Además
de ser un dinámico e inclaudicable
activista desde el Movimiento de
Justicia y Derechos Humanos (MJDH) de
Porto Alegre, Jair es un antiguo
compañero de ruta de la Rel-UITA. A su
paso por Montevideo, Sirel conversó con
él para hacer un balance del año que
termina sobre el tema de los derechos
humanos en la región.
-¿Qué opinión tienes sobre el
procesamiento del ex dictador
uruguayo
Gregorio Álvarez? (
+ Info )
-Se trata de un hecho extremadamente importante. Quiero
llamar la atención sobre algo realmente
peculiar, y es que en Uruguay hay
en este momento dos ex presidentes en
prisión, acusados de delitos de lesa
humanidad: Juan María Bordaberry,
elegido constitucionalmente y luego
cabeza visible del autogolpe de Estado
de 1973, y el teniente general
Gregorio Álvarez, el “Goyo”,
prácticamente autodesignado Presidente
de la República durante la dictadura
(1973-1985). Esto no sólo es importante
para el Uruguay, sino también
pedagógico para toda Sudamérica,
especialmente para el Cono Sur y
Brasil. Si queremos vivir en una
democracia consolidada, es fundamental
examinar lo que ocurrió en nuestros
países durante los “años de plomo”.
Debemos exigirles responsabilidad a los
autores directos e indirectos de los
crímenes contra los derechos humanos, a
quienes ejecutaron las acciones y a
quienes tenían el mando cuando
ocurrieron esos hechos. Por eso, este es
un momento único, extraordinario en la
historia uruguaya, y también una
situación, como dije, muy pedagógica. Si
hace un año, alguien me hubiese
preguntado si me parecía posible que en
Uruguay pasaran estas cosas,
habría contestado que no. Pero en un
período muy corto se produjeron cambios
profundos que las hicieron posible.
-¿Cuáles fueron esos cambios?
-Siempre digo que el último Poder del Estado en
redemocratizarse es el Judicial. Es ese
Poder el que está tomando estas
decisiones en Uruguay, y esto en
un país donde todo el mundo se conoce,
lo que siempre es más problemático. Es
una victoria del pueblo uruguayo y de la
democracia, porque se empiezan a afirmar
sus principios esenciales.
-Se podría pensar que hasta ahora la
justicia estuvo coartada por una
interpretación restrictiva que hicieron
los Presidentes anteriores de la Ley de
Caducidad que, justamente, otorga al
primer mandatario la facultad de decidir
qué se puede investigar y qué no.
-Puede ser, pero creo que, si hubiese querido, la justicia
podría haber avanzado más. Y me refiero
al pasado reciente, porque hay que
recordar que durante el primer año de
este gobierno, con una interpretación
abierta de la Ley de Caducidad como
ahora, la justicia archivó una gran
cantidad de casos, como por ejemplo el
del asesinato y desaparición de María
Claudia García de Gelman, la nuera
del poeta argentino Juan Gelman.
Quiere decir que había una combinación
de factores: un Ejecutivo que no quería
y una justicia que se acomodó a esa
situación. Por otra parte, hubo también
un notorio cambio en la actitud de la
Fiscalía. El Poder Judicial se mueve por
provocación de los fiscales, y sin eso
no pasa nada. La posición del Ministerio
Público fue durante mucho tiempo por lo
menos cuestionable, mientras que ahora
cumple realmente con su tarea, en nombre
de la sociedad. Pienso que los uruguayos
pueden estar felices de que en este
nuevo tiempo se esté haciendo justicia
por lo que ocurrió durante la dictadura.
-En estos días también hubo el
procesamiento de varios represores en
Argentina.*
-Es la primera condena después de que la Suprema Corte de
Justicia argentina declaró ilegales las
leyes de Punto Final y de Obediencia
Debida. Se trata de un juicio por hechos
bastante recientes porque datan de 1980,
lo que le otorga una importancia
suplementaria. Además, se condena a un
general que fue un comandante del
Ejército y, una vez más, a Julio
Simón, conocido como el “Turco
Julián”, que es un verdadero
monstruo, un personaje extremadamente
peligroso que actuó mucho en la frontera
brasileño-argentina. Con mis compañeros
del MJDH, inclusive, lo estuvimos
buscando en una época en la que él
estaba prófugo de la justicia argentina
y se había ocultado en la ciudad
fronteriza de Uruguayana.
-¿Por qué dices que es un monstruo?
-La crueldad de este hombre no tiene parangón. Llegó hasta a
torturar y desaparecer a personas con
capacidades diferentes. Recuerdo
particularmente el caso de una señora
cuyo nombre no tengo ahora presente, a
la que detuvo en la estación de trenes
estando ella en silla de ruedas. Se supo
después que el “Turco Julián” la
secuestró, la torturó, la violó y la
hizo desaparecer, y hay otros dos o tres
casos del mismo tenor en los que
participó este personaje siniestro. Por
si esto fuese poco, había formado una
patota, una banda, que además de cometer
todos estos crímenes robaba a las
víctimas.
-Tu testificaste en Buenos Aires durante
el juicio contra él, ¿no es así?
-Sí. Fue algo muy impresionante, porque la estrategia de
defensa de esta gente incluyó citar como
testigos a militantes y activistas de
los derechos humanos, y hasta a
familiares de sus propias víctimas.
Quiere decir que yo fui testigo por la
parte del reo, no de la acusación.
Lorenzo Ismael Viñas fue una de las
víctimas de la banda del “Turco
Julián”; era un joven estudiante de
medicina, hijo del conocido escritor
argentino David Viñas. Cruzó la
frontera en Uruguayana hacia
Brasil y desapareció. Su compañera
de entonces, Claudia Allegrini,
fue llamada a testificar por la defensa
de los criminales, y como yo actué en
este caso haciendo la denuncia en
Uruguayana y emplazando al gobierno
de Brasil para que asumiera su
responsabilidad, también me llamaron a
declarar. Mi impresión es que ellos
querían desmoralizar a quienes los
denunciamos, pretendían desacreditarnos
ante la justicia. Creo esto porque las
preguntas que me hicieron los abogados
de la defensa apuntaban a demostrar que
no conocía a fondo el tema de las
violaciones a los derechos humanos; por
ejemplo, me pidieron que nombrara otros
seis casos similares a éste, cosa que
hice relatando casos en los que
intervine, que fueron reconocidos por el
gobierno brasileño ya que indemnizó a
los familiares de las víctimas de la
coordinación entre los represores de
ambos países. Querían encontrar fallas
en nosotros para poder acusarnos de
mentirosos.
-¿Quiere decir que 2007 termina teniendo
un balance positivo en este tema?
-Bastante positivo, con un avance importantísimo. Y reitero,
tanto en Uruguay como en
Argentina, con ejemplos muy
pedagógicos, especialmente para
nosotros, los brasileños, porque en
nuestro país ni el militar de más bajo
rango fue siquiera molestado por la
justicia en relación con las violaciones
a los derechos humanos. Este año los
familiares de una víctima de estos
hechos introdujo en la justicia lo que
se llama una “acción declaratoria” cuyo
efecto es reclamar que el coronel
Carlos Alberto Brilhante Ustra
-quien fue agregado militar en la
embajada brasileña en Montevideo-
fuese declarado “torturador”; sólo eso,
no se pedía prisión ni indemnización,
sólo la declaración. Lo que pasó fue que
este coronel escribió rápidamente un
libro para decir que sigue siendo
“víctima de los terroristas” y realizó
una gira por todas las capitales de
Brasil presentando el libro,
reuniendo a militares retirados, pero
muy influyentes. En Rio de Janeiro
lo acompañaron cerca de 400 oficiales,
en São Paulo igual. O sea que
esta mera solicitud de acción
declaratoria provocó una impresionante
contraofensiva. Por eso digo que lo que
está ocurriendo en los países vecinos es
muy didáctico, porque Brasil está
muy mal en este tema.
