¿Cómo puede una medida, que muchos especialistas consideran una simple cuestión técnica, causar tantas movilizaciones sociales? Los hechos recientes demuestran que la política nacional de gas estuvo, y todavía está, fuertemente vinculada con demandas sociales y políticas. El debate sobre el gas tiene tanto una dimensión social como una política. Apelando a esos nexos, e incluso reforzándolos, varios líderes sociales han podido movilizar distintos sectores da la sociedad civil usando un discurso del fracaso del paradigma neoliberal sobre el desarrollo, otro sobre el "neocolonialismo", mientras que algunos apelan al nacionalismo.

Primero, los cuestionamientos sobre el mejor aprovechamiento del gas se articularon en una discusión ideológica sobre el paradigma neoliberal, aplicado en Bolivia desde 1985. Las reformas estructurales de sesgo neoliberal recomendadas por el "Consenso de Washington", apenas lograron una reducción global de un punto porcentual en la incidencia de la pobreza y en general los resultados se quedaron atrás de los expectativas (1).

Esa mala experiencia fue utilizada por los líderes sociales para criticar la propuesta del gobierno Sánchez de Lozada de una política nacional de gas con sentido neoliberal, apelando a la privatización y la reducción de los impuestos y regalías, y priorizando la exportación del energético en vez de su industrialización en el país. Evo Morales del MAS (Movimiento al Socialismo), Felipe Quispe del MIP (Movimiento Inca Pachacuti), y los líderes sindicales, exigían el retorno a un nuevo papel interventor del Estado en la economía y una mirada hacia el mercado interno: promovieron la nacionalización de los hidrocarburos, la industrialización del gas y el rechazo total de su exportación como simple materia prima. Además reclamaron el incremento de las regalías e impuestos de la venta del gas. También exigieron la realización de un referéndum vinculante que permita decidir a toda la población sobre el aprovechamiento del gas, junto a la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

La demanda de un referéndum como instrumento de democracia directa y de una Asamblea Constituyente, que promete una reforma más profunda del sistema político, demuestra la fuerte vinculación del asunto del gas con los asuntos políticos, especialmente con la reclamación de mayor participación popular en decisiones políticas nacionales. La incorporación de esas demandas en la agenda del poder ejecutivo de Carlos Mesa demuestra que la insurgencia básicamente indígena-campesina en Bolivia es una de las recientes revoluciones en América Latina en contra de las políticas neoliberales del Consenso de Washington, que ha logrado cierto éxito en la medida que consiguió iniciar un proceso de cambio en el paradigma económico y político.

En segundo lugar, el gas reveló otra vez el conflicto profundo entre básicamente dos grupos sociales dominantes en Bolivia: la "oligarquía conservadora boliviana" o "criollos", representados por sus partidos tradicionales, y los indígenas, que forman casi un 70% de la población y cuya representación política está en los movimientos sociales. Pero aunque sean la mayoría, representan una minoría en las posiciones claves de la sociedad, por lo cual reclaman un Estado interventor que fortalezca su representación política y social y que delimite el poder de los criollos.

En el contexto de este conflicto entre grupos sociales el gas se convirtió en el símbolo de la explotación de la tierra y de su gente a lo largo de siglos: ni la plata, ni el oro, ni el estaño sirvieron para modernizar el país e impulsar su desarrollo, superando así desigualdades sociales y económicas (2). Todo lo contrario: se enriqueció aun más la elite criolla reinante en la república, mientras fueron los indios quienes murieron en las minas bajo pésimas condiciones de trabajo. En este simbolismo, la empresa transnacional se asemeja al conquistador, y sus actividades de explotación y la posible exportación se parece al "robo" de las minas durante el período de la colonia, dando como resultado que el "extranjero", el "conquistador", gana todo a costa de los bolivianos, quienes pierden sus recursos y se empobrecerán aún más, habida cuenta de que la economía de extracción no deja nada productivo sino sólo destrucción.

En este sentido, la política nacional de la explotación de gas en los términos planteados por la administración Sanchez de Lozada tan sólo era una réplica de estructuras y procesos coloniales y supresión de los indios por los criollos, una opresión a la que son sometidos como resultado del neocolonialismo. Ese neocolonialismo también se expresa en la transnacionalizacion de la economía y en una paradójica igualdad formal legal que es desigualdad social en la realidad cotidiana del país (3).

El caso del campo gasífero Margarita ilustra el neocolonialismo percibido por los movimientos sociales: mientras algunos pocos se están enriqueciendo con la explotación del gas, como los grupos oligárquicos intermediarios del negocio, las comunidades indígenas locales, guaraníes, siguen sufriendo de desnutrición y el índice del desarrollo humano de sus municipios (4) es - también en comparación con otros municipios bolivianos- bajo (0,569).

La realidad del campo Margarita es también un caso que ilustra la debilidad del Estado: "Las normas (los contratos con los empresas) no están bien hechas, hay que cambiar eso sin castigar demasiado a la empresa de forma que el proceso de exportación no se vuelva inviable" sostenía un jerarca gubernamental dejando en claro la debilidad estatal (5). Esa capitulación ante intereses privados productivos es solamente un ejemplo de la debilidad estatal que facilita el "saqueo" de los recursos naturales: el Estado débil no puede insistir en la redistribución de recursos en beneficio a los pobres, el Estado débil fortalece los fuertes y el Estado de Derecho se convierte en la ley del más fuerte. Ese es uno de los factores que explica el protagonismo de los movimientos sociales por un Estado interventor y la demanda por más participación popular.

Finalmente, ciertos grupos sociales, distintos a las elites, también buscan protagonismo y ventajas sectoriales con el tema del gas, de la misma manera que lo hace la elite política tradicional que está infiltrado por normas de orientación y hábitos sociales tradicionales, que son, esencialmente anti-pluralistas. En estos discursos, el gas está instrumentalizado por los líderes de los movimientos sociales para acumular poder y poder demostrar que se cuenta con ese poder. A fin de justificar sus posiciones, especialmente los sindicalistas, usan un difuso nacionalismo en combinación con populismo, en contra de una política neoliberal respecto del gas. Se reduce el complejo tema de la explotación del gas a una oposición blanco-negro. En un país tan divido como Bolivia, el nacionalismo siempre sirve a los populistas para unir la población a corto plazo. Pero estas simplificaciones y el populismos son peligrosos para una democracia, porque abren aún más el camino para actitudes antidemocráticas que pueden afectar a una buena causa que originalmente incitó a los movimientos sociales a su "guerra del gas". Además, junto con ese discurso viene a menudo cierta xenofobia, la violación de los derechos de otros y la reproducción del autoritarismo y violencia; por ejemplo, acciones contra jerarcas del gobierno o disciplinamiento interno de las bases sindicales con represalias contra aquellos que no participan (6). Por cierto que la elite hace otro tanto, y replica, por ejemplo, que "quien impide exportar gas desencadena la pobreza".

Por lo tanto, del mismo modo en que reina la injusticia y el caudillismo en el aparato estatal, otros tantos ejemplos se repiten en sectores de la sociedad civil; así como las autoridades estatales pierden su legitimidad en tomar actitudes antidemocráticas, lo hacen también algunos elementos de la sociedad civil que aplican estrategias y un discurso destinado a crear un ambiente de enfrentamiento y convulsión en vez de negociación y consenso. El analista político Carlos Toranzo describió este fenómeno en cierta oportunidad como un autoritarismo predominante en ambos sectores de la sociedad, donde el autoritarismo dentro del Estado ganaría legitimidad y se fortalecería cuanto más se expresara el autoritarismo en sectores de la sociedad civil, y viceversa. Es un circulo vicioso del cual parece difícil encontrar una salida democrática.

Aunque se abrió una nueva etapa en la política boliviana con un frágil proceso de reconciliación social, el gobierno está amenazado por "restos de la insurrección no consumados" (7) que parecen convertir el referéndum sobre el gas que se llevará a cabo el 18 de julio, en un plebiscito sobre el futuro de la sociedad. Si el día después del referéndum marca el inicio de una profunda democratización del país, los campos gasíferos y petroleros serán realmente una doble bendición para Bolivia: la esperanza de un desarrollo económico exitoso mano a mano con un profundo cambio políticosocial de la sociedad boliviana y sus instituciones. Si después de esa fecha clave algunos sectores de la sociedad boliviana no reconocen el voto popular, una vez más se dirá que la compleja circunstancia boliviana no es fácil de superar.