Para optar por esa vía descartaron –en todo caso por el momento– la anulación lisa y llana de la llamada ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, aprobada en 1986 con los votos de la mayoría de los parlamentarios de la derecha y que supuso la no sanción penal de los militares o policías acusados de diversas aberraciones en el período dictatorial (27 de junio de 1973 - 1 de marzo de 1985).

La ley de Caducidad (o de “impunidad”, como la llaman la izquierda y las organizaciones de defensa de los derechos humanos) fue además ratificada en 1989 en un plebiscito por el 57 por ciento del cuerpo electoral uruguayo.

Es fundamentalmente por ese último motivo que la mayoría del Frente Amplio, la coalición gobernante, estimó que la ley había adquirido una fuerza “especial” y se comprometió a respetarla en caso de acceder al poder.

En la campaña electoral pasada, el actual presidente socialista Tabaré Vázquez precisó que no se apartaría del texto “ni un ápice”, aunque señaló también que desde su entrada en vigencia la ley no había sido cabalmente aplicada, ya que se la había utilizado para dejar impunes incluso los crímenes que permitía juzgar.

La “caducidad de la pretensión punitiva del Estado” no alcanza a delitos como la apropiación de niños, ilícitos económicos, secuestros con fines extorsivos y todas las violaciones a los derechos humanos cometidas por civiles.

Sin embargo, todos los presidentes de derecha que se sucedieron desde 1989 hasta 2004 (la ley otorga al Poder Ejecutivo, y no a la justicia, la potestad de decidir cuál delito está comprendido en la ley de Caducidad y cuál no) decidieron “ampliar” sus beneficios a quienes no deberían haber sido amparados por ella. A su vez, no cumplieron con lo estipulado en el artículo 4 de la ley, que ordena investigar los hechos.

Esgrimiendo la doble justificación del compromiso de respetar el texto de 1986 ratificado en 1989 y de hacerlo cumplir en todos sus artículos el gobierno de Vázquez se decidió a impulsar una “ley interpretativa”.

Este nuevo dispositivo excluye expresamente de la caducidad el secuestro de niños, los delitos cometidos fuera de las fronteras nacionales (la mayoría de los alrededor de 230 desaparecidos uruguayos fueron secuestrados en Argentina), los ilícitos económicos, todas las violaciones a los derechos humanos cometidas por civiles y permite el juzgamiento de los mandos militares o policiales que hayan ordenado las atrocidades.

Dirigentes de la actual oposición conservadora, entre los que figuran algunos de los inspiradores de la ley de caducidad, como el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre o el ex presidente Julio María Sanguinetti, pusieron el grito en el cielo y denunciaron que la interpretación del gobierno y la bancada parlamentaria de la izquierda tergiversa “el espíritu” de la “ley madre” de 1986, a la que equiparan con una amnistía.

Algunos de ellos no excluyen la presentación de un recurso de inconstitucionalidad cuando la nueva ley se apruebe.

En el mismo sentido se pronunciaron los altos mandos militares, reunidos en la tarde del viernes 25 para analizar la movida del Poder Ejecutivo.

En la izquierda hay consenso en que la ley interpretativa constituye un paso adelante respecto al estado de cosas actual, ya que permitiría por fin enjuiciar a algunos responsables de violaciones a los derechos humanos (Uruguay es visto como un “paraíso de la impunidad” de este tipo de delitos en América Latina).

Se coincide igualmente en que la vía elegida es más funcional a los fines de que se imparta justicia que una derogación de la ley de 1986, ya que este segundo camino no tiene efecto retroactivo y supone convalidar lo actuado hasta el día de la derogación.

Sin embargo, tanto en los partidos de la coalición gobernante como en las organizaciones de defensa de los derechos humanos numerosas voces se han levantado en favor de una anulación de la ley de caducidad y no simplemente de una “intepretación” del texto vigente, por más positiva que ésta pudiera ser.

A diferencia de la derogación, la anulación borra todo lo que se haya decidido hasta ahora, como si la Caducidad nunca hubiera existido, y a diferencia de la ley interpretativa no supone una convalidación de la ley de 1986.

Uno de los más firmes partidarios de esta opción es el jurista Oscar López Goldaracena, quien en un trabajo escrito para el Servicio Paz y Justicia y revelado el viernes 25 por el semanario Brecha, estima que la ley de caducidad “está viciada de nulidad absoluta por ser violatoria de normas de derecho internacional general” contempladas en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 y que “no admiten acuerdo en contrario”, al tratarse de “normas universales, imperativas y dinámicas que se encuentran por encima de la voluntad de los estados”.

“Pero lo más importante –añade el jurista– es que son absolutamente nulos los tratados celebrados en violación de esas normas y, con más razón, serían absolutamente nulas las leyes de un país sancionadas en contradicción con sus principios”.

Si las violaciones a los derechos humanos ocurridas bajo la dictadura uruguaya “constituyen crímenes contra la humanidad, debe declararse la nulidad de la ley de caducidad, ya que resulta inadmisible por su antijuridicidad intrínseca”, concluye López Goldaracena.

En 1992, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que la ley de caducidad era violatoria de algunos de los artículos del Pacto Interamericano de derechos Humanos y recomendó al Estado uruguayo “revertir esa situación”.

Recordando esa decisión, Jacinta Balbela, ex integrante de la Suprema Corte de Justicia, subrayó que “la ley de caducidad es un disparate jurídico mayúsculo que no se puede reformar” y que deja como único camino posible para quienes defiendan a cabalidad el estado de derecho su anulación.

Por otra parte, no se necesita mayoría especial alguna para que un Poder Legislativo anule la ley de caducidad, ni siquiera porque ésta haya sido ratificada en un plebiscito, señaló López Goldaracena, eliminando así una de las objeciones a este camino interpuestas incluso desde filas de la izquierda.

Sólo con los votos de la coalición de izquierda gobernante, que dispone de mayoría absoluta en Senado y Diputados, bastaría para adoptar una medida de ese tipo.

Medidas de anulación similares a la propuesta por López Goldaracena ya existieron en el pasado en el propio Uruguay y en la región, más concretamente en Argentina. Aquí, en 1985 el Parlamento declaró la “nulidad absoluta y la inexistencia de determinadas Oleyes¹ sancionadas” por la ilegítima institucionalidad de la dictadura. En Argentina, en 2003, el Poder Legislativo dispuso la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, que habían frenado los juicios contra los represores.

Quienes se manifiestan en favor de la anulación de la Caducidad aducen además que el momento en que se realizó el plebiscito de 1989, que terminó ratificando la vigencia de ese texto, fue muy singular, ya que la memoria de la última dictadura era reciente y muchos votantes fueron convencidos con el argumento de que los militares podían llegar a dar un nuevo golpe de Estado en caso de que la ley fuera derogada.

“Las leyes no son eternas y sin duda ahora estamos en un contexto muy distinto en todos los planos al de hace 16 años”, adujo el abogado Pablo Chargoñia, defensor de varios familiares de desaparecidos.

Por otra parte, la ley interpretativa, si bien ofrece una visión más abarcativa de la caducidad que la aplicada hasta ahora, deja amparados delitos como los secuestros y los asesinatos políticos cometidos dentro del país y la práctica de la tortura, instaurando una distinción entre actos aberrantes que tampoco se ajusta a lo estipulado en los tratados firmados por Uruguay ni se compadece con el deber de justicia, agregó.

La única opción realmente coherente con lo que siempre preconizó la izquierda y con la adecuación de la legislación nacional a la internacional es la anulación de la ley de 1986, remarcaron tanto Chargoñia como López Goldaracena.

Daniel Gatti

© Rel-UITA

29 de noviembre de 2005