Las organizaciones de víctimas de Prisión Política y Tortura de la dictadura militar chilena (1973-1989), Dawson2000.com y Agrupación de Derechos Humanos Orlando Letelier, elaboraron una propuesta para reparar integralmente la deuda que el Estado chileno posee con estas personas.

Según las organizaciones, la propuesta de DDHH que ellas entregaron al Gobierno de Chile busca "fortalecer una conciencia nacional democrática que  rechaza las violaciones a los DDHH. Las secuelas y secuencias de las violaciones a que fuimos sometidos". 

Más de cien mil chilenos tuvieron sus derechos básicos violados durante la dictadura. Estos sofrieron ejecuciones, secuestros, torturas, detenciones, confinamientos en campos de concentración, sometimiento a consejos de guerra, relegaciones y exilio por parte de agentes estatales. La Comisión de Política y Tortura del país reconoció que las violaciones cometidas contra los DDHH de los chilenos fueron crímenes cometidos como parte de una política institucionalizada del Estado, pero la reparación integral de las víctimas no tuvo avances significativos.

Al presente, según las organizaciones, lo que existe son leyes de beneficios limitados para determinados grupos de víctimas, incluyendo incentivos mínimos para el retorno de los exiliados, austeros beneficios provisionales para los exonerados políticos, magras pensiones para los familiares de los ejecutados y desaparecidos, y pensiones mínimas para los ex prisioneros políticos que constituyen la gran mayoría de las víctimas de DDHH.

Dawson2000.com y Agrupación de DDHH Orlando Letelier dijeron que la falta de justicia y reparación "aumentan la marginalización social que han sufrido las víctimas en estas décadas. Un mayor avance es posible". Y depositan las esperanzas de en el gobierno encabezado por la Presidenta Bachelet.

Entre los principales pontos que deben componer una legislación de reparación integral están: definición del universo de víctimas de violaciones de DDHH e Instituto de DDHH; compromiso publico con la Verdad y Justicia por las violaciones de DDHH; dignificación moral y social de la víctimas de prisión política y tortura en Magallanes; establecimiento del 26 de junio como el día de la solidaridad con los ex presos políticos, las víctimas de la tortura, relegados y exiliados.

Además de reparaciones económicas, puesto que las otorgadas actualmente por la ley 19.992 a las personas calificadas como víctimas de Prisión Política y Tortura son mínimas. No se reconoce la necesidad de reparación  por el daño causado por la prisión y la tortura en términos económicos - o sea la indemnización. La pensión otorgada es de gracia, no es compensatoria. La indemnización deberá ser suficiente para resarcir el daño económico por el período a que el individuo fue sometido a detención, prisión, relegación y exilio.

Las personas que fueron condenadas por consejos de guerra, la reparación debe ser complementada con un valor adicional para compensar el daño causado por las condenas. La reparación económica debe ser seguida de la social, con especial atención a la educación, el labor, la vivienda y la reparación médica y de salud mental de las víctimas de la dictadura e sus familiares.

La propuesta de las organizaciones exige también la reparación jurídica con: anulación de todos los consejos de guerra, los procesos en tribunales militares y civiles, y los decretos que se utilizaron para condenar, relegar y exiliar a los individuos calificados; eliminación de los antecedentes penales y las inhabilidades que fueron aplicadas a todos los individuos calificados como victimas de Prisión Política y Tortura; restitución de los derechos civiles y políticos para todos los individuos calificado; reconocimiento automático de la nacionalidad chilena para las personas calificadas como víctimas de Prisión Política y Tortura y para sus familias que sufrieron el exilio.

Adital

17 de noviembre de 2006