En
República Dominicana los empresarios se niegan a aumentar el
salario mínimo nacional con argumentos muy pocos convincentes, a
pesar de que reconocen que la crisis económica afecta enormemente a
los trabajadores y trabajadoras. Según ellos, si se aumentara el
salario mínimo -que no ha tenido ningún incremento en los últimos
dos años- tendrían que despedir a cientos de operarios, y en lugar
de darles una solución se les estaría ocasionando un problema mayor
con la pérdida del empleo.
Los
empresarios saben que el movimiento sindical dominicano es débil y
que lo poco que existe está dividido, por lo tanto, no tiene la
suficiente fuerza para darles una respuesta contundente.
A
río revuelto…
Recientemente, los representantes del empresariado enviaron una
carta al presidente del Senado de la República solicitando que se
modifique el Código de Trabajo vigente, cuya última reforma se hizo
en 1992, con la intención de eliminar las prestaciones laborales,
flexibilizar los horarios y cambiar la jornada laboral para que las
horas trabajadas sean contabilizadas mensualmente en lugar de
semanalmente como es en la actualidad. De esa manera, se estaría
eliminando el pago de las horas extras con el argumento de que ello
es necesario para mantener la competitividad con otros países de la
zona.
Esta aberración encontró la oposición de casi todos los sectores de
la sociedad, incluyendo a algunos empresarios y al actual
vicepresidente de la República, el doctor Rafael Alburquerque,
especialista en derecho laboral, consultor de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y ex Ministro de Trabajo,
cargo que ocupó durante nueve años.
Alburquerque
dijo que los derechos adquiridos y las conquistas de los
trabajadores hay que preservarlos a cualquier costo, y que los
empresarios no pueden pretender aumentar sus riquezas matando de
hambre a sus trabajadores. Ante tanto repudio, los empresarios no
han vuelto a tocar el tema, pero ganas no les faltan.
Nestlé da un zarpazo al bolsillo de sus trabajadores
Entre las empresas que intentan justificar todo con la crisis
económica mundial se encuentra Nestlé, que por primera vez
desde que llegó al país en 1970 les ha planteado a sus trabajadores
que la negociación colectiva, que venció en marzo, tendrá que
posponerse hasta el próximo año.
Simultáneamente, entregó a sus trabajadores una bonificación por
utilidades correspondiente a 2008 totalmente reducida, con base en
el 10 por ciento de las utilidades y no según lo habitual: 45 días
de salario para aquellos trabajadores con menos de tres años de
antigüedad y 60 días para aquellos con más de tres años de
servicios, como lo venía haciendo desde 1970, lo que constituye una
violación al derecho de uso y la costumbre, que en materia laboral
se considera ley.
Nestlé
fundamentó esta medida en que tuvo grandes pérdidas durante 2008,
que provocaron el cierre de la planta de helados.
Para comprobar esos dichos, el sindicato de la planta Nestlé
de San Francisco de Macorís le ha solicitado los estados de cuentas
de las operaciones durante 2008; además, pedirá a la Dirección
Nacional de Impuestos Internos los resultados de la auditoria que
dicho organismo realizará en Nestlé. Si ambas cifras no
coincidieran el sindicato iniciaría acciones en los tribunales del
país.
Este comportamiento de Nestlé demuestra que no ha actuado de
buena fe con sus trabajadores, porque cuando tuvo grandes ganancias
no las compartió con ellos entregándoles el 10 por ciento, como ha
ocurrido esta vez, sino que les aplicó la fórmula habitual.
Este precedente señala el reto que tiene por delante el movimiento
sindical -y especialmente los sindicatos de la Nestlé-, ya
que la intención del empresariado es eliminar todos los beneficios
que los trabajadores tienen consagrados en el Código de Trabajo y en
los Convenios Colectivos.
