Felipe Calderón asumió la presidencia de México el pasado 1 de diciembre. Por televisión se pudo ver a congresistas que peleaban por el control del podio donde debía tomar juramento; unos para impedirlo, y otros para asegurar que se cumpliera el requisito. Al final, Calderón y el presidente saliente, Vicente Fox, ambos del conservador Partido de Acción Nacional (PAN), entraron por la puerta de atrás y protagonizaron un juramento express: a las carreras y en medio de un griterío que impedía escuchar sus palabras. Mal augurio.

Calderón dijo, prometió y repitió a quién quisiera oírlo que combatiría la pobreza en México; y hasta anunció un recorte de salarios de funcionarios públicos, incluido el suyo. Pero no dijo entonces que los recortes serían mayores y que incluirían programas y servicios que benefician a sectores necesitados de la población. Y es que, a pesar de esas declaraciones, Calderón tiene un plan de gobierno perfectamente trazado; basta ver a los que integran los puestos clave de su gabinete.

Agustín Carstens, secretario de Hacienda: El puesto más importante en materia económica. Educado en Estados Unidos, fue importante funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI). Luis Téllez Kuenzle: secretario de Comunicaciones y Transportes, tiene postgrado en Estados Unidos y fue funcionario de Salinas de Gortari. Está ligado indirectamente a Televisa y es miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Javier Lozano Alarcón: secretario de Trabajo y Previsión Social, de formación corporativa y también miembro del PRI.

Un gabinete al paladar de Washington. Un gabinete del FMI. Esta institución es en realidad un banco transnacional que presta dinero a los países que lo necesitan a cambio de exigencias tales como un estricto control del gasto público, privatización de empresas estatales, puertas abiertas al capital transnacional y congelación de salarios.

Es decir, Calderón apuesta por el proyecto implementado durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), aunque él no tendrá dinero para obras públicas como las que llevó a cabo Salinas tras la venta de paraestatales. No soprende que entre sus primeras medidas ordenara un recorte en el presupuesto de educación pública equivalente a 1,2 por ciento (de 3.281 millones de dólares a 3.236, aproximadamente), a pesar del aumento del costo de vida, de la cantidad de estudiantes y de la necesidad de reconstrucción de escuelas en todos el país.

Para funcionarios formados en escuelas privadas o en Estados Unidos seguramente es muy difícil imaginar la importancia de la educación pública. Incluso el congresista y presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Raúl Alejandro Padilla Orozco, del PAN, se ha mostrado satisfecho -ante la indignación de muchos- por la reducción del presupuesto de la Universidad Autónoma de México (UNAM), considerada entre las 100 universidades más importantes del mundo.

Hasta la UNICEF ha declarado que reducir el presupuesto educativo amenaza el desarrollo social del país. La pobreza en México mantiene su nivel de hace dos décadas, a pesar de las declaraciones triunfalistas del ex presidente Vicente Fox. Una menor calidad del servicio educativo no ayudará a mejorar la situación. Para los gobiernos paternalistas, el combate de la pobreza se toma como un simple acto de caridad, en lugar de ser una obligación de Estado. Otros programas sociales también sufrirán recortes presupuestarios.

En política interna y administración de Justicia, ¿qué se puede esperar del nuevo gobierno mexicano? La clave nos la dan dos nombramientos:

Francisco Ramírez Acuña, secretario de Gobernación. Ex gobernador de Jalisco, acumula quejas en su contra por represión de protestas y aumento de la tortura en ese estado. Hasta dirigentes del PRI lo catalogan como "arrogante" y no interesado en la negociación.

También es preocupante el nombramiento de Eduardo Medina Mora al frente de la Procuraduría General de la República (PGR). Es miembro de El Yunque, grupo de ultraconservadores similar a la derecha cristiana estadounidense y tiene fuertes lazos con intereses bancarios. Es seguro, entonces, que la aplicación de la justicia seguirá estando influida por la política. Otra gran oportunidad perdida para avanzar en la consolidación de la democracia en México.

Quizá esto explique la aproximación del nuevo gobierno al conflicto social de Oaxaca, donde se arrestaron a dirigentes opositores mientras se mantiene intacto el poder del gobernador Ulises Ruíz Ortíz, centro de la ira de las protestas de los últimos seis meses, que dejaron al menos un decena de muertos, cientos de heridos, pérdidas millonarias y una profunda crisis social.

El juramento express de Calderón fue tomado a risa por muchos, pero sin duda puso de manifiesto la gran división política existente en México, que podría llegar a ser explosiva si esta nueva administración aplica no sólo las políticas elitistas muestran que sus primeros pasos, sino además de la forma en que pretende hacerlo. Intolerancia e injusticia van de la mano. Aunque las disfracen con palabras bonitas.

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