En julio de 1984 publicamos en la revista Proceso, de México, un artículo que luego reprodujo el semanario La Voz, de Uruguay, reclamando la libertad del líder del uruguayo Partido Nacional, Wilson Ferreira Aldunate. “Cuando la oposición política es delito -planteamos entonces- todo proceso judicial se parece a una venganza”.

 

Esa fue la imagen que ofrecieron la dictadura uruguaya y su justicia militar con el procesamiento de Wilson Ferreira Aldunate.

 

Después de once años de exilio, Ferreira fue detenido a su regreso al país y encarcelado en un cuartel del departamento de Flores. Se le acusó de “asociación subversiva”, “atentado a la Constitución”, “ataque a la fuerza moral de las Fuerzas Armadas” y “actos capaces de exponer a la República al peligro de sufrir represalias”.

 

Como expresó su abogado, el doctor Rodolfo Canabal, la prédica opositora de Ferreira fue llevada a la categoría de delito.

 

Por cadena radial obligatoria, el dictador hoy encarcelado general Gregorio Álvarez, afirmó que “el procesado” había expuesto a las Fuerzas Armadas “a los peligros de una guerra de represalias”.

 

Ocho años antes de enfrentarse a la justicia militar, Ferreira planteó ante legisladores de Estados Unidos algunos hechos indiscutibles: desde 1976 Uruguay no vivía enfrentamiento alguno entre las Fuerzas Armadas y grupos guerrilleros. En cambio, el número de presos ese año podía calcularse entre 5.000 y 6.000; en proporción a su población, que llegaba a poco más de 3 millones, el porcentaje de encarcelados era uno de los más altos del mundo.

 

Bajo el régimen militar, el destino de los uruguayos -como denunció el doctor Carlos Quijano, personalidad excepcional y fundador del prestigioso semanario Marcha- era “el encierro, el destierro o el entierro”.

 

En Estados Unidos, Ferreira reclamó que se pusiera fin a la interferencia de la embajada de ese país, que actuaba, dijo, como agente de relaciones públicas del gobierno uruguayo, difundiendo en el mundo informaciones falsas sobre la situación interna, desmintiendo denuncias exactas y hechos notorios, haciendo afirmaciones como la de que en Uruguay sólo han sido detenidos “unos centenares de comunistas”, y la de que allí ha mejorado la situación en materia de derechos humanos.

 

Contra esa ingerencia directa y desembozada –dijo- protestamos enérgicamente. Pero a eso la dictadura lo consideró un atentado a la Constitución, justamente un texto legal al cual los militares habían sido absolutamente infieles al dar el golpe de Estado.

 

En 1972, cuando ya se perfilaban en Uruguay sectores de las Fuerzas Armadas que promovían ese golpe de Estado, entrevistamos a Wilson Ferreira para el semanario Marcha. En ese reportaje destacó: “Cada vez que se nos demuestra que para defender al régimen jurídico hay que dictar normas, estamos dispuestos a colaborar. Pero no estamos dispuestos, con ese pretexto, a destruir el sistema cuya defensa se invoca. Porque hay un problema esencial que consiste en creer o no creer que la democracia pueda defenderse en el ámbito de la libertad”.

 

Ya antes de producido el golpe, las medidas tomadas invocando la defensa de las instituciones terminaron aplicándose a sus defensores. Los violadores de la legalidad pretendían aparecer como defensores de la ley.

 

Ferreira -escribimos entonces- un líder al que nadie discute su condición de hombre honrado, está preso y en el centro de una tormenta política de fin impredecible. Pero hay algunas luces en el horizonte: a pesar de la censura, las clausuras reiteradas de medios de comunicación, las prohibiciones y los riesgos, amanece en la conciencia popular. Amplios sectores han perdido el miedo. El día que Ferreira llegó al país, a pesar de un comunicado oficial que advirtió, con la perfidia de la gota de agua, contra la realización de manifestaciones y la infiltración de agitadores venidos del extranjero, una inmensa multitud con banderas, en su mayoría del Partido Nacional y del Frente Amplio, se concentró a lo largo de la Avenida Agraciada, en Montevideo, desde el Palacio Legislativo hasta la Avenida 18 de Julio. Por esos días, sin autorización alguna, se llevó a cabo una jornada convocada con la consigna “democracia ahora”, y se realizó una caravana similar, en número, a las que habían motivad en el país las grandes hazañas deportivas.

 

El 27 de junio, aniversario del golpe de Estado, un paro cívico congeló importantes sectores del país.

 

El futuro es incierto –escribimos entonces-, pero no habrá pacificación que no pase, entre sus primeras medidas, por la liberación de Ferreira, un líder político que será desproscripto, o no, -eso dependerá de las nuevas movilizaciones- pero a quien el régimen ha asegurado un lugar de privilegio. Porque las cárceles son, hoy, un sitial prestigioso, hoy y en el futuro, en el corazón del pueblo.

 

Algunos periodistas tuvimos oportunidad de observar, en el expediente de varios de los detenidos, cómo, después de primeras declaraciones negativas ante quienes les exigían cargos contra Ferreira, el trazo progresivamente quebrado de la firma al final de cada interrogatorio permitía comprobar las torturas a las que el preso era sometido.

 

Señalamos entonces que la prisión de Ferreira confirmaba la convicción de que la justicia militar es a la justicia lo que la música militar es a la música. Y ante quienes sostenían que esos planteamientos desprestigiaban a las Fuerzas Armadas, replicamos que “lo que lleva al desprestigio de una institución -se trate de las Fuerzas Armadas, de un Partido o de la Santa Madre Iglesia- es su inconducta; las arbitrariedades cometidas; no el enjuiciamiento de las mismas”.

 

Sostuvimos que Ferreira debía ser liberado, porque su prisión significaba la pretensión de castigar ideas. Y que debía ser desproscripto porque una elección con Partidos o candidatos prohibidos no tendría la normalidad elemental que exige una instancia electoral.

 

Por otra parte, Ferreira era un candidato proclamado por la Convención de su Partido, y de una elección con limitaciones impuestas por un gobierno de facto no podría surgir el gobierno que el país necesitaba para intentar recorrer el camino de la reconstrucción nacional.

 

Por esos días, grupos de mujeres encabezados por la esposa de Wilson Ferreira recorrían desde Plaza Independencia hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores cantando el himno nacional y reclamando libertades. La imagen de Wilson Ferreira y de su hijo Juan Raúl, que también había sido detenido, crecían en el cariño popular.