Varias organizaciones colombianas iniciaron hoy, con una peculiar exposición fotográfica en una plaza de Bogotá, un Movimiento contra las Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad y Violaciones de los Derechos Humanos.

Un centenar de enormes fotografías de esas víctimas fueron desplegadas en la céntrica Plaza de Bolívar, en la que las organizaciones, encabezadas por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, explicaron a periodistas que se definirá la periodicidad de la muestra fotográfica.

"Sin Olvido", se leía en algunas de las pancartas que fueron puestas a lado o sobre las fotografías, frente al edificio del Congreso.

La próxima semana, en un encuentro nacional en Bogotá, se acordará cada cuánto tiempo serán expuestas las fotografías de las víctimas así como su posible itinerancia por el país, dijo a EFE una fuente de la organización.

Señaló que se trata de "hacer visible el movimiento" que será "similar a otros como el de las Madres de Plaza de Mayo" en Argentina.

Añadió que es una protesta "silenciosa y pacífica", en memoria de los centenares, miles de desaparecidos del conflicto armado interno colombiano, pero también, "un llamamiento a la lucha contra la impunidad" y "por la verdad, la justicia y la reparación".

La fuente aludió al proyecto de ley de Justicia y Paz que debe definir y aprobar por estos días el Congreso colombiano, y que será el marco legal para la desmovilización de los grupos armados.

Esa ley "se estrenará" con las organizaciones paramilitares asociadas en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que negocia con el gobierno del presidente Álvaro Uribe su desmovilización definitiva.

"Estamos en contra de esa ley", dijo a EFE la fuente, y recordó que la protesta del Movimiento contra Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad busca que no se implante en Colombia una legislación de punto final y olvido.

"Que se fijen en el ejemplo de Argentina. Tras muchos años, las 'Madres de la Plaza de Mayo' obtuvieron una ganancia", concluyó la fuente.

El caso se refiere a la desaparición de un chileno y una argentina, secuestrados en 1978 junto con su hija de ocho meses, que precipitó el martes pasado la decisión de la Corte Suprema de Argentina de anular las "leyes del perdón" a implicados en delitos de represión durante la dictadura militar (1976-1983).

Los jueces resolvieron declarar "inconstitucionales" las normas conocidas como "Punto Final" y "Obediencia Debida" en ese país.

EFE

16 de junio de 2005