escuchar sus planteamientos y construir con ellos, aseveró, un instrumento de certidumbre, que dé seguridad al sector cañero.

Dijo que expresiones hechas por algunos de los oradores en la manifestación del miércoles fueron de carácter "eminentemente políticos", y por ello demandó anteponer el interés nacional al de cualquier otro tipo. "Sobre todo, tratándose de un sector tan sensitivo en la estructura social y tan amenazado por la apertura comercial y por la competencia de sustitutos del azúcar", aceptó Usabiaga, en conferencia de prensa, en Los Pinos.

"Al Poder Legislativo le corresponde la elaboración de leyes, sin embargo, la responsabilidad del Ejecutivo es su promulgación, siempre y cuando éstas satisfagan el interés nacional y cumplan en todos sus puntos con las leyes fundamentales y secundarias de nuestro marco jurídico", explicó.

Dijo que las marchas y manifestaciones son formas de expresión que han sido comunes en el sector cañero nacional, pero conminó a abandonar la "cultura de la presión".

Argumentos

El Presidente de la República ha señalado inconsistencias de la ley cañera.

En diversas reuniones ha quedado de manifiesto el grave riesgo que para la viabilidad y supervivencia de la agroindustria del azúcar tiene el proyecto de Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

La ley provocó que 10 de los 11 inversionistas que adquirieron las bases de la licitación de los primeros cuatro ingenios puestos a la venta por el gobierno decidieran no presentar ofertas por la desconfianza que les generó la posible aplicación de ley cañera.

La ley reinstala las "aberraciones legales", económicas y sociales que contenía el derogado Decreto Cañero, que en las últimas tres décadas llevaron a la quiebra en dos ocasiones a los ingenios privados.

La ley aparenta proteger a los productores a través de esquemas paternalistas del pasado, sin considerar productividad y eficiencia.

Alejandro Baltazar y José Luis Ruiz

El Universal

28 de julio de 2005