En Argentina, el 24 de marzo fue declarado “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”, en recuerdo del golpe militar y los 30.000 desaparecidos que dejó, pero la conmemoración de este año es diferente a todas las anteriores: hay un desaparecido más, el compañero Julio López.

La preocupación y alarma que produce el primer caso de desaparición política en 27 años de democracia, ha enfrentado a organismos de derechos humanos entre sí, lo que no impidió que se realizaran actos en escuelas, fábricas, barrios, villas, estadios, en todo el país. Los más relevantes fueron los de la Plaza de Mayo que los pro Kirchner ocuparon por unas horas y los opositores después. Todos coinciden en acelerar los juicios para evitar “aprietes” o cosas peores. Mientras tanto, el Presidente dio un fuerte discurso desde el centro de tortura La Perla, en Córdoba y lo inauguró como otro museo de la memoria, algo que se piensa hacer con los más de 600 centros clandestinos de represión.

En estos seis meses hemos visto la cara de Julio López todos los días, en cualquier canal y en cualquier horario, pidiendo datos sobre su paradero por parte de gobierno nacional y el de la Provincia de Buenos Aires. La piel se nos ha erizado cuando atendíamos los llamados, que se realizaron a todos los teléfonos celulares empadronados en Argentina, con mensajes grabados para saber dónde acudir en caso de verlo. Han mandado mensajes de texto también. Las radios, los diarios, los carteles en la vía pública, su cara en los vidrios de los patrulleros. Pero nada, a López parece habérselo tragado la tierra.

Para intentar ubicarlo se realizaron 2.500 operativos policiales, 4.000 declaraciones testimoniales, rastrillajes con perros, patrullas y helicópteros. Lo buscaron en 15 provincias, así como en Brasil, Uruguay y Paraguay. Se analizaron los casos de 90 cadáveres no identificados y el gobierno de la Provincia de Buenos Aires ofrece 20 mil dólares por cualquier información sobre su paradero. Pero hoy, al cumplirse 31 años del golpe de Estado, se abrió, según los expertos que siguen la causa, una nueva pista: la de los laderos del fallecido ex represor Camps, general que fue el jefe máximo de la Policía Bonaerense en la dictadura, reconocido por su ferocidad y ensañamiento con los prisioneros.

La nueva pista y estaba tan cercana…

Por orden del juez que investiga en la causa de la desaparición, se allanó la cárcel donde está detenido el mismísimo Etchecolatz, genocida contra el cual declaró López, y por lo que se supone lo habrían secuestrado.

Lo cierto es que la hipótesis más fuerte por estos días, es la denominada “pista de la banda mixta”, que apunta contra ex miembros de la Policía Bonaerense y también del Ejército, como presuntos responsables del secuestro.

En la cárcel común de Marcos Paz purgan condenas Etchecolatz y otros ex policías involucrados en violaciones a los derechos humanos.

Según dijeron a Sirel fuentes de la investigación, la hipótesis es que desde este presidio habrían planificado la desaparición del albañil de 77 años que en julio de 2006 declaró contra el ex subjefe de la Policía Bonaerense en la dictadura.

Ya no hay dudas de que el objetivo del procedimiento fue intimidar a los testigos que deben dar testimonio en otros procesos contra jerarcas de la dictadura. “Lo que pasa es que estos personajes se impacientaron: hay más de 200 militares en prisión que esperan juicios y miles de policías y jerarcas del Ejército que lo esperan en prisión domiciliaria. Además odian al gobierno que los quiere poner en cárceles comunes junto a los demás criminales comunes, y consideran que los ex Montoneros se están tomando revancha”, señaló a Sirel un alto jefe de Investigaciones, que prefirió el anonimato.

“Si estos tienen algo que ver, es en la planificación del secuestro, son los ideólogos. Lo peligroso es que se conectan con policías y militares activos que no participaron en la represión, pero que simpatizan con estos personajes, por lo que pueden estar siendo adiestrados por represores que aún no han sido procesados. Esto sería un peligro, estaríamos ante la formación de nuevos ‘Grupos de Tareas’ como en la dictadura”, afirmó la fuente muy allegada a la causa.

El juez Corazza, a cargo de la causa, pidió el secuestro de libros de guardia para saber quiénes visitaron a los represores en la cárcel, así como teléfonos celulares y otros objetos pertenecientes a un grupo de reclusos que integraban el entorno del general Camps.

Según pudo averiguar este corresponsal, las celdas revisadas corresponderían a: el ex cabo Norberto Cosan, lugarteniente de Camps; el ex chofer de Etchecolatz, Hugo Guallama; y la de Carlos “Oso” García, un ex policía que, según las pruebas reunidas en el Juicio por la Verdad, intervino en operativos de represión a fines de los `70. Igualmente, ninguno de los otros 33 ex militares detenidos en la misma cárcel están exentos de sospecha o colaboración.

Allí están alojados muchos represores de una de las Megacausas, la del Primer Cuerpo del Ejército. Pesos pesados de los “Grupos de Tareas”, como el “Turco Julián” (Julio Simón), Eduardo Rufo y Pascual Guerrieri.

El allanamiento en la cárcel constituyó el primer aval de la teoría de la “banda mixta”, impulsada desde el principio por los organismos de derechos humanos.

Por otra parte, la familia del desaparecido López hizo un llamado desesperado a la población y a las autoridades para que esclarezcan el caso. Incluso abrió su propia investigación, con una dirección de correo electrónico (ruben_eduardo_lpez@yahoo.com.ar) donde recibir información que pueda conducir a localizar al testigo.

Un mismo objetivo: dos visiones

Los organismos de derechos humanos que no responden a Kirchner y que intervienen como querellantes en la causa por la desaparición de Julio López, denunciaron una supuesta maniobra electoralista y cuestionaron la actuación de las fuerzas de seguridad.

“El procedimiento en la causa comenzó a las 8 horas, y diez minutos después integrantes de la Policía Federal se lo comunicaron a la agencia oficial TELAM y a otros medios poniendo en riesgo su éxito”, afirmó a Sirel, Adriana Calvo, de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos. También consideró que dada la fecha, existió un “intento por usar mediática y electoralmente el caso López”.

También se corrió un rumor: las supuestas demoras en el allanamiento que le dieron tiempo a los sospechosos para guardar valiosa documentación. El gobierno negó la afirmación y sostuvo que se ordenó el jueves 22 y se cumplió un día después.

En otro hecho también se acusó a la policía de ser, por lo menos negligentes. Fue  cuando se allanó un campo en la localidad de Atalaya, donde supuestamente habría estado López. Pero los organismos de derechos humanos se quejaron de que la operación estaba “cantada”, y  que unas horas antes al allanamiento el lugar había sido “visitado” por dos policías que sembraron pistas falsas para confundir la investigación. También solicitaron al juez que esos dos policías y sus jefes sean indagados y castigados.

“Por otro lado, no debemos olvidar el secuestro y torturas que sufrió Carlos Leiva, quien reconoció a uno de sus secuestradores como miembro de un organismo de seguridad; las recientes amenazas a dos testigos en Neuquén y a una tercera en Lincoln; las intimidaciones y agresiones a militantes populares que continúan produciéndose con total impunidad; el brutal recrudecimiento del gatillo fácil, muestran que no alcanza con un discurso del presidente en el que nos diga que `es evidente que todavía en la Argentina funcionan… cadenas de impunidad´. Necesitamos medidas de fondo”, afirmó Adriana Calvo a este corresponsal.

“Desde el principio dijimos que debieron y deben buscar a los responsables del secuestro y desaparición de López, como así también del secuestro del compañero Gerez y a los responsables del cadáver baleado y calcinado que apareció en el camino negro de Punta Lara. También deben hacer inteligencia dentro de la Policía Bonaerense, en los organismos represivos y en la derecha fascista que se reúne a reivindicar la tortura y la muerte”, agregó.

La Armada también espía

La ex detenida desaparecida tampoco puede creer que no se le haya dado importancia judicial a un caso que involucra al tercer hombre de la Armada, el comandante de Operaciones Navales Eduardo Avilés, quien fuera denunciado por organismos de derechos humanos por ordenar tareas de espionaje político desde la base aeronaval de Trelew, y sólo se lo separara del cargo. Hay que destacar, igualmente, que la denuncia la hizo un joven soldado que se negó a participar de estas tareas ilegales y que lo hizo ante el CELS, un organismo de derechos humanos. Entre las pruebas aparecían reportes de inteligencia recientes como una ficha con información sobre la ministra de Defensa, Nilda Garré, que incluía su foto, una síntesis de su carrera pública, un listado de sus hijos y las actividades a las que se dedica cada uno. También había seguimientos sobre los actos de conmemoración de la Masacre de Trelew (16 combatientes del ERP, FAR y montoneros fusilados el 22 de agosto de 1972, en represalia por la fuga de las máximas cúpulas guerrilleras de la Base Almirante Zar), los familiares de estas víctimas, además de un parte referido a la reapertura de la causa judicial sobre la matanza. En algunas carpetas aparecen datos de archivos de la última dictadura, archivos cuya existencia la Marina siempre negó.

Muchos de los elementos reunidos que estudia el juez de Rawson hacen pensar que la reapertura de la causa de la masacre de Trelew ya está en trámite, lo que genera gran inquietud en la Armada. Hay un parte sobre la reapertura en trámite de la investigación judicial de la masacre, ocurrida durante el gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse, por el cual podrían ser citados los militares que estaban en la base en aquella época. Abarca detalles sobre reuniones de funcionarios del gobierno con los familiares de las víctimas y un análisis de la probable evolución del caso. Un informe titulado “Acontecimientos acaecidos durante la semana de la Memoria” describe los actos de conmemoración de agosto del año pasado. Detalla los movimientos de funcionarios locales y de nivel nacional como el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde. Agrega un listado de personas presentes, como la subsecretaria local del área (con todos sus datos personales), ex detenidos y madres de Plaza de Mayo.

Además, hay fotos de funcionarios provinciales entrando y saliendo de reuniones con organismos de derechos humanos y de los fiscales Jorge Miquelarena (de Estado) y Alejandro Panizzi (anticorrupción), que viajaron recientemente a Estados Unidos para brindar conferencias. También en un mueble archivero se encontraron carpetas que dicen:  “Movimiento indigenista”, otra que dice “Gremios” y otra “Religión”.

“¿Cómo puede ser que este organismo de probable desestabilización política no fuera llevado a juicio? ¿Por qué no se quieren meter con los policías y militares antidemocráticos de la actualidad?”, se pregunta Adriana Calvo y advierte: “¿Así van a evitar otro caso López?”.

Un 24 de marzo dividido 

La ciudad de Buenos Aires y todo el país fueron escenario de multitudinarios actos y marchas como sucede cada año en esta triste fecha. En Capital hubo dos marchas, apenas distanciadas por una hora, por las divergencias en los organismos de derechos humanos. La primera fue convocada a las 15 horas por Abuelas y Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, la APDH, el CELS, el SERPAJ, HIJOS Capital y cientos de otras organizaciones, además de la Juventud Peronista, Barrios de Pie y Libres del Sur, movimientos de la izquierda peronista. Mientras tanto, a las 16 horas comenzó el acto en Congreso y posterior marcha a Plaza de Mayo de Encuentro Memoria Verdad y Justicia –compuesto por HIJOS-Nacional, Polo Obrero, Ex Detenidos Desaparecidos y otros más- que es absolutamente crítico con el gobierno y que intentó copar el 30 Aniversario en Plaza de Mayo, con consignas contra Kirchner, no dejando pasar a las Madres y Abuelas, y cuando quisieron hablar les apagaron el micrófono.

Los vecinos se reunieron en los centros clandestinos de tortura, colocaron placas recordatorias en los barrios y cambiaron los nombres de las calles por los de los vecinos desaparecidos. Los artistas hicieron recitales gratuitos en cientos de actos. También hubo movilizaciones hacia el Cuartel de Campo de Mayo, sede del Ejército, donde fueron ejecutadas miles de personas y donde funcionaba una de las maternidades clandestinas en la que nacieron algunos de los 500 nietos apropiados por los militares y la Policía.

Mientras tanto, el presidente Néstor Kirchner habló en cadena desde el centro de tortura de “La Perla”, ubicado a 12 kilómetros de la capital cordobesa, por donde pasaron entre 2.200 y 2.500 detenidos-desaparecidos y que estaba a cargo del represor Luciano Benjamín Menéndez, del Ejército.

FOTO:  Los combatientes deponen sus armas. Pronto serán fusilados en la “Masacre de Trelew”. Ahora, grupos de la Marina espían a sus familiares (Telam)

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