Las movilizaciones populares que recientemente se han desarrollado en Colombia son una prolongación de las grandes acciones de masas que

en el resto del mundo se han hecho sentir contra los avances y raíces

del neoliberalismo económico.

El 18 de mayo, en Cartagena, Colombia, Ecuador y Perú iniciaron una ronda de conversaciones con Estados Unidos en la perspectiva de firmar un tratado de libre comercio con Washington. De esa manera, se está adecuando la antesala del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que por estos días empieza a tomar nuevos aires en la dinámica económica y política norteamericana, según se observa en los periódicos y revistas especializadas en economía.

Causa hilaridad escuchar y leer a los responsables de la imposición de la apertura económica colombiana, como Rudolf Homes, Armando Montenegro, Luis Alberto Moreno y a los actuales voceros neoliberales liderados por el presidente Álvaro Uribe, indicando que el pueblo es cavernícola, violento y manipulado por agitadores profesionales.

En la aldea global que pasó a ser el mundo son claros y contundentes los ejemplos de desastre social a los que han llevado acuerdos de libre comercio similares a los que hoy encaran Colombia, Perú y Ecuador. Acuerdos probadamente diseñados por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y las grandes transnacionales estadounidenses y europeas que procuran controlar la política alimentaria del mundo, los servicios públicos esenciales y energéticos, para crear una subordinación hemisférica entorno a sus propios intereses.

En naciones como Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y República Dominicana ya se ha visto cómo, tras los tratados de libre comercio suscritos con Estados Unidos, se ha incrementado la pobreza y se han desarticulado las legislaciones laborales y sociales.

Lo mismo ocurrió en México, socio de Estados Unidos y Canadá en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En 2002, según informó en noviembre del año pasado el Economic Policy Institute, se perdieron en ese país cerca de 880.000 empleos, en su mayoría calificados, sobre todo en las industrias manufactureras. Esos puestos de trabajo fueron reemplazados por “empleo basura”, escasamente calificado y muy mal remunerado, por ejemplo en las maquilas.

Informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como de organizaciones de defensa de los derechos humanos, han venido alertando sobre las pésimas condiciones laborales imperantes en los países centroamericanos y mexicanos. Los convenios fundamentales de la OIT han pasado así a ser letra muerta en las legislaciones nacionales, bajo el mando de las políticas de flexibilización laboral adoptadas para facilitar la “inversión”.

En el sector agropecuario de esas naciones los pequeños productores están desapareciendo y llevados a emigrar hacia los cinturones de pobreza de las áreas urbanas, pues los tratados de libre comercio sólo priorizan los intereses de las grandes corporaciones transnacionales agrícolas, que imponen sus precios y aniquilan a las producciones agrícolas ancestrales de los campesinos locales. A ello se suma la competencia desleal de los productos estadounidenses, largamente subsidiados en origen.

Paralelamente, las reglas contempladas en el TLC para las inversiones agrícolas o de alimentos pasan por encima de las regulaciones medioambientales. Los conflictos referidos al medio ambiente y la biodiversidad (según el Centro Internacional de Agricultura Tropical, Estados Unidos debe enfrentar pleitos ambientales por más de mil millones de dólares) en los países centroamericanos y en México son dirimidos en tribunales privados, sin control ninguno de los sistemas judiciales de los países afectados.

Está claro por otra parte que los servicios públicos esenciales entran también en el juego y el negocio, generando una peligrosísima subordinación a las reglas de libre comercio. ¿Qué pueden esperar los pobres del mundo cuando la salud, la educación, el trabajo, la energía, la distribución de tierras, los servicios medioambientales sean considerados “barreras al comercio”, y con las multinacionales y transnacionales pendientes de entrar en el negocio de la administración de los servicios, bajo el pretexto de la debilidad de los Estados para el control de la corrupción y la politiquería?

En América Latina, son numerosos los gobiernos que han cedido a las presiones de las transnacionales para otorgar todo tipo de facilidades fiscales, cambiarias y de crédito a los inversionistas extranjeros, llegando incluso a ofrecerles la eliminación de los controles ambientales y las regulaciones sociales, para que puedan operar con entera libertad. Se ha llegado al extremo de ofrecer como ventaja atractiva a los inversionistas la prohibición de sindicatos en las zonas de maquila.

Entonces, ¿integración o apertura? En la región se han debatido diversas estrategias de inserción en la globalización: unos proponen que se consoliden los diversos grupos regionales (Mercosur, CAN, CARICOM, SICA) y de su fusión se constituya el ALCA, en lo que se ha conocido como estrategia de construcción por bloques. Esta estrategia, impulsada por Brasil, busca consolidar bases de competencia regional antes de ingresar a una competencia abierta con Estados Unidos. Sin embargo, las dificultades que vive el Mercosur por la recesión argentina y la crisis de la Comunidad Andina han generado graves dificultades al proceso de negociación por bloques. Por esta razón, países como Chile, Colombia y Costa Rica han caído en la política privilegiada por Estados Unidos en el sentido de ir ingresando al mercado del norte en forma individual.

Fortalecer y mejorar la acción de los estados para garantizar la efectiva regulación de las corrientes financieras que están creando inestabilidad y volatibilidad en la región aparece hoy como esencial. En esa lógica, hay que destacar la importancia de las políticas nacionales, basadas en las especificidades culturales, para enfrentar la globalización.

Luis Alejandro Pedraza

© Rel-UITA

27 de mayo de 2004