El próximo 7 de octubre Costa Rica decidirá mediante un plebiscito si acepta o rechaza el Acuerdo de Libre Comercio de América Central con Estados Unidos (CAFTA, por sus siglas en inglés) que ya fue ratificado por los demás países de América Central y República Dominicana. De acudir a las urnas por lo menos 1 millón de votantes, es decir el 40 por ciento del electorado habilitado, la decisión tendrá carácter vinculante

Defendido por el gobierno del presidente Óscar Arias como parte de una política comercial internacional que busca profundizar los vínculos bilaterales con otros países a través de una serie de Tratados de Libre Comercio, el proyecto de TLC con Estados Unidos es visto por otros como una ruptura política y una entrega del Estado y sus posiciones monopólicas en varias áreas de la economía. Hasta ahora, Costa Rica ha firmado TLC con México, República Dominicana, Chile, Canadá y Trinidad y Tobago, y está negociando actualmente un acuerdo con Panamá.

Según la página oficial del Ministerio de Comercio Exterior, “Costa Rica es una economía pequeña, altamente dependiente del comercio y la inversión. En este sentido, ha desarrollado un exitoso y activo proceso de apertura de su economía, y le ofrece la mayor importancia a la continuidad de la integración en la economía mundial como medio para crear oportunidades de desarrollo y crecimiento”.

Muchos se preguntan si la firma de un TLC con Estados Unidos creará esas oportunidades para todos.

No hay CAFTA sin UPOV

La firma de un TLC podría poner en peligro la continuidad de la producción tradicional de miles de pequeños campesinos, ya que habitualmente han obtenido las semillas necesarias para su producción sin costo, con la ayuda de los llamados “santuarios de semillas” comunitarios, pero si el CAFTA se hiciera realidad deberán pagar elevados precios para comprarlas.

Con la ratificación de ese acuerdo, Costa Rica reconocería automáticamente el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, cuya supervisión está en manos de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), una organización interestatal con sede en Ginebra (Suiza). El acuerdo UPOV se celebró en 1961, en París, y fue enmendado en 1972, 1978 y 1991. Según su propia definición, tiene como objetivo profundizar el desarrollo del derecho a la propiedad intelectual de forma tal que proteja las obtenciones vegetales y fomente el desarrollo de nuevas variedades.

Sin embargo, algunos críticos denuncian que la UPOV protege principalmente a las grandes compañías transnacionales, que se sirven de la ingeniería genética para modificar las semillas y luego patentarlas. Hasta el momento esta opinión fue compartida por la mayoría del Parlamento costarricense, que se negó a refrendar la UPOV. De aprobarse el CAFTA esta decisión se volvería obsoleta.

Según datos de ETC Group, en 2001 el 74 por ciento de las patentes agrícolas ya estaban en manos de seis compañías gigantes: Pharmacia (que hasta 2002 incluía a Monsanto) tenía 25 por ciento; DuPont el 20 por ciento; Syngenta (fusión de Novartis y AstraZeneca) el 13 por ciento; Dow el 11 por ciento; Aventis (fusión de Hoechst y Rhone Poulenc) el 6 por ciento y el grupo Pulsar el 3 por ciento restante. En 2005 el negocio global de las semillas generó ganancias por valor de 7 mil millones de dólares a las 18 empresas de “ciencias de la vida” más importantes.

Pero, ¿UPOV no ofrece la opción de que los campesinos patenten sus propias semillas? Silvia Rodríguez, experta ambiental y profesora emérita de la Universidad Nacional de Costa Rica, considera que no: “Incluso si los campesinos quisieran, no sería posible. Porque ningún pequeño productor tiene los medios suficientes para cumplir los criterios de la UPOV. Además, los campesinos no estarían interesados, ya que su cultura se basa en la solidaridad. Cuando deciden mejorar las semillas, lo hacen para compartirlas con los vecinos, incluso con los más lejanos”.

Hace siglos la mejora de las semillas, el intercambio con los vecinos y la siembra del período siguiente forman parte de las actividades tradicionales de los campesinos de América Central, entre los cuales hay muchos indígenas. Esta tradición, este derecho de los campesinos, corre ahora peligro de convertirse en un delito.

Por lo visto, firmar un TLC puede cambiarle la vida a mucha gente.