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En
el marco de la semana de movilizaciones a nivel
planetario del Foro Social Mundial, las
organizaciones centroamericanas que integran la
“Campaña Regional contra la Flexibilidad Laboral”
han organizado la videoconferencia “El estado de los
Derechos Humanos Laborales desde la implementación
del TLC con Estados Unidos”, Sirel participó como
invitado para cubrir el evento.
La actividad contó con la participación de organizaciones
sociales y sindicales de Guate-mala, El
Salvador, Nicaragua, Costa Rica y
Panamá, con el objetivo de unir esfuerzos y
voces de resistencia contra la violación a los
derechos laborales que se siguen perpetrando en la
región. Honduras no pudo participar por
motivos técnicos de enlace.
El controvertido TLC entre Estados Unidos,
Centroamérica y República Dominicana
(CAFTA-DR) ya cumplió más de dos años y para
los movimientos sociales y sindicales ha llegado el
momento de hacer un análisis de los impactos reales
que ha tenido sobre la clase trabajadora.
Los participantes en la videoconferencia arrojaron datos muy
preocupantes, que obligan a intensificar las
acciones en defensa de los derechos laborales y
sindicales en toda la región.
Para Roger Barrantes, de la Confederación Sindical de
Trabajadores “José Benito Escobar” (CST-JBE)
de Nicaragua, “en nuestra región, la
problemática en materia de violación a los derechos
laborales lejos de disminuir va incrementándose. En
el caso concreto de Nicaragua, el tema de la
flexibilidad laboral está produciendo daños muy
graves a las y los trabajadores. Cuando, por
ejemplo, escuchamos las constantes violaciones a los
derechos laborales y sindicales en las maquilas - continuó
Barrantes- debemos entender que es uno de los
sistemas de producción que más está siendo
privilegiado por los TLC y que trae graves
consecuencias, no solamente para los trabajadores de
este régimen, sino para todos los ámbitos
laborales”.
Para el responsable de Relaciones Exteriores de la CST-JBE,
estas constantes violaciones en las maquilas
crean un efecto dominó entre los empleadores de
otros sectores. “Así que se está creando una cultura
de incumplimiento por parte de los empresarios que
realmente debe preocuparnos”.
Otro elemento señalado por las organizaciones nicaragüenses
es que los TLC, lejos de fortalecer las
economías nacionales, tienden a crear un fenómeno de
transnacionalización, dejando la mayoría de los
sectores económicos en mano de estas grandes
empresas extranjeras. Este fenómeno ha alcanzado
también a sectores como el sistema financiero o de
ventas de hidrocarburos, cuyos trabajadores
generalmente son contratados por servicio y se les
prohíbe que se organicen en sindicatos. “Hasta se ha
vuelto imposible entrar en contacto con ellos,
porque hay un control férreo y están bajo vigilancia
extrema”, aseveró Barrantes.
Continuando el análisis de la situación nicaragüense, si bien
es cierto que ha habido voluntad política por parte
del Ministerio del Trabajo (MITRAB) para
aumentar el número de inspecciones en las empresas,
en la realidad existe un aumento de las violaciones
de los derechos laborales.
“El tipo de violación que más se ha detectado tiene que ver
con los contratos de trabajo, es decir que no hay
contratos o están redactados de tal manera que
violentan las legislaciones nacionales. Esta
situación -detalló el dirigente sindical de la
CST-JBE- ha afectado a un total de 66.792
trabajadores. El segundo tipo de violación más
recurrente es sobre la jornada de trabajo. Se
violenta el derecho a vacaciones, al pago de horas
extras y se obliga al trabajador a jornadas de hasta
14 horas”.
En su relación, Barrantes recordó que el salario sigue
siendo miserable. A pesar del aumento del salario
mínimo negociado recientemente (15 por ciento), en
el campo apenas alcanza a los 61 dólares, en el
sector minero a los 96 dólares y una trabajadora de
la maquila tiene que conformarse con 104
dólares. Si tomamos en cuenta que el valor de la
Canasta Básica ha sido cotizado en 400 dólares,
quiere decir que esta trabajadora apenas cubriría el
25 por ciento del mínimo para sobrevivir.
El elemento que acomunó todas las intervenciones de las
diferentes organizaciones centroamericanas fue
identificar la maquila como el sector en donde más
se violentan los derechos laborales y sindicales. En
Nicaragua se determinó que 17 de los 80 mil
trabajadores con que cuenta este sector no tienen
contratos de trabajo, lo que representa un 23 por
ciento. Son 50.720 los trabajadores y trabajadoras
que están siendo sometidos a jornadas de trabajo
violatorias a la legislación nacional y 41.913 que
están sufriendo algunas violaciones en materia de
protección a la Seguridad e Higiene Ocupacional.
“Todo esto debe ser motivo para que las organizaciones
sindicales tratemos de fortalecer nuestra unidad y
alianza, trabajando de manera más firme en la
defensa de los derechos de las y los trabajadores.
Estos TLC, lejos de venir a resolver los
problemas, vienen a incrementarlos”, concluyó
Barrantes.
Según Ana Rosa Ruiz, del Programa de Equidad de Género del
Instituto Tecnológico de Costa Rica, “nuestro país
acaba de aprobar el CAFTA, pero ya en las
últimas dos décadas se ha promovido un modelo de
apertura comercial que favorece la inversión
extranjera, con el consecuente debilitamiento del
sector productivo nacional y del estado de derecho.
Si bien en este periodo se ha generado más de medio
millón de empleos, 246 mil son informales, lo cual
significa inestabilidad, inseguridad y desprotección.
Este año -continuó Ruiz- el gobierno y las
cámaras empresariales están celebrando un incremento
del 8,2% del PIB, uno de los más importantes
que ha tenido el país en los últimos 13 años. Al
mismo tiempo, hay un incremento de la desigualdad y
deterioro de la calidad del empleo. Cuando hablamos
de desigualdad entendemos la creciente distancia de
ingresos entre los ocupados calificados y los no
calificados, con un evidente predominio de empleos
de mala calidad, trabajos inestables e informales,
que están fuertemente relacionados con la pobreza y
con la condición de la mujer”.
Se trata del “subempleo invisible”, que involucra a miles de trabajadores
que están enfrentando un incumplimiento del pago de
salario mínimo, sobre todo en el sector agrícola, en
la construcción y trabajos domésticos, donde se está
haciendo un uso deshumanizado y violento de
poblaciones migrantes, principalmente de
Nicaragua y de poblaciones indígenas de Costa
Rica y Panamá. El 66,5 por ciento de
estos trabajadores y trabajadoras pertenecen al
sector privado.
Otro factor que preocupa a las organizaciones sociales y sindicales de
Costa Rica es la falta de acceso a la Seguridad
Social. Según datos proporcionados por Ruiz,
menos del 50 por ciento de los trabajadores tienen
seguro social y en el sector privado alcanza
solamente el 42 por ciento.
En el caso de El Salvador, la licenciada Indira Pineda, del
Sindicato de Periodistas de El Salvador (SINPESS),
hizo un análisis de las más graves afectaciones a
los derechos laborales y sindicales en el país a más
de dos años de la ratificación del CAFTA. “Se
hicieron tantas promesas que nunca se han cumplido y
nuestro país sigue rigiéndose sobre las remesas
familiares. El sector que resulta ser el más
afectado es el de las mujeres y de los jóvenes, ya
no digamos el caso de mujeres jóvenes que encuentran
trabajo en el sector de la industria manufacturera.
Los principales problemas que estamos enfrentando
como sindicalistas en el acompañamiento y
seguimiento de la clase trabajadora, es la falta de
contrato de trabajo, la subcontratación, la
implementación del periodo de prueba, la falta de un
salario debidamente estipulado (caso de los Call
Centers), el trabajo temporal que no garantiza
los derechos fundamentales y las prestaciones.
Tenemos también -continuó Pineda- despidos
sistematizados y repetidas violaciones a los
derechos humanos, como es el caso de las mujeres a
las cuales se les obliga a someterse a una prueba de
embarazo antes de ser contratadas”.
En dos años de CAFTA, se han perdido 45 mil empleos en las
maquilas y esto ha generado mayor migración hacia
los Estados Unidos. Otro ámbito muy afectado
es el sector público, donde se va perdiendo
gradualmente la estabilidad laboral, el derecho a la
huelga y a la contratación colectiva, a través de
reformas a la Ley de Servicio Civil.
Con respecto a las organizaciones sindicales, Pineda indicó que en
El Salvador hay un incremento de los
trabajadores organizados (168.849) y de los
sindicatos (178), frente a alrededor de 3 mil
empresas agremiadas en la Asociación Nacional de la
Empresa Privada (ANEP).
También en este país se destaca la flagrante violación a los
derechos de la mujer, sobre todo en las maquilas.
Según la representante del Centro de Acción Legal en
Derechos Humanos (CALDH), “con las nuevas
tablas de salario mínimo aprobadas en diciembre del
2007, las mujeres que trabajan en este sector van a
recibir un salario menor del que está establecido
por el área urbana y esto representa una violación a
sus derechos. Además, en las maquilas no se permite
la organización sindical y los empresarios no
respetan este derecho que está tutelado por la OIT”.
Actualmente existen solamente 4 organizaciones sindicales
frente a la presencia de más de 500 empresas
maquiladoras.
Como en el caso de El Salvador, David Eduardo Soto
Oliva, de la Federación Nacional de Sindicatos
de Trabajadores del Estado de Guatemala (FENASTEG)
y Efraín López, de la Unión Sindical de
Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA),
denunciaron reformas a la Ley de Servicio Civil que
están mermando la estabilidad laboral de los
empleados públicos.
Muy crítica es también la situación en Panamá. Para
Salomón Samudio, del Centro de
Investigación y Docencia de Panamá (CIDPA),
“El proceso de flexibilidad laboral ha sido
diferente que en el resto de la región. Es a partir
de 1995, con la aprobación de la Ley 44, que se
comenzaron a aplicar una serie de normas que
flexibilizaron las relaciones laborales en el país,
con el objetivo de generar mayor competencia y
supuestamente alcanzar el máximo nivel de ocupación
laboral a través de la inversión extranjera. Lo que
sucedió -recordó Samudio- es que se les hizo
más fácil a los empresarios encontrar las
condiciones necesarias para la aplicación del
CAFTA. En las negociaciones de este TLC,
se plantearon nuevas reformas al Código del Trabajo
panameño, que ya es el más flexibilizado de la
región. También se les facilitó a los empresarios
para que pudieran despedir de manera más barata y se
modificó la irrenunciabilidad de los derechos de los
trabajadores”.
Como resultado se obtuvo el aumento de la desigualdad social,
la fragmentación del mercado del trabajo y la
disminución del crecimiento del empleo.
Paralelamente hubo un aumento de la informalidad, de
la marginalización y de la precarización en cuanto a
la calidad del empleo, y una disminución
generalizada de los salarios. Actualmente, el 40 por
ciento de la población está por debajo de la línea
de la pobreza, el 46 por ciento de la fuerza laboral
se encuentra en una situación de informalidad y el
71 por ciento de los contratos firmados en el 2007
son por tiempo definido.
Otro fenómeno muy alarmante es el atentado contra el derecho
a la libertad sindical y las persecuciones a los
trabajadores. “Ya no se trata solamente de despidos
o encarcelamientos de los trabajadores, sino que
están asesinando a los dirigentes obreros, como es
el caso de los compañeros Luigi Argüelles y
Osvaldo Lorenzo del Sindicato Único Nacional
de Trabajadores de la Industria de la Construcción y
Similares de Panamá (SUNTRACS). Estamos
también denunciando la persecución en contra del
dirigente sindical Saúl Méndez. La política
es crear incertidumbre laboral y organizacional al
fin de debilitar la lucha que viene librando el
movimiento sindical panameño”.
Para Samudio, como para todos los participantes en la
videoconferencia, “la situación que están viviendo
Panamá y los demás países refleja el
verdadero objetivo de los TLC: abaratar el
costo de la mano de obra local al fin de aumentar el
margen de ganancia del capital nacional y
transnacional”.
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