Cual cruzado medieval contra los infieles, Alan García decidió poner fin a la demanda indígena que –con gran firmeza– enfrenta su plan de lotizar la Amazonía a favor de grandes extractores de materias primas y avasallar los derechos de las comunidades y al medioambiente.

Escindido y excluyente, el Perú volvió a estallar. La orden de García y su gabinete de desalojar –a sangre y fuego– a los nativos que ocupaban Corral Quemado y las zonas aledañas de la carretera Fernando Belaunde desató una cruenta ola de violencia. Tropa de choque, vehículos blindados y helicópteros, que lanzaban lacrimógenas y tiros, encendieron el fuego. Rápidamente corrió de los caseríos a Utcubamba y Bagua Chica, hasta la estación de bombeo # 6, donde 38 policías estaban retenidos. El balance es incierto, pues los cadáveres habrían sido echados al río, pero sabemos que decenas de nativos, civiles y policías han muerto, sus familias los lloran sin poder recuperarlos, y viejas cicatrices se reabren.

Cual cruzado medieval contra los infieles, García decidió poner fin a la demanda indígena que –con gran firmeza– enfrenta su plan de lotizar la Amazonía a favor de grandes extractores de materias primas y avasallar los derechos de las comunidades y al medioambiente.

Ahora, psicóticamente, es un complot, hasta internacional, una manipulación de nativos ignorantes. Pero García había advertido sus planes a las comunidades y pequeños propietarios rurales en “El Perro del Hortelano”. En octubre del 2007, identificó modernidad y progreso con gran inversión y transnacionales. Señaló: La inversión “necesita propiedad segura (de tierra), pero hemos caído en el engaño de entregar pequeños lotes de terreno a familias pobres que no tienen un centavo para invertir”. Fue categórico: “La demagogia y el engaño dicen que esas tierras no pueden tocarse porque son objetos sagrados y que esa organización comunal es la organización original del Perú”. Y recalcó: “…en todo el Perú (hay) tierras ociosas porque el dueño no tiene formación ni recursos económicos, por tanto su propiedad es aparente. Esa misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnología de la que se beneficiaría también el comunero”. Más claro ni el agua: la propiedad de los pobres “es aparente” e inútil por falta de capital. La propiedad real, que el Estado debe imponer: la gran propiedad.

Con las facultades legislativas que el Congreso le delegó para “adecuar la legislación al TLC-EEUU”, inescrupuloso y mañoso, creyó encontrar la oportunidad para imponer su visión revelada. Lanzó una ofensiva contra las comunidades y la Amazonía con decretos legislativos (DL) inconsultos (violando el Convenio 169 de la OIT y otros) y provocó la reacción de los pueblos amazónicos. El afán de negociación fue inútil hasta que en agosto del 2008, con una huelga, arrancaron la derogatoria de dos DL y la revisión de otros. Regresaron la mecedora y el engaño. El 9 de abril se desató la segunda huelga. Pero ahora, el Congreso jugó con García y frustró la discusión y aprobación de sus mismos dictámenes por derogar los DL antiamazónicos. Entre tanto, Simon jugaba al “diálogo” y la mecedora, buscaba desconocer a los líderes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), y preparaba la represión.

El gobierno sabía que mucha gente de la zona era ex combatiente del Cenepa, reservista o rondero. Los nativos advirtieron que en esta lucha se les iba la vida, aunque no querían violencia. Movilizados masivamente, buscaron negociaciones diversas e infructuosas. Pero García presionaba al gabinete y a Cabanillas para acabar la protesta. Así nació la torpe operación del “día del medioambiente” –ahora supuesta respuesta a un complot– que, con las primeras muertes, desató las iras más hondas, los resentimientos más profundos y una cruenta y cruel sucesión de muertos y heridos. La condenable e inaceptable ejecución de policías detenidos y maniatados en la Bomba 6 revela que hay sectores que –sin dirección– pueden dar rienda suelta a toda clase de demonios.

Se persigue y descabeza la dirección de las comunidades nativas, Aidesep, lo que agudizará el caos y la respuesta desarticulada, mientras el mismo Presidente de la Corte Suprema denuncia la presión política sobre el PJ.

La situación ha convocado una Jornada Nacional de Lucha el 11 de junio y varios paros y movilizaciones regionales. Urge una salida:

1) El gobierno debería declarar temporalmente inaplicables (“vacatio legis”) los DL objetados, mientras el Congreso procesa las demandas de inconstitucionalidad y derogatoria;

2) El Congreso debiera colocar los temas en agenda y resolver, sin evadir su responsabilidad;

3) El gabinete Simon-Cabanillas debe irse y asumir su responsabilidad política en esta sangría;

4) Convocar a una investigación internacional de lo ocurrido, dadas las denuncias de Villa Stein sobre las presiones politicas al PJ, la ilegitimidad del Congreso y del Ejecutivo;

5) Nombrar una Comisión mediadora: quizás la defensora del Pueblo, los obispos amazónicos y Salomón Lerner (CVR);

6) Cesar la persecución a los dirigentes indígenas nacionales en Lima y levantar el Estado de Emergencia y toque de queda.

García, el gran responsable –que repite su brutal manejo de la revuelta de los penales de junio 1986–, debe irse. Y nosotros refirmarnos en una Constituyente que reconozca al Perú plurinacional y defienda sus recursos naturales, entre otros cambios, para refundarlo.

Javier Diez Canseco
Publicado en La República

9 de junio de 2009