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El conflicto se inició a comienzos de 2004, casi en el mismo
momento en que la dirección de la empresa pasó a manos
del grupo Lindley, fabricante en Perú de Inka Cola.
Entre las primeras medidas de los nuevos gerentes se concretó
el cese colectivo de trabajadores de Eventos y Ventas.
Una medida similar tomada años atrás en Inka Cola
había facilitado el debilitamiento del sindicato.
De acuerdo a la legislación peruana, ante situaciones de cese
colectivo la empresa debe presentar informes
económicos que demuestren que es la plantilla laboral
la responsable de las dificultades de la firma. Eso es
lo que ha quedado demostrado, una y otra vez, que es
falso. En realidad son los ineficientes manejos
directrices y los desmedidos gastos publicitarios los
que originan los problemas de la empresa. Sin embargo,
la actual dirección sigue empecinada en trasladar los
costos de su ineficiencia a la vida de sus operarios
y, burlándose sistemáticamente de las resoluciones de
la Justicia Laboral, persiste en el cese colectivo.
En setiembre de 2004 los trabajadores de Coca Cola en Perú
fueron a una huelga reclamando una negociación seria.
Inmediatamente de comenzada la misma los trabajadores
nucleados en las proximidades de las plantas fueron
agredidos por la policía en el marco de un operativo
que no se compadecía con el carácter pacífico de la
medida. Mientras la policía reprimía a los
trabajadores, los guardias de seguridad aprovechaban
para sacarles, quizás como trofeos de guerra, sus
banderas y distintivos sindicales. El nivel de
impunidad era tal que los propios responsables del
operativo policial reconocían que no podían hacer nada
para recuperar los objetos porque se encontraban en el
interior de la empresa.
Las gestiones del Ministerio de Trabajo permitieron abrigar
la esperanza de que las negociaciones serían retomadas
y eso posibilitó el levantamiento de la huelga. No
obstante, los meses han pasado y la empresa sigue
desconociendo el cúmulo de fallos contrarios y no
cumple lo que los jueces establecen.
Ante esa situación el lunes 7 SINATREL (Sindicato Nacional de
Trabajadores de Embotelladora Latinoamericana)
presentó ante el ministerio el plazo de huelga. La
decisión de cesar el trabajo fue tomada por la mayoría
absoluta de los obreros permanentes de la empresa y se
hará efectiva a partir del miércoles 16 a las 7 de la
mañana. Aún queda la esperanza de que las autoridades
peruanas obliguen a Coca Cola a respetar el marco
legal y no provocar conflictos innecesarios.
Ariel Celiberti
©
Rel-UITA
14 de marzo de 2005
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