El peso de la economía sumergida en España podría encontrarse entre el 22 y 23 por ciento del PIB oficial. Esto conllevaría un mercado de trabajo irregular del 25 por ciento de la fuerza laboral española.

 

Buena parte de la economía sumergida se sostiene por la presencia de mano de obra ilegal en el mercado de trabajo. Según la Comisión Europea, España ocupa uno de los primeros puestos en el ranking, con un porcentaje de trabajo irregular que la sitúa junto a Italia, Bélgica o Portugal, en torno al 20-25 por ciento del PIB.

 

El peso de la economía sumergida en España podría encontrarse entre el 22 y 23 por ciento del PIB oficial. Esto conllevaría un mercado de trabajo irregular del 25 por ciento de la fuerza laboral española. La extensión de este fenómeno en nuestro país y su avance, previsiblemente más intenso en un momento de deterioro del empleo, hacen necesaria una intervención a diversas bandas entre Gobiernos e interlocutores sociales.

 

Más allá de la privación a las Haciendas públicas de ingentes recursos fiscales (entre el 6 y el 8 por ciento del PIB para un país con el 20 por ciento del PIB oficial de economía sumergida) con los que afrontar la financiación de los servicios que sí disfrutan estos trabajadores y las personas que dependen de ellos, la desprotección de los trabajadores es el mayor y más pernicioso efecto del trabajo no declarado. Un solo día desprotegido puede representar para un trabajador una diferencia abismal en su situación económica en caso de accidente, o unos pocos años pueden ocasionar una severa merma en los derechos de pensión o desempleo.

 

Hoy, con cerca de cuatro millones de parados, existe una mayor probabilidad de que muchos de ellos recalen en la actividad no declarada, y esto tenemos que impedirlo. La instrumentación de pasarelas normativas y de gestión del capital humano en su tránsito entre la actividad declarada y la no declarada, en las que se recuperen los derechos y las obligaciones plenos que caracterizan a un marco laboral regular, sería una de las más seguras vías de solución del problema.

 

Las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) se encuentran en inmejorables condiciones para facilitar estas transiciones, esencialmente por los requisitos adicionales de transparencia y control respecto a cualquier otro canal existente de acceso a la actividad laboral regular. Su mera existencia constituye ya una visible puerta de acceso al mercado de trabajo regular. La mochila de derechos y posibilidades de formación adicionales que el trabajador cedido por una ETT recibe es un aliciente más para que esta vía de integración laboral se vea como una buena alternativa al trabajo no declarado.

 

Además, las propias empresas usuarias saben que el recurso a dichos servicios es una eficiente y solvente alternativa a las mucho más azarosas y arriesgadas prácticas no declaradas de contratación de trabajadores. Bastaría con extender esta percepción y, sobre todo, ampliar la actividad de las ETT a los sectores donde aún su presencia está restringida por ley, precisamente algunos de los que más encuadran a trabajadores irregulares. No hay nada más antisocial que ante la desesperación de aquellos que más padecen la crisis, les dejemos caer en la antisocial economía sumergida.