Organizaciones de derechos humanos
reclamaron al presidente Lula
abrir
los documentos secretos del terrorismo de Estado
La dictadura brasileña realizó un meticuloso seguimiento de sus
opositores dentro y fuera de fronteras entre 1964 y 1985.
Existió intercambio de información entre los servicios
secretos uruguayos y una agencia de espionaje desarrollada
en Itamaraty. El Centro de Informaciones del Exterior (CIEX)
fue creado por el diplomático Manuel Pío Correa,
quien se desempeñó como embajador en Montevideo. En algunos
archivos secretos divulgados por el periódico Correio
Brasilenze se incluyen amplias menciones a dirigentes
políticos uruguayos. Brasil también controlaba a sus
países vecinos. La apertura de los archivos fue exigida en
un seminario organizado por la Cámara de Diputados.
Los archivos secretos del Estado brasileño contienen información
importante sobre lo que ocurría en Uruguay en los
tiempos de autoritarismo democrático y durante la dictadura
cívico militar de los años sesenta al ochenta, reconocieron
a La República en Brasilia fuentes allegadas a
documentos reservados de Itamaraty que fueron revelados por
un periódico local.
Un servicio de Inteligencia, instrumentado a través de la política
exterior brasileña, no sólo se habría dedicado a poner en
práctica un Plan de Busca Externa para controlar a los
opositores a su dictadura, sino que también habrían
registrado las situaciones internas de los países vecinos y
particularmente de Uruguay, donde se instalaron
cientos de exiliados brasileños. Los meticulosos documentos
"top secret" de la dictadura brasileña constituirían toda
una crónica de las actividades represivas de la región y en
particular de las operaciones del Plan Cóndor, donde
Brasil tuvo menor protagonismo, pero de cuyas acciones
fue permanentemente informado a través de sus embajadas y de
informes de los servicios de Inteligencia vecinos.
La apertura de esos archivos secretos de la dictadura de Brasil
fue exigida en la capital federal, Brasilia, por
organizaciones de derechos humanos y legisladores que
participaron entre el 15 y 17 de agosto del
"1er.
Seminário Anistiados do Brasil - Anistia e Dereitos Humanos" que se realizó en el Auditorio Nereu
Ramos, anexo a la Cámara de Diputados.
En el seminario, donde hablaron el juez federal argentino
Claudio Bonadío, impulsor de la nulidad de las leyes de
punto final, la abogada chilena Faviola Letelier,
hermana del asesinado ex canciller Orlando Letelier,
y el activista de derechos humanos gaúcho Jair Krischke,
también intervino La República, que expuso sus
investigaciones periodísticas sobre el Plan Cóndor.
Desclasificar los archivos
La desclasificación de los archivos brasileños fue uno de los
reclamos que las organizaciones de presos, destituidos y
excluidos durante la dictadura hicieron al presidente
Lula en una carta donde también piden la reparación a su
situación de "amnistiados" a través de una ley posterior al
régimen militar que no les reconoció todos sus derechos.
"O Brasil ainda esconde sua história de terror, em benefício
de quem?
Para acobertar os horrores dos interesses americanos?
Ou para esconder os criminosos nacionais?", dice la declaración
suscrita por más de veinte organizaciones políticas,
sociales y de derechos humanos que sesionaron en el
seminario.
También la subprocuradora general de la República, María Eliane
Menezes, admitió en el seminario que la ciudadanía tiene
el derecho de saber la verdad, y sostuvo que mientras no se
abran los archivos del Estado, en Brasil no habrá un
reconocimiento cierto de lo ocurrido durante una dictadura
en la que fueron amnistiados civiles y militares por igual.
El hallazgo de archivos secretos también ha generado una fuerte
tensión política dentro de los edificios que rodean la Plaza
de los Tres Poderes en el corazón de la capital de Brasil,
cuyo presidente, Luiz Inácio Lula Da Silva, había
ordenado remitir al Archivo General de la Nación toda
documentación vinculada con la dictadura que gobernó el país
entre 1964 y 1984.
El 31 de diciembre de 2002, horas antes de que Lula asumiera
la presidencia, su antecesor Fernando Henrique Cardoso
había ampliado por otros 30 años el plazo de reserva de
todos los documentos secretos que pudieron realizarse
durante la larga dictadura militar que se inició con el
derrocamiento de João Goulart a mediados de los
sesenta.
Un espía
en Montevideo
La aparición de documentos de los años de la dictadura en Brasil
también provocaron una fuerte expectativa en las
organizaciones de derechos humanos y entre las víctimas de
las dictaduras de la región que reabren sus esperanzas de
conocer lo ocurrido con cientos de desaparecidos a través de
los detallados informes elaborados por la Inteligencia
brasileña.
En los años sesenta, desde la sede de la Cancillería de Brasil se
instrumentó un sistema de espionaje denominado CIEX, al que todo el
cuerpo diplomático brasileño aportaba datos referidos a las
actividades de los opositores a su dictadura y los contactos
que ellos tenían con organizaciones de izquierda de los
otros países.
La investigación periodística realizada por el cronista
Claudio
Dantas Sequeira
del matutino
Correio
Brasilenze
en la capital federal brasileña, explica que este
sistema de Inteligencia, que operó entre 1966 y 1985, fue
creado por el diplomático Manuel Pío Correa, formado
en la Escuela Superior de Guerra, quien luego cumplió
funciones de embajador en Uruguay.
En Montevideo, el diplomático Pío Correa hizo el primer
ensayo del CIEX que luego extendió a otros países.
Actuaba junto a su agregado militar, coronel Camara Senna,
en el seguimiento de las actividades de los exiliados
Leonel Brizola y João Goulart, para la cual
tejieron una red de informantes entre políticos, militares,
jueces, policías, empresarios y comerciantes uruguayos.
El sistema de seguimiento e información, que contó con un
particular apoyo de la policía en el interior del país, se
extendió a toda la zona fronteriza uruguayo-brasileña, desde
donde se elaboraron informes que luego eran intercambiados
con los servicios de Inteligencia militar del poderoso III
Ejército, hoy Comando Militar del Sur.
10 años
antes del Cóndor
En declaraciones a Correio Brasilenze, el historiador
Luiz Alberto Moniz Bandeira recordó que durante su
exilio en Uruguay el diplomático Pío Correia
fue un precursor de la Operación 30 horas por la que
Brasil planificó invadir Uruguay si el Frente
Amplio ganaba las elecciones de 1971. Pío Correa
habría pretendido implementar la operación ya en 1965.
El trabajo de espionaje del CIEX no se limitó a la
acumulación de información para la inteligencia del Estado
brasileño, sino que también implicó un sistema de
intercambio de información con los "servicios" de los países
vecinos, lo que constituyó la implementación de la
coordinación represiva diez años antes de que en Chile
se instituyera el llamado Plan Cóndor.
A fines de 1975 cuando en Santiago de Chile se formalizó la
Operación Cóndor en una reunión de servicios de Inteligencia
convocada por la DINA trasandina, Brasil ya
había desarrollado todo un aparato de seguimiento y
represión fuera de fronteras que había denominado Plan de
Busca Externa, que derivaba sus datos al Servicio Nacional
de Informaciones (SNI). En la reunión constitutiva
del Plan Cóndor, en representación de Brasil fue invitado el
general João Figueiredo, entonces director del SNI,
quien terminó por enviar a un representante, dada su
desconfianza a la indiscreta forma de actuar de la
Inteligencia chilena, que ya había ejecutado en Buenos Aires
el asesinato del general Carlos Prats.
Aunque Brasil no aparece como uno de los principales
protagonistas de las acciones del Plan Cóndor, toda la
información surgida en la red de coordinación con los otros
países también le era enviada para su procesamiento y
evaluación. "Brasil debe tener el mejor archivo de
todos los servicios de Inteligencia de la región", se indicó
en Brasilia a La República.
"Olhos
do Grande Hermano"
Entre los documentos que afectan a Uruguay, se incluye el
Informe 334 del 13 de setiembre de 1977, en el que -a pedido
de los servicios de Inteligencia uruguayos que solicitaban
"poner en práctica el Plan Cóndor"- se da cuenta de las
actividades que en Brasil realizaron representantes
del ilegalizado gremio de estudiantes uruguayo.
"As autoridades suspeitam que estão sendo reativadas as
ações clandestinas da Federação de Estudantes Universitários
do Uruguai (FEUU), o ramo representativo do PC
uruguaio no meio estudantil", dice el documento que anota la
prisión de los consejeros docentes Alberto Castillo
Alvarez, Max Cognolli, Hugo Selinko y
César Corengia, y del estudiantil Edgardo Rodas.
En el Informe 151/71 el CIEX se enorgullece de haber
identificado a subversivos en el Banco do Brasil: "Na
agencia havia sido organizada uma célula da esquerda radical
(FER ou MLN), descoberta pela polícia
uruguaia, quando seus membros realizavam uma reunião
clandestina na Escola Pública/171, em Villa García (km. 21
do Camino Maldonado, Montevidéu)", dice.
Como consecuencia de ese operativo,
terminaron siendo procesados con prisión los dirigentes
bancarios Ary Cabrera Prates, Ruben Julio Vaneiro
Roso y Luis Alberto Chemi de Mello, según
confirmó a
La República Adriana Cabrera,
hija del sindicalista que en abril de 1976 en Buenos Aires
terminaría convirtiéndose en víctima de la desaparición
forzada.
Uruguay es mencionado en varios de los documentos relativos al seguimiento
del dirigente comunista brasileño Carlos Lamarca y
del ex diputado de la ALN, Carlos Marighella,
de quien se destaca su relacionamiento con el dirigente del
Movimiento Revolucionario Oriental (MRO), Ariel
Collazo, a quien acusan de ser nexo de los opositores
brasileños con el gobierno de Cuba.
Roger Rodriguez
Diario La República, Uruguay
22 de agosto de 2007
* Agradecemos a
Jair
Krischke
del
Movimiento de
Justicia y Derechos
Humanos
(MJDH,Porto Alegre, Brasil)
el envio de esta noticia.
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