La jueza 
Mariana Mota confirmó el pedido de la fiscalía, y 
condenó a 30 años de prisión 
al ex presidente Juan María Bordaberry, 
por el delito de atentado a la Constitución, por su responsabilidad en el 
golpe de Estado de junio de 1973.
 
El ex 
dictador ya había sido procesado el 20 de diciembre del 2006 por "reiterados 
delitos de homicidio especialmente agravados en calidad de coautor", aunque 
en aquel momento se había rechazado la imputación de atentado a la 
Constitución. Bordaberry seguirá cumpliendo prisión domiciliaria. La 
abogada Hebe Martínez Burlé destacó que es "la primera vez que 
alguien va preso por dictador". En declaraciones a Montevideo Portal, la 
profesional se congratuló del fallo de la Justicia, y sostuvo que es "la 
prueba de que la única batalla que se pierde es la que no se da".
 
El fallo de 
la jueza Mota podría ser apelado por la defensa de Juan María 
Bodaberry. Sobre este punto, Martínez Burlé comentó que será 
difícil probar que no dio un golpe de Estado. Esta sería la primera vez en
Latinoamérica que un dictador es condenado por dictador, debido a que 
en los otros procesos judiciales contra los presidentes de facto fueron 
realizados por violaciones a los derechos humanos u otros delitos cometidos 
durante la dictadura que impusieron.
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La abogada 
Hebe Martínez Burlé dijo a Montevideo Portal que "es la primera 
vez que se condena a alguien por dictador" | 
 
 
La denuncia 
fue presentada ante la Justicia en 2002, por los abogados Walter De León 
y Hebe Martínez Burlé: "En aquel momento presentamos la 
denuncia por varios delitos", señaló a Montevideo Portal, Walter De León 
quien agregó que uno de ellos fue el de "violación de secretos políticos y 
militares" cometido en el marco del intercambio de información realizado 
para el Plan Cóndor.
 
En 2001 fue 
la primera vez que Bordaberry concurrió a declarar a un juzgado, en 
la causa que investigaba los asesinatos de los ocho comunistas de la 
seccional 20. En ese proceso también se reconoció el hecho de que la 
Justicia había sido interrumpida durante los años de proceso, punto esencial 
para reconocer, además del atentado a la Constitución, el mecanismo adecuado 
para contar los años de prescripción. 
 
Por su parte
Martínez Burlé resaltó el valor "emblemático y simbólico" del fallo:
"En este país no se 
puede violar la Constitución, sin que pase nada", agregó.