Consejero fundador del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil y jurista de prestigio internacional, Jair Krischke se encuentra en Montevideo realizando gestiones vinculadas al pedido de extradición a la Argentina que pesa sobre el violador de los derechos humanos coronel Manuel Cordero, actualmente detenido en Brasil.

 

 

-¿Qué te trae a Montevideo en esta oportunidad?

-El tema principal que me convoca a Montevideo es el pedido de extradición del coronel uruguayo (R) Manuel Cordero que se está tramitando en Brasil, por requerimiento de la justicia argentina en el marco de una de las llamadas “megacausas” que, en este caso, se refiere a hechos ocurridos durante la aplicación del Plan Cóndor. La Suprema Corte brasileña está entrando en la etapa decisoria en este caso acerca de si concede o no la extradición de Cordero pedida por el juez argentino Guillermo Montenegro. Existen otros dos pedidos de extradición de Cordero en curso en la justicia brasileña: uno que provino desde Uruguay y otro que acaba de llegar también desde Argentina.

 

-¿En qué etapa está exactamente el trámite de extradición?

-El pasado 23 de abril Cordero fue a declarar en Porto Alegre ante un juez federal designado por la Suprema Corte, ya que ella no instruye directamente estos casos. El resultado de ese interrogatorio debería estar ya en Brasilia, a consideración de la Corte. No obstante, y en virtud de que en Brasil muchas veces se sabe poco de lo que ocurrió durante la dictaduras en Argentina y Uruguay, he venido a recabar testimonios directos de las personas que fueron víctimas de Cordero para complementar y apoyar las evidencias y elementos de juicio que la Corte tendrá a su disposición para decidir en este caso tan emblemático. Todo este material que están elaborando las Madres y Familiares de Detenidos Desparecidos del Uruguay será entregado al Fiscal General de la Nación.

 

-¿Se conoce el tenor de las declaraciones de Cordero?

-Se trata de un hábil declarante que argumenta que nunca formó parte de los “grupos de tareas” de militares uruguayos que realizaban operativos en Argentina, sino que ocupaba una posición de “analista de inteligencia”. Por eso es importante recabar los testimonios de aquellas personas que fueron secuestradas, torturadas e interrogadas por Cordero, de quienes lo identificaron como uno de los integrantes de esos “grupos de tareas” en los que él niega haber participado. La Suprema Corte no tiene competencia para juzgar los crímenes de Cordero, sino que debe evaluar si es un delincuente huyendo de la justicia o si se trata de una persecución política, como lo afirma él.

 

-Cordero pidió ser trasladado desde la prisión de Porto Alegre a la de una ciudad fronteriza con Uruguay, Santana do Livramento.

-Pidió eso, o en su defecto prisión domiciliaria, pero no se ha resuelto nada al respecto y él sigue en la misma prisión.

 

-¿Cuándo habrá una definición acerca del pedido de extradición?

-Es probable que en dos meses la Corte haya adoptado una decisión.

En Montevideo, Carlos Amorín © Rel-UITA 17 de mayo de 2007