Aguas de Santa Fe "tendrá que hacerse cargo" de indemnizar
al Estado provincial y a los usuarios si abandona el
servicio, subrayó el gobernador santafesino, Jorge Obeid, en
unas declaraciones publicadas ayer por la prensa local.
La empresa, en la que Suez tiene como socio a la española
Aguas de Barcelona, no ha cumplido con las inversiones
comprometidas al cabo de diez años de la concesión,
puntualizó.
Mientras, otras autoridades santafesinas presumieron que la
compañía abandonará la concesión e indicaron que en ese caso
se estudia que el Estado se haga cargo del servicio con
vistas a volver a privatizarlo.
Aguas de Santa Fe exige que se le autorice un aumento de
tarifas bajo la amenaza de rescindir su contrato "por culpa"
del Gobierno santafesino, demanda que la Fiscalía del Estado
provincial tiene plazo para responder hasta el próximo lunes
2 de mayo.
Este conflicto se suma al que mantiene el Gobierno argentino
con Aguas Argentinas, también controlada por Suez en una
sociedad con Aguas de Barcelona, por ajustes de las tarifas
y los planes de inversión en el servicio que presta en
Buenos Aires y su área metropolitana.
"Con la desinversión en obras que hace (Aguas de Santa Fe)
nos vamos a quedar sin agua aunque la empresa se quede",
advirtió Obeid, quien aclaró que "nadie ha pedido" que la
compañía deje el servicio.
En este sentido, el gobernador santafesino señaló que ve
"con preocupación" que la empresa "durante diez años no haya
hecho estas inversiones, algo que se manifiesta en caída de
la calidad del servicio".
Mientras, el ministro de Obras Públicas provincial, Alberto
Hammerly, dijo al diario santafesino Rosario/12 que su
"impresión" es que la Fiscalía "va a rechazar" el planteo de
la empresa.
"Intuyo que se va a rechazar el pedido porque una persona o
empresa puede rescindir un contrato si no le conviene, pero
sin echarle la culpa a otro", comentó.
Hammerly dijo que se estudian varias alternativas en caso de
que Aguas de Santa Fe abandone el servicio, lo que supondría
una demanda por incumplimiento de contrato.
En este sentido, indicó que se estudia que el Estado
provincial se haga cargo del servicio, que se lo divida
entre los quince municipios que abarca o se vuelva a
privatizarlo.
"Se tomaron todas las previsiones. Se hicieron auditorías
internas y externas a la firma y tenemos un estudio del
estado de situación" de la compañía, que está "en buen
estado", apuntó.
"Pero hace falta que hagan las inversiones a las que se
comprometieron", agregó el ministro de Obras Públicas
santafesino.
A juicio de Miguel Lifschitz, alcalde de Rosario, una de las
ciudades más pobladas de Santa Fe, "lo cierto es que la
empresa se va".
"Estamos al borde del precipicio y nos vamos a caer", matizó
el alcalde rosarino.
El grupo Suez se vio inmerso en febrero y marzo pasados en
las protestas de los habitantes de la ciudad boliviana de El
Alto, vecina de La Paz, que exigían la interrupción de los
contratos con la compañía Aguas de Illimani, filial de la
empresa francesa, por los altos precios de este bien
primario.
Estas protestas se sumaron a los bloqueos de carreteras y a
la falta de consenso sobre la controvertida Ley de
Hidrocarburos entre el gobierno del presidente boliviano,
Carlos Mesa, y los sindicatos que desembocaron en una grave
crisis política.
