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El conflicto 
laboral iniciado hace nueve meses en la planta de Inalca-JBS (Gruppo Cremonini) 
en Castelvetro, Italia, llega ahora a la sección del Trabajo del Tribunal de 
Modena. Después de rehusarse a firmar una propuesta de la compañía que 
consideran altamente insatisfactoria, para la renovación del convenio colectivo 
que expiró hace casi dos años, la FLAI/CGIL y FAI/CISL demandaron a Inalca/JBS 
por su postura antisindical y por haber violado el 
convenio colectivo nacional 
italiano para el sector agroalimentario. 
  
Para conocer cómo se llegó a esta situación, Sirel conversó con 
Umberto Franciosi, secretario provincial de la FLAI/CGIL 
en Modena, 
Italia. 
  
-En abril de 
2010 se reanudó la mesa de negociaciones con Inalca-JBS. ¿Que ocurrió después? 
-Recordemos 
que en diciembre de 2008 expiró el Convenio Colectivo en la planta de Inalca-JBS 
en Castelvetro de Modena. Ante la mísera propuesta de la compañía se rompió la 
mesa de negociaciones e implementamos fuertes iniciativas de lucha, que llevaron 
a la reanudación del diálogo. 
  
En mayo del 
año en curso, la UILA/UIL decidió aceptar una propuesta de la compañía, 
que la FLAI/CGIL y la FAI/CISL consideramos económicamente 
inaceptable y violatoria del Convenio Colectivo nacional para el sector. 
  
-¿Cuáles son 
los contenidos que rechazan de la propuesta? 
-El Convenio 
Colectivo nacional prevé que todos los convenios a nivel de planta que expiran 
antes del 30 de noviembre de 2010, deben ser renovados basándose en cantidades 
económicas no inferiores a las del antiguo convenio. 
  
En este caso, 
el acuerdo que rehusamos firmar incluye cantidades económicas inferiores al 
convenio que expiró en diciembre de 2008. En algunas áreas, como en la de 
producción de hamburguesas, la reducción económica fue casi de la mitad. 
  
También se 
hizo efectivo un mísero aumento de 258 euros para 2010 y 2011. Una limosna para 
una compañía de esta dimensión, que además los va a distribuir a través de 
‘bonos’ para la compra de gasolina. 
  
Siempre hemos 
rechazado esta forma de pago, porque es una argucia del sector empresario para 
no pagar las cotizaciones del seguro social y de esta manera bajar el costo del 
trabajo. 
   
La mayoría de 
los trabajadores extranjeros, que son muchos en la planta de Castelvetro y que 
no tienen auto, tuvieron que vender estos ‘bonos’ a un valor mucho más bajo y se 
desató un verdadero ‘mercado negro’ de bonos. 
  
-¿Qué 
ocurrió después de la firma del nuevo Convenio Colectivo? 
-Pese a la 
baja afiliación que tiene en la planta, la UILA-UIL convocó a un 
referéndum, para que los trabajadores se expresaran sobre el acuerdo firmado. 
Pedimos que fueran las Representaciones Sindicales Unitarias (RSU) a 
hacerlo, pero no quisieron. 
  
El proceso se 
caracterizó por el insólito activismo de dirigentes de la Inalca-JBS y 
jefes de área en la promoción de la consulta, en abierta violación del Estatuto 
de los Trabajadores.  
Hubo también 
una extraña participación masiva de los empleados que nunca han participado en 
procesos de consulta. Al final, el 62 por ciento de los votantes apoyaron el 
acuerdo. 
Ante todas 
estas irregularidades, la FLAI/CGIL y FAI/CISL decidimos demandar 
a la compañía. 
  
-¿Cuáles son 
las acusaciones contra la compañía? 
-El Estatuto 
de los Trabajadores prohíbe que el empleador interfiera en las actividades 
sindicales. Tiene que mantener una posición super partes y en este caso 
tenemos las pruebas que no fue así. 
  
Desacreditó la 
imagen de nuestras organizaciones sindicales al no aplicar el Convenio Colectivo 
Nacional y ejerció presiones, para que los trabajadores votaran a favor del 
nuevo convenio en el citado referéndum. 
  
Para nosotros 
es evidente que el objetivo es aislarnos y acabar con nosotros. Ahora será el 
juez quien decidirá sobre esta actitud de la transnacional, que para la FLAI/CGIL 
y la FAI/CISL es claramente antisindical. 
  
-La FLAI/CGIL 
también denunció la falta de transparencia de la compañía acerca de la situación 
económica... 
-A lo largo de 
más de un año de negociación, Inalca-JBS sostuvo estar viviendo una fase 
muy delicada, debido a la crisis económica mundial.
Sin 
embargo, descubrimos 
que la compañía va a tener un Margen Operativo Bruto en 2010 de casi 100 
millones de euros, y que el déficit se redujo de forma sustancial entre 2008 y 
2009. 
  
Por ello, 
solicitamos una reunión para dialogar sobre la situación económica de la 
empresa, la situación ocupacional, las inversiones y sobre todo, sobre el 
conflicto que se ha desatado entre el Gruppo Cremonini y la 
JBS, pero ni siquiera se nos respondió. 
  
-¿Cuáles son 
los términos del conflicto entre las dos compañías? 
-Hay varias 
acusaciones de ambos lados. Se están ventilando demandas en los tribunales y un 
arbitraje. JBS 
pidió la liquidación de la joint-venture, lo cual nos tiene sumamente 
preocupados. 
  
Esperamos que 
prevalezca el sentido de responsabilidad de las dos partes, porque aquí está en 
juego el futuro de 1.000 trabajadores y trabajadoras.   
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