Decenas de miles de personas (entre 20 y
30 mil según las fuentes) marcharon en
la noche del martes 20 por las calles de
Montevideo en reclamo de “verdad y
justicia” por los crímenes de la pasada
dictadura cívico militar.
La llamada “Marcha del silencio”
se ha convertido en la única
manifestación capaz de reunir en
Uruguay, todos los 20 de mayo desde 1996
y prácticamente sin necesidad de
convocatoria formal previa, a decenas de
miles de personas.
Se trató de la 13º manifestación de
este tipo, organizada por la Asociación
de Madres y Familiares de Uruguayos
Detenidos Desaparecidos y respaldada por
todos los grupos de defensa de los
derechos humanos del país y por
numerosas organizaciones sociales,
sindicales y políticas, entre ellas la
UITA.
La novedad de este año es que la “Marcha
del silencio”, como se la conoce,
coincide con la acentuación de la
campaña por la anulación de una ley que
en 1986 dejó sin castigo penal a
militares y policías culpables de
asesinatos, secuestros y torturas
cometidos bajo la dictadura (1973-85).
Para suprimir esa ley, llamada de
Caducidad de la Pretensión Punitiva del
Estado, se necesita la realización
de un plebiscito para cuya convocatoria
debe estampar su firma al menos 10 por
ciento del electorado uruguayo (es decir
un mínimo de 250.000 personas) a más
tardar seis meses antes de las
elecciones nacionales de noviembre de
2009. La Coordinadora por la Nulidad de
la ley ya superó las 100 mil firmas.
“Fue una manifestación cargada de
significado ante la posibilidad de
anulación de la ley, la recolección de
firmas y el probable reinicio de las
excavaciones en los cuarteles en busca
de restos de desaparecidos”, comentó
Macarena Gelman, nieta del poeta argentino
Juan Gelman
y nacida en Montevideo pocas semanas
antes de que su madre, la argentina
María Claudia García,
trasladada desde Buenos Aires, fuera
ejecutada aquí.
El otro factor novedoso que rodeó a
la marcha en esta ocasión fue la
decisión, a fin del año pasado, del
congreso de la coalición gobernante
Frente Amplio de adherir a la consigna
de anulación de la ley de caducidad. La
resolución fue muy trabajosa, ya que se
tomó a contrapelo de la postura de los
partidos mayoritarios del Frente Amplio
y del propio presidente socialista
Tabaré Vázquez.
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“Fue una manifestación
cargada de significado ante
la posibilidad de anulación
de la ley, la recolección de
firmas y el probable
reinicio de las excavaciones
en los cuarteles en busca de
restos de desaparecidos”
Macarena Gelman |
Tanto esos grupos políticos como
Vázquez
se oponen a revisar una ley que fue
ratificada en plebiscito popular tres
años después de aprobada. Aducen también
que pese a todo el texto permite,
paradójicamente como consecuencia de una
de sus incongruencias jurídicas mayores
(deja librada al Poder Ejecutivo, y no a
la justicia, la decisión de cuál caso y
cuál no está comprendido en la propia
ley), juzgar a militares y civiles
emblemáticos de la represión.
Señalan en su apoyo que desde que
el Frente Amplio llegó al gobierno, en
2005, el presidente
Vázquez
excluyó de la “ley de impunidad” todos
los casos que le fueron sometidos, y que
ello permitió procesar a una decena
larga de militares y civiles violadores
de los derechos humanos, y también, por
primera vez desde la caída de la
dictadura, ingresar a los cuarteles en
busca de cuerpos de desaparecidos.
“Todo eso es cierto, pero quienes
se niegan a tocar a esta ley que en su
tiempo el hoy canciller
Gonzalo Fernández,
uno de los hombres más cercanos a
Vázquez,
calificó de mamarracho jurídico, están
en última instancia diciendo que las
cosas son inmutables, que los procesos
históricos no existen”, proclama el
abogado
Oscar López Goldaracena,
uno de los portavoces de la Coordinadora
Nacional por la Nulidad.
“Olvidan quienes así piensan que
aquella ley fue primero aprobada por el
parlamento y luego ratificada por la
ciudadanía en un contexto de terror
infundido por las Fuerzas Armadas y por
algunos partidos políticos que
anunciaban poco menos que un nuevo golpe
de estado si la ley era anulada. Se
acababa de salir de la dictadura y el
miedo todavía campeaba”.
“Las nuevas generaciones no tienen
por qué quedar entrampadas en aquella
historia, y eso es lo que hay que
reivindicar: la necesidad de terminar de
una vez por todas el proceso todavía
inacabado de transición a la democracia,
eliminando un dispositivo que impide
hacer justicia y depurar a las Fuerzas
Armadas”.
A
López le inquietan, de todas maneras, las “ambigüedades” de
este gobierno, que aun si se diferencia
en gran forma de todos los que lo
precedieron desde 1985, carece de una
“política activa” de derechos humanos,
como lo demostraría no sólo su oposición
a la anulación de la ley de caducidad
sino su tolerancia hacia actitudes de
mandos militares que debieran ser
“absolutamente inaceptables”.
Entre estas últimas citó la del
actual comandante del ejército,
Jorge Rosales, quien semanas atrás se permitió criticar
a la justicia de otro país, la chilena,
por el tratamiento que ha dado a tres
militares uruguayos extraditados a
Santiago por el asesinato en Montevideo
de un ex agente de la dictadura de
Augusto Pinochet, el químico
Eugenio Berríos.
“Ese crimen ni siquiera está
comprendido en la ley de impunidad,
porque se produjo tras la dictadura, en
los años noventa. Sin embargo, los
mandos siguen respaldando a quienes
aparecen involucrados en un caso que se
puede ver como prolongación, en
democracia, del
Plan Cóndor
de cooperación entre las dictaduras del
Cono Sur. El gobierno debería haber
sancionado a
Rosales,
pero el problema es que no hay una
política de Estado hacia las Fuerzas
Armadas en clave de derechos humanos”,
piensa
López Goldaracena.
Tampoco es “comprensible” para
quienes propugnan la anulación de la ley
de caducidad que el gobierno de
Vázquez
no haya logrado acceder a los archivos
militares referidos a la época de la
represión, que “bien que existen y son
manejados aún hoy por los servicios de
inteligencia con fines intimidatorios y
oscuros”, dijo otro integrante de la
Coordinadora, el sindicalista
Luis Puig.
O que se “permita que los mandos
castrenses continúen mintiendo a la
justicia sobre la responsabilidad
institucional de las Fuerzas Armadas en
la represión ilegal. Es cierto, ahora
van a los tribunales a declarar, cosa a
la que antes se negaban, pero siguen
ocultando la verdad sin consecuencia
alguna para ellos”, insiste a su vez
López.
“Está muy bien que el Poder
Ejecutivo excluya algunos casos de la
ley de Caducidad y habilite así la
actuación de la justicia, está muy bien
que se entre a los cuarteles, pero es
insuficiente. A nuestro juicio el
gobierno debería imponer una batería de
medidas que obliguen a la restitución de
la verdad histórica y permitan hacer
justicia”, declaró el abogado a
Sirel.
Un hecho inesperado se produjo
pocas semanas antes de la marcha: la
liberación, por la justicia italiana del
marino uruguayo
Jorge Tróccoli, cuya extradición había solicitado la justicia uruguaya por su
participación en el traslado
clandestino, y posterior ejecución, en
1978, de al menos 20 militantes
uruguayos secuestrados en
Argentina.
La liberación del militar se
produjo, según todo indica, por la
desidia del embajador uruguayo en
Roma, que presentó la solicitud de
extradición pasados los plazos legales
para hacerlo.
“Es indignante, pero este caso
demuestra también la poca seriedad con
que estos temas se encaran desde el
estado. No fue sólo el embajador el que
estuvo omiso. La Suprema Corte de
Justicia tardó semanas en traducir al
italiano el expediente, con la cantidad
de traductores a ese idioma que hay en
un país como
Uruguay,
en el que la presencia de inmigrantes de
ese origen es sumamente importante”,
dijo a
Sirel otra fuente de la Coordinadora.
Para los animadores de la campaña
hay, a pesar de los pesares, razones de
ser “optimistas” en el “contexto
actual”. La resolución del congreso del
Frente Amplio “liberó” a muchos
militantes de esa fuerza de izquierda
para involucrarse plenamente en la
campaña de recolección de firmas y
permitió que ésta se acelerase. “Fue un
fuerte espaldarazo para quienes tiempo
atrás decidimos emprender una batalla
casi contra la corriente”, dice
Puig.
“Las jornadas nacionales que
organizamos el mes pasado fueron un
éxito. En las mesas que instalamos en
todos los barrios de Montevideo y en la
mayoría de las ciudades del interior del
país no dimos abasto. Ayuda que muchas
personalidades conocidas de todos los
ámbitos hayan adherido públicamente”,
agrega el sindicalista. Uno de quienes
ya firmó su papeleta es
Jorge Vázquez,
hermano del presidente
Tabaré Vázquez
y prosecretario de la Presidencia.
“Ahora hay que darle el empujón
final a la campaña para conseguir las
150 mil firmas que faltan. Confiamos en
que se superen con holgura y se genere
un hecho político y social mayor que
signifique un cambio histórico en este
país”, concluyó
López Goldaracena.
