La decisión
de la Corte Suprema de Argentina de anular las dos leyes de
amnistía del país es una victoria histórica contra la
impunidad por graves violaciones de los derechos humanos y a
favor del Estado de Derecho, señaló hoy Human Rights Watch.
Las dos leyes habían bloqueado el enjuiciamiento de los
crímenes cometidos bajo la dictadura militar.
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"La época en que se hacían acuerdos bajo
la mesa con
los militares, arrancados a punta de fusil
contra las autoridades democráticas, se acabó".
José Miguel Vivanco |
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El fallo largamente esperado, de siete jueces contra uno,
confirma las decisiones de los tribunales inferiores que
habían declarado inconstitucionales las leyes. La aprobación
en el Congreso en agosto de 2003 de una ley que anulaba las
leyes también ha puesto de manifiesto la tendencia hacia el
rendimiento de cuentas en Argentina.
"Los crímenes de la 'guerra sucia' son demasiado graves para
amnistiarlos y olvidarlos", señaló José Miguel Vivanco,
director para las Américas de Human Rights Watch. "El fallo
de la Corte Suprema demuestra que independientemente del
tiempo que pase, las leyes que impiden la justicia por
graves abusos contra los derechos humanos siguen siendo una
espina que tienen clavados los gobiernos democráticos",
agregó.
Al menos 14.000 personas "desaparecieron" cuando Argentina
estuvo gobernada por los militares desde 1976 hasta 1983.
Después del restablecimiento de la democracia, los
tribunales empezaron a juzgar a los miembros de las juntas
militares por secuestros, asesinatos y tortura; pero los
juicios y las sentencias contra los líderes de la junta y
oficiales militares y policiales provocaron una reacción
violenta de las fuerzas armadas. El entonces Presidente Raúl
Alfonsín aceleró la aprobación de dos leyes en el Congreso,
el 24 de diciembre de 1986 y el 5 de junio de 1987, con la
esperanza de apaciguar las objeciones militares a los
enjuiciamientos.
La ley de punto final de 1986 (Ley No. 23.492) fijó un plazo
de 60 días para el inicio de nuevos enjuiciamientos. Cuando
la ley no logró frustrar el procesamiento de gran cantidad
de acusados, se aprobó la ley de obediencia debida en 1987
(Ley No. 23,521), que concedió impunidad automática frente
al juicio a todos los miembros de las fuerzas armadas, salvo
los comandantes superiores. El 22 de junio de 1987, la Corte
Suprema dictaminó que la ley de obediencia debida era
constitucional, poniendo efectivamente freno al
enjuiciamiento de los crímenes de la "guerra sucia".
Durante años, las leyes de amnistía impidieron los
enjuiciamientos de todos los crímenes cometidos bajo la
dictadura militar, excepto la violación y el robo de bebés
nacidos de madres "desaparecidas", crímenes específicamente
excluidos de la ley de obediencia debida. En 2001, sin
embargo, el juez federal Gabriel Cavallo reabrió un caso
contra dos agentes de la policía acusados de la tortura y
desaparición en 1978 de una pareja chileno-argentina. En un
fallo histórico que abrió las puertas a más enjuiciamientos
de este tipo, el Juez Cavallo sostuvo que las leyes de
amnistía eran inconstitucionales.
En 2001, la Corte Federal de Buenos Aires confirmó el fallo
del Juez Cavallo. Pero la posibilidad de un avance real en
los juicios de los crímenes de la "guerra sucia" ha tenido
que esperar hasta la decisión de la Corte Suprema sobre la
constitucionalidad de las leyes.
Los organismos de derechos humanos tanto regionales como
internacionales han criticado las amnistías generales
otorgadas por graves crímenes contra los derechos humanos.
En 2001, en una sentencia sobre el caso Barrios Altos en
Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró
que dos leyes de amnistía, introducidas por el gobierno del
Presidente Alberto Fujimori en 1995, eran incompatibles con
la Convención Americana sobre Derechos y carecían por lo
tanto de efecto legal.
La Corte Suprema de Argentina ha citado la sentencia del caso
Barrios Altos como precedente legal para su fallo de hoy.
Además de permitir el avance de los juicios sobre derechos
humanos en Argentina, el fallo de la Corte Suprema tendrá un
impacto significativo en otros países en los que existen o
se están debatiendo leyes de amnistía, como en Chile,
Uruguay y Colombia.
"La época en que se hacían acuerdos bajo la mesa con los
militares, arrancados a punta de fusil contra las
autoridades democráticas, se acabó," dijo Vivanco. "Ojalá
esta decisión permita el surgimiento de una nueva era en la
que todos, incluyendo los poderosos, estén sujetos a las
mismas reglas."
Human Rights Watch
Human Rights Watch
15 de junio de 2005
