La aprobación del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Centroamericana y República Dominicana (DR-CAFTA por sus siglas en inglés) en la Cámara de Representantes de Estados Unidos por una estrecho margen –217 contra 215– abre una serie de interrogantes en los propios sectores empresariales, y por supuesto en amplios sectores de Centroamérica y América Latina que consideran que constituye una "bomba de tiempo" pues las política de libre mercado agravará los problemas de empleo, intensificando además la migraciones hacia Estados Unidos.

Para Estados Unidos el DR-CAFTA no es representativo desde el punto de vista económico pues las exportaciones anuales de los 6 países involucrados en el Tratado (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana) hacia Estados Unidos no representan sino un mes de exportaciones de China a este último país. Para el gobierno de George W. Bush la aprobación del DR-CAFTA tiene una connotación más bien política e incluso ideológica: significa avanzar en la imposición dogmática "de la agenda del libre mercado" en el contexto global, tratando de influir en la próxima rondas de negociaciones de la Organización Mundial de Comercio.

Mientras sectores industriales brasileños ven con preocupación las dificultades en la aprobación del DR-CAFTA y las posiciones "proteccionistas" que tienen fuerte peso en el congreso norteamericano, algunos representantes de los países andinos (Ecuador, Colombia y Perú) creen que esto facilitará las negociaciones del TLC con la potencia del Norte.

En tanto Bush, quien estuvo presente en la sesión del Congreso para presionar para su aprobación, prometió que el Tratado significará para Estados Unidos dividendos de "seguridad, estabilidad y libertad", varios analistas advierten que el DR-CAFTA se convertirá en boomerang para Estados Unidos pues la quiebra de las economías centroamericana provocará un mayor éxodo de migrantes que tratarán de ingresar por cualquier vía a Estados Unidos.

Con el DR-CAFTA se afectará al sector agrícola de la subregión pues se eliminan los aranceles de más de la mitad de las actuales exportaciones agrícolas de Estados Unidos a la región incluidos cortes de carne de alta calidad, algodón, trigo, muchas frutas y vegetales y alimentos procesados. Así mismo, las empresas estadounidenses tendrán libre acceso para invertir en sectores clave como las telecomunicaciones, mensajería informática, turismo, energía, transporte, construcción, servicios financieros, seguros, etc. A cambio de ello, los países centroamericanos y la República Dominicana obtienen muy poco: la ampliación de su cuota de azúcar a 1,2% de la producción azucarera estadounidense total, la que se elevará al 1,7% en 15 años. ¡Este "sacrificio" de Estados Unidos equivale a un solo día de la producción norteamericana total!

Pero el DR-CAFTA no es todavía un capítulo concluido. Si bien ha sido ratificado por los congresos de El Salvador, Guatemala y Honduras, aún está pendiente que lo hagan Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana. Y ciertamente en estos últimos tres países, para las élites pro-norteamericanas conseguir el si de los parlamentos no es tan fácil como comerse una hamburguesa y una Coca Cola, por la fuerte oposición popular que existe.

En Nicaragua el dirigente del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Daniel Ortega, dijo que el DR-CAFTA es la condena a muerte para los productores nicaragüenses y que los 38 legisladores del FSLN no lo ratificarán en la Asamblea Nacional. La aplicación del TLC afectará sobre todo al sector rural. Según un estudio, cerca de 700.000 mil familias y unos 200 mil productores agrícolas se verían perjudicados. La legisladora sandinista Alba Palacios sostiene que Nicaragua y Costa Rica deben negociar una gracia de cinco años para ser parte del TLC y asegura que la ratificación puede extenderse hasta el 10 de enero del 2006. Bush pretende que el CAFTA entre en vigencia el 1 de enero del próximo año. Los congresistas del Partido Liberal Constitucionalista, del gobierno y de Camino Cristiano están dispuestos a darle vía libre al TLC e incluso amenazaron con destituir al presidente de la Asamblea, el sandinista René Núñez, en caso de que no ponga el tema en la agenda legislativa.

En Costa Rica, el Ejecutivo aún no ha enviado el proyecto del TLC para su ratificación. Organizaciones sociales agrupadas en el Movimiento Cívico Nacional advirtieron que llamarán a la rebeldía social y a la desobediencia nacional si así procede el gobierno. Además de los sindicatos, se oponen al DR-CAFTA, sectores empresariales, los arroceros, los estudiantes, los ecologistas, los cooperativistas, las asociaciones de desarrollo. Los arroceros, por ejemplo, dicen que es el sector más afectado y que el grupo negociador, a última hora, lo comprometió en el acuerdo cuando en principio dijo que no sería incluido.

Unas 160 organizaciones dominicanas pidieron al Parlamento que no ratifique el TLC ya que tendrá efectos devastadores para la economía especialmente en el sector agrícola, las finanzas públicas, el empleo y la salud de la población. Otras 15 organizaciones, igualmente, anunciaron medidas de hecho para rechazar el nuevo proyecto de recolonización. Varios legisladores han anunciado que ratificarán el DR-CAFTA luego de que el gobierno apruebe medidas compensatorias en beneficio de los productores nacionales.

Eduardo Tamayo

Servicio Informativo Alai-amlatina

3 de agosto de 2005