Brasil

Son ya 101 las haciendas impedidas de recibir créditos de entidades públicas, beneficios fiscales u otros subsidios por mantener a sus trabajadores en situación de esclavitud.

Según datos del Ministerio de Trabajo, se trata de propiedades de 41 hacendados y ocho empresas, en las que se detectaron de 1995 a 2002 la cantidad de 2.300 personas mantenidas en condiciones similares a la esclavitud.

En la primera lista, difundida en noviembre, los trabajadores explotados sumaban 5.100. Éstos eran alojados en condiciones pésimas de higiene, con mala alimentación, sin documentos de trabajo, con sus salarios retenidos, además de ser vigilados por agentes de los latifundios y prohibírseles abandonar la propiedad.

La auditora Ruth Vilela, creadora de los grupos de fiscalización móvil del Ministerio de Trabajo que persiguen ese tipo de explotación ilegal, reclama sanciones más rigurosas para los implicados en esa práctica, incluida la expropiación de sus tierras y multas más elevadas. Un proyecto ya aprobado por el Senado y que enfrenta en la Cámara de diputados la oposición de la bancada que representa a los grandes propietarios rurales, prevé expropiar las tierras donde se use trabajo esclavo para destinarlas a la reforma agraria y beneficiar en primer lugar a las víctimas de esa explotación.

A la vez, los bienes aprehendidos serán destinados a los programas de fiscalización de esa forma de explotación laboral que afecta a entre 25 mil y 40 mil brasileños. Las 101 propiedades incluidas serían de las primeras en expropiarse, pues sus dueños ya fueron sancionados en última instancia y no tienen más derecho a la apelación.

La importancia dada por el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva al combate a esta práctica permitió rescatar desde 2003 a 1.932 personas sometidas a condiciones de explotación similares a la esclavitud, más del doble que en 2002. A la vez, el ministro de la Secretaría de Derechos Humanos, Nilmario Miranda, anunció que el gobierno aplicará acciones sociales en los 159 municipios identificados como suministradores de mano de obra esclava.

Miranda dijo que se implantarán en esos municipios programas como el Hambre Cero, el de alfabetización, de microcrédito y otras iniciativas volcadas hacia la economía solidaria, y se promoverá el registro de nacimientos, pues en la mayoría de los casos los sometidos a esta explotación no tienen existencia legal.

"La idea es hacer que esas personas no necesiten aventurarse nunca más en el trabajo esclavo", dijo, en tácito reconocimiento de que la miseria, el desempleo, la falta de oportunidades y de una efectiva reforma agraria que ponga fin al latifundismo concentrador de la tierra están entre las causas de que este fenómeno subsista. Según Miranda, 30 millones de personas sufren la esclavitud en el mundo, pero sólo Brasil expresó voluntad de erradicarla.

Argenpress

10 de agosto de 2004