Álvaro Noboa es el hombre más rico de Ecuador. Su fortuna, que al parecer no fue bien habida le pesa, pretendiendo blanquearla hasta ahora sin suerte mediante la política.

Abdala Bucaram, aquel personaje que llegó a la Presidencia de la República en 1996 cantando a grito pelado con el grupo uruguayo Los Iracundos y fuera destituido por el Parlamento sin ningún dictamen médico acusado de “incapacidad mental” seis meses más tarde, ayudó a quien por entonces era conocido como Alvarito  y fungía como presidente de la Junta Monetaria de su gobierno, a disputar la herencia de Luis Noboa Naranjo, fallecido en 1994.

Don Luis había dispuesto en su testamento que su segunda esposa, Mercedes Santistevan, fuera la encargada de controlar la empresa más importante del Grupo, la bananera. Pero Alvarito logró con la complicidad de Bucaram contravenir la decisión de su padre y tomar el control de la empresa, invirtiendo cerca de 20 millones de dólares en juicios y estafando a sus hermanos. En noviembre de 2002, un juez de Londres decidió que Alvarito había heredado legítimamente el 50,1 por ciento de las acciones de la bananera, acciones que entonces valían 300 millones de dólares.

Aseguran que ahí comienza su mala conciencia, que corre paralela a la esperanza de que un alto cargo político la legitime o, por lo menos, haga olvidar su origen. Alvarito fue candidato por primera vez a la Presidencia de la República en 1998 -un año antes había asumido el control del Grupo Noboa-  y luego en 2002 y 2006, sin lograr ninguna de las tres veces el voto mayoritario de los ecuatorianos. En las elecciones de 1998 fue candidato por el Partido Roldosista Ecuatoriano y en las siguientes de su propia agrupación, el Partido Renovador Institucional de Acción Nacional (PRIAN).

Durante la campaña electoral de 2002 se produjeron  serios incidentes en su finca bananera Los Álamos, los que culminaron con trabajadores gravemente heridos por los matones al servicio del candidato-empresario (ver: El amor en los tiempos de Álvaro Noboa). También ese año la organización Human Rights Watch denunció la existencia de trabajo infantil en las fincas bananeras de Noboa, y ambas irregularidades fueron recogidas y difundidas por el influyente The New York Times. En 2005, también en plena campaña electoral, se descubrió que 99 compañías registradas en el Ministerio del Trabajo ecuatoriano, carecían de existencia física y eran utilizadas por el Grupo Noboa para eludir obligaciones laborales. Además, ese mismo año el gobierno clausuró Elaborados de Café -otra de las empresas de Noboa- por no entregar la documentación requerida para verificar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. También se constató que Frutería Jambeli Frujasa -propiedad de Noboa- adeudaba casi 20 millones en impuestos y a otras empresas del Grupo también se les comprobó deudas por impuestos, tal el caso de  Industrial Molinera (2,4 millones de dólares), Compañía Nacional de Plásticos (1,1 millones de dólares) y Manufacturas de Cartón (3,1 millones de dólares). Sylka Sánchez, abogada, mano derecha de Álvaro Noboa en sus empresas y diputada por el PRIAN en varios períodos -con actuaciones más acordes a las de una vedette barata que a una legisladora- calificó a estas auditorías de chantaje, admitiendo que la existencia de las deudas fue revelada luego de que Noboa se negara a formar una coalición en el Parlamento con el entonces presidente Lucio Gutiérrez.

Por si lo anterior fuera poco, Noboa recibió una multa de más de 2 millones de dólares por haber casi duplicado el máximo establecido para el gasto electoral en 2002, y en estos momentos enfrenta un juicio en el Tribunal Supremo Electoral que le exige el pago de una multa de 6,3 millones de dólares por sobrepasarse en los gastos de campaña antes de los comicios de 2006.

Como el zorro puede perder el pelo pero no las mañas, ahora Noboa perderá su banca en la Asamblea Constituyente por negarse a entregar su declaración jurada de bienes. De los 130 constituyentes, sólo Noboa desacató la medida. Su esposa,  Anabella Azín -que también es asambleísta y presentó su declaración- manifestó que su marido no presentó el documento por temor a que le inventaran un delito y lo detuvieran. En conferencia de prensa, y según informa la página oficial del PRIAN, la señora Azín manifestó: “Esta es la Asamblea de la envidia, esta es la Asamblea del odio, esta es la Asamblea de la revancha, de la lucha y el enfrentamiento entre los ecuatorianos. Con esos sentimientos que rigen la Asamblea Nacional Constituyente cualquier cosa se pudiera hacer (sic) con la declaración patrimonial juramentada de Álvaro Noboa. Queremos que quede bien fijo en la memoria del pueblo ecuatoriano lo que está pasando ahora y de que pues lamentablemente el país no consta de las garantías (todo sic) constitucionales para que una persona pueda defenderse en caso de que lo ataquen y lo persigan”.  

Para complicarle aun más la vida a Alvarito, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció el pasado 17 de diciembre que eliminará en el país la “tercerización”, práctica que como es sabido elimina los derechos laborales de los trabajadores. “La nueva constitución prohibirá esa alcahuetería”, expresó el mandatario.

Un gobierno que pretende que los empresarios paguen impuestos y que además se compromete a eliminar la tercerización, de manera alguna se corresponde con el concepto de democracia que conjugan Álvaro Noboa y empresarios de su calaña.